Este lunes 15 de noviembre vence el plazo que se ha dado el Ministerio de Inclusión de José Luis Escrivá para cerrar la reforma de las pensiones, en concreto del Factor de Equidad Intergeneracional, la medida fundamental que falta por acordar, además de algunos flecos, con el fin de que pueda estar aprobada el 31 de diciembre, como se ha comprometido con Bruselas. La primera parte de la reforma de las pensiones está mucho más avanzada que la reforma laboral, para la que el Ministerio de Trabajo también se había dado este plazo, pero que en estos momentos está muy poco madura y lejos de que un texto, aunque sea sin acuerdo de los agentes sociales, llegue al Consejo de Ministros.
En este escenario, la fórmula que pretende seguir el Ministerio que lidera José Luis Escrivá es la presentación 'in extremis' de una enmienda a través del Grupo Socialista, lo que se denomina 'in voce', con el citado Factor de Equidad. La enmienda también podría introducirse en el Senado, pero de momento se perfila que sea con esta fórmula de urgencia en el último minuto en el Congreso, según trasladan fuentes conocedoras.
La propuesta se presentó el 2 de noviembre y supone un alza de cotizaciones sociales de 0,6 puntos (inicialmente, 0,5) durante una década, en la que las empresas cargarían con 0,4 puntos y los trabajadores, con 0,2, con el fin de preservar las pensiones de los 'baby boomers'. Los sindicatos tienen peros, pero la patronal ha sido especialmente crítica. Por la carga que les supone, que se suma a otras muchas alzas. Y con el fondo y con la forma. Su presidente, Antonio Garamendi, ha criticado que el Gobierno les presentara una hoja con escasos detalles mientras a algunos medios se les filtraba un informe completo con gráficos y simulaciones. Además de criticar el método de negociación de Escrivá de ir aprobando partes sin dar a conocer otras, como ésta, que se presentan en el último minuto y que desvirtúan el cuadro completo.
Sin embargo, desde Inclusión son optimistas y creen que se puede llegar a un acuerdo, su Plan A. Si no fuera así, lo que contraviene las exigencias de la Comisión Europea, el Ministerio tendrá que presentar su propuesta en el Congreso sin el aval de los agentes sociales con el fin de que la reforma pueda aprobarse a tiempo.
Empezará entonces el 'tour de force' de la negociación en la Cámara Baja, que se prevé complicado. De entrada, los grupos han presentado un total de 107 enmiendas, entre las que llamaron la atención las dos que registró Podemos, que finalmente retiró para abordarlas "a nivel interno en el Gobierno" y para "respetar el diálogo social".
La primera de las enmiendas de los morados pedía el destope de la cotización para que los salarios más altos aporten más, y la segunda, despenalizar la jubilación anticipada de los trabajadores con carreras de cotización de más de 40 años. Este último asunto también ha sido enmendado por ERC, además de Coalición Canaria, Más Madrid, Bildu, BNG, CUP y Compromís. PDeCat también propone mejorar el tratamiento de las jubilaciones anticipadas en largas carreras de cotización. Por su parte, PP y Ciudadanos, también han presentado enmienda sobre las largas carreras de cotización, asunto que instan a que se propongan soluciones en el seno del Pacto de Toledo en un plazo máximo de tres meses.
Fuentes conocedoras del clima de la Comisión ven difícil el acuerdo y alertan de la posición crítica de ERC. Pero no descartan que en el último momento opte por abstenerse en la votación, en la que ya apuntan al cambio de tercio del Grupo de Podemos, que no ha criticado de forma contundente el Factor de Equidad Intergeneracional.
A la espera de ver qué tiene que decir la Comisión Europea al respecto, dado que el Factor de Sostenibilidad que introdujo el PP en 2013 que ahora se deroga, y que no ha llegado a aplicarse, preveía ahorrar cerca del 1,2% del PIB, y la fórmula ideada por Escrivá tan sólo prevé un 0,4%.
