El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha propuesto este lunes destopar base y la pensión máxima "equivalentemente" en un plazo "gradual y suave" de unos 30 años junto con la sobrecotización introducida por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La medida, reclamada por Unidas Podemos, contribuiría según el ministro a a "rellenar" de ingresos el sistema de pensiones en las décadas de 2030 y 2040; es decir, las más tensionadas por el gasto que supondrán las jubilaciones de los 'baby boomers'. Este anuncio se ha producido cuando el propio Escrivá desveló la semana pasada que la Comisión Europea ve insuficiente el MEI para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Los morados aseguraron en junio que el ministro se había comprometido a destopar a cambio de su voto a la ley de planes de empleo. Escrivá negó más tarde el compromiso y dijo que se negociaría dentro de la reforma comprometida en el Plan de Recuperación.
A la espera de que el ministro dé más detalles, se perfila una subida acusada indexando las bases máximas al IPC e incluso un destope por las bravas. El incremento de la pensión que ha esgrimido como compensación es que el debe darse en todo caso y que se producirá de forma gradual en el tiempo.
Durante su intervención en un acto organizado por la Fundación Seres, Escrivá ha recordado que el destope de la base máxima y de la pensión máxima es una de las medidas que se quiere pactar con los agentes sociales como parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y de los compromisos asumidos por Bruselas en el marco del Plan de Recuperación.
El ministro ha insistido en que la pensión máxima en España es "relativamente baja" en el sistema contributivo, pues está en torno a los 40.000 euros anuales.
"Destopar la base máxima y la pensión máxima a la vez, equivalentemente, y haciéndolo de forma gradual y muy suave para que no tenga un efecto significativo sobre el coste laboral de las empresas, se puede hacer en 30 años, tiene la virtualidad de que rellena los ingresos las décadas de los 30 y los 40 (...), aunque desde el punto de vista del sistema, a muy largo plazo, es neutral porque recaudas antes y después pagas pensiones más grandes", ha explicado.
El ministro ha señalado que el gasto en pensiones ronda el 12% del PIB, algo por debajo de la media europea, y ha asegurado que mantenerse en esos niveles es "asumible".
"Con todo este conjunto de medidas queremos estabilizar más o menos ese gasto. Habrá que ir reajustándolo en el tiempo, en los próximos años y décadas. Nuestro punto de partida es manejable, pero hay que hacer las medidas ahora, con visión a medio plazo, y hacerlo de manera gradual para ajustarlas progresivamente", ha defendido.
Escrivá ha explicado que las tensiones en el gasto previstas para las décadas de 2030 y 2040 se debe a la jubilación de una generación "muy ancha", la de los 'baby boomers', a la que sigue una generación "más estrecha". Sin embargo, esta tensión en el gasto del sistema de pensiones desaparece a partir de 2048 porque la generación de los hijos de los 'baby boomers' ya es de un "tamaño similar".
Así, para afrontar estas tensiones en los gastos, se ha adoptado el MEI, que establece una sobrecotización del 0,6% hasta 2032 y que no supone "un cambio significativo en los costes laborales de las empresas, pero sí genera un ahorro significativo" para la Seguridad Social. Y junto a ello, ahora se busca pactar con los agentes sociales el destope progresivo de la base y la pensión máxima.
Jubilación flexible y parcial
El ministro ha repasado algunas de las medidas que se aprobaron en el primer bloque de la reforma de las pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema, como la mejora del sistema de desincentivos a la jubilación anticipada y el diseño de mejores incentivos para que las personas demoren su jubilación.
"Todavía tenemos que trabajar un poco más en mecanismos de jubilación flexible y de jubilación a tiempo parcial, que todavía hay margen de mejora en el sistema, pero decidimos empezar por la jubilación demorada, que es la más general, y luego ir trabajando en otras categorías", ha precisado.
El ministro, que ha instado a las empresas a aprovechar el talento de sus trabajadores 'senior', ha recordado que los principales riesgos de sostenibilidad del sistema tienen un componente estructural (el aumento de la esperanza de vida) y otro temporal (el mayor gasto derivado de las jubilaciones de los 'baby boomers').
En el primer caso, el problema se aborda aproximando la edad efectiva de jubilación a la edad legal, que será de 67 años en 2027, razón por la cual muchas de las medidas contenidas en la reforma de pensiones van dirigidas a esa objetivo.
Las últimas dos medidas adoptadas como parte de esta reforma son la introducción de un nuevo sistema de cotización para los autónomos y la ley de planes de pensiones de empleo, cuyo reglamento de desarrollo, actualmente en el Consejo de Estado, se aprobará en el Consejo de Ministros "en las próximas semanas", según ha avanzado Escrivá.
Nuevos impuestos
En otro orden de cosas, el ministro ha querido lanzar un mensaje a las empresas, sobre todo a las que se están beneficiando de la situación económica actual, en alusión a las compañías energéticas y a las entidades financieras, a las que el Gobierno va a aplicar un impuesto extraordinario.
"El mundo empresarial tiene que entender que desde el ámbito público debemos transmitir certidumbres a la mayor parte de la sociedad (...) Tenemos que entender, entre todos, que lo que tenemos que hacer es proteger a quienes más se han visto afectados por el coste de la energía y la inflación y eso requiere políticas redistributivas. Tienen que entender que tenemos que reajustar los recursos para que los que tienen menos renta tengan un plus de protección", ha insistido.
En este sentido, ha subrayado que los pensionistas, que ya tienen garantizado su poder adquisitivo gracias a la reforma de pensiones, también tienen que afrontar un sobrecoste por la inflación y la energía y requieren de una "protección especial".
"Me cuesta entender por eso el debate de si los pensionistas deben tener garantizado su poder adquisitivo", ha declarado Escrivá, que ha añadido que esto no se debate en otros países europeos, donde también es la norma la protección del poder adquisitivo de los pensionistas.
