El Gobierno propone extender el periodo de cómputo de la pensión de 25 a 30 años y la elección de los mejores 28 años, con lo que se descartan las peores 24 mensualidades, un cambio que se realizaría de manera progresiva, en principio hasta 2038, según ha trasladado el Ministerio de Inclusión sobre la primera mesa de negociación de la reforma de las pensiones que se reúne de manera formal desde el 12 de septiembre.
También se incluye la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres y para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. Asimismo, se crea un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.
Esta reforma se acompaña de una subida de las bases máximas para la que se propone vincular la evolución de la base máxima al criterio de revalorización de las pensiones, el IPC, así como un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, un aumento que irá acompañado de un incremento de la pensión máxima.
"Hay que recordar que este planteamiento es un punto de partida, abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social, que se reunirá en los próximos días", ha trasladado el Ministerio de Inclusión sobre una propuesta a la que se han opuesto sindicatos, patronal y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ve injusta la ampliación del cómputo.
CCOO la ve "insuficiente, lamenta su tardanza y reclama medidas en mejora de ingresos, reducción de la brecha de género y pensiones mínimas". Esto en lo que respecta al la subida de bases máximas.
En relación a la actuación sobre el periodo de cálculo, CCOO advierte de que "ésta no es una medida recogida en esta ocasión en las Recomendaciones del Pacto de Toledo, aunque sabemos que ha sido incluida por el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación. No es, en nuestra opinión, una medida necesaria en este momento, cuando acabamos de culminar el desarrollo de la extensión anterior, ni tenemos la certeza de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria, lo que constituye una condición necesaria para cualquier nuevo debate al respecto".
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado en RNE que el ministro "se equivoca de nuevo" pues a su juicio el de la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones "es un debate que no es necesario abordar hoy".
Rechazo de CEOE
No ha habido concreción. Es la crítica que venían planteando los sindicatos al Gobierno. Que una cuestión espinosa para UGT y CCOO, además de Podemos, el aumento de los años del cálculo, se negocie con otra de su agrado, la de las bases de negociación, llevaba a anticipar que la estrategia del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, va a ser tratar de compensar con ésta el rechazo a la primera, lo que este lunes se ha empezado a concretar.
A la tibieza de CCOO se ha añadido el rechazo de CEOE. "Hemos recibido por fin una propuesta en firme para la segunda fase de la reforma de pensiones, que estudiaremos pero que de entrada no vemos que pueda dar lugar a acuerdo. Además, llega tan tarde que no se entiende bien el papel de los agentes sociales si se quiere aprobar en los plazos previstos y sin que haya un acuerdo político", trasladan fuentes de la patronal.
El MEI
A esto se suma que Escrivá prepara una subida de cotizaciones sociales de cerca de 70.000 millones, de la que el 80% recae sobre las empresas, que se suma a la de 30.000 millones que entra en vigor este enero, según ha informado este lunes Vozpópuli. Es la propuesta que negociaba hasta ahora con los sindicatos a espaldas de CEOE para zanjar el cuestionamiento de la Comisión Europea a la sostenibilidad de la reforma de las pensiones y acompañar los dos flecos pendientes que se han discutido este lunes: la subida de bases máximas, que reportará en principio cuantías mucho más modestas, y del periodo de cómputo. Las tres cuestiones se incluirán en un Real Decreto-ley que debe estar aprobado antes del 31 de diciembre.
Se trata de convertir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la subida de tipos de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales desde enero que pretende hacer sostenible la vinculación de las pensiones con el IPC, en 'automático', en lugar de semiautomático, lo que exige Bruselas. Es la crítica "técnica", según el ministro de Inclusión, que plantea la Comisión, una pega al mecanismo que ha ideado Escrivá que no le pone al que aprobó el PP y que ha derogado el Gobierno de Pedro Sánchez, el Factor de Sostenibilidad.
La fórmula que contempla el Ministerio es extender el MEI de 2032 a 2050 sin de momento elevar la subida de 0,6 puntos. El MEI consiste en una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos desde enero de 2023 hasta 2032, que será una cotización adicional finalista para alimentar al fondo de reserva. En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre de 2021, cuando la cerró, teniendo en cuenta la rentabilidad histórica del Fondo de Reserva. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó en enero el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas. Poco más que el gasto extra en 2023 por indexar al IPC en 2022 si se le añade la consolidación de la paguilla de 2022.
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