El Reino de España tiene 21 condenas internacionales por el recorte del Gobierno de Mariano Rajoy a las primas de las renovables que puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero. Una batalla contra estos 21 ‘enemigos’, entre fondos de inversión y energéticas, en las que el Ejecutivo actual tiene una estrategia clara: no pagar ni un euro.
Estos afectados, pese a que el Gobierno esté en funciones, quieren cobrar sí o sí los cerca de 1.200 millones que tienen reconocidos por tribunales como el Ciadi, el organismo arbitral del Banco Mundial. Ante la inmovilidad de España, el plan de los representantes legales de estos afectados sigue siendo el embargo de activos de España en países como Australia, Estados Unidos o Reino Unido.
Como informaba este medio, estas firmas internacionales manejan una lista de 2.000 activos que tiene el Reino de España localizados en extranjero por un valor cercano a los 3.000 millones de euros. Las sedes del Instituto Cervantes y de l'Agència per a la Competitivitat de L'Empresa en Londres, los activos de Navantia en Australia o la deuda pendiente que tiene la aseguradora del Prestige con España tras la tragedia medioambiental de 2002 son alguno de los nombres que aparecen en esta larga lista.
Entre los afectados destaca RREEF, un fondo de inversión alternativa vinculado a Deutsche Bank, o el ‘caso Antin’ que pasó a manos del fondo Centerbridge tras venderlo el propio afectado. Centerbridge, a su vez, ha sindicado los derechos del pleito entre más fondos especializados en este tipo de litigios, como Burford Capital.
También aparece en esta lista el caso de Nextera, uno de los principales fondos de inversión de infraestructuras de Estados Unidos que tiene la causa más costosa para España, 290 millones de euros, o la filial energética de Toyota, Eurus Energy. Todos los procesos con causa perdida para España aparecen en este gráfico, actualizado con datos del 26 de abril.
Gastos derivados de los arbitrajes
El plan de España de no pagar los laudos internacionales añade sobrecostes, en concepto de intereses financieros y de gastos judiciales. Por la vía de los gastos judiciales, España ha desembolsado 71 millones de euros en la contratación de costosos bufetes internacionales de abogados, así como 58 millones por las condenas en costas derivadas de muchos de estos procesos. En total, la cifra asciende a 129 millones de euros.
Por otro lado, la demora en el pago de las 21 indemnizaciones que obligan a España a resarcir a los afectados con una serie de indemnizaciones que suman 1.161 millones ha generado ya unas obligaciones financieras adicionales de 119 millones. En total, este planteamiento ha supuesto un aumento de 248 millones de euros en las obligaciones del Reino de España, un 21% más de lo que habrían pagado en caso de que el gobierno se hubiese limitado a cumplir las resoluciones.
Rebaja del 85% de España
El Gobierno defiende su estrategia. Como destacan fuentes gubernamentales a este medio, los laudos se han rebajado sustancialmente frente a las indemnizaciones reclamadas. Una rebaja que ronda el 85% sobre lo demandado, desde los 10.000 millones que reclamaban en un principio los afectados a las condenas que rondan los 1.200 millones.
Los expertos legales españoles han solicitado la anulación de los laudos que otorgan una indemnización a inversores internacionales provenientes de un estado miembro de la Unión Europea. El Reino de España considera no cabe el arbitraje intra europeo al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, por ser contrario al derecho comunitario.
Su otra defensa es, directamente, que el pago de estos laudos es contrario al derecho europeo. La Abogacía del Estado y los diferentes bufetes contratados comparten que estas indemnizaciones pueden constituir una ayuda de estado “ilegal” e “incompatible con el mercado interior”.
España, cuando recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas. El Gobierno considera de esta manera que no puede pagar antes de que la Comisión Europea se pronuncie, de modo que obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales en tanto que estado miembro de la Unión Europea. Una posición que anima a los fondos y empresas al embargo de activos.
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