El Reino de España fue condenado en 2019 a pagar 291 millones de euros a la energética estadounidense NextEra por el recorte a las primas de las renovables aprobado en 2013. El arbitraje más grande de la multitud de procesos que hay por esta decisión. Los Abogados del Estado y sus respectivos bufetes contratados para la ocasión llevan tres años intentando evitar este pago. El último capítulo les traslada a Holanda.
El 22 de diciembre, España notificó a las filiales de NextEra afectadas por este recorte que había enviado una solicitud urgente ante el Tribunal de Distrito de Ámsterdam en busca de un decreto que los obligaría a suspender el litigio de Estados Unidos. Una decisión que se detalla en la plataforma Law360 y que se recoge en la Corte de Columbia (EEUU).
España pide a este tribunal holandés que imponga una multa de 30.000 euros por cada día que las unidades de NextEra mantengan la presente demanda, que emita una serie de medidas cautelares en todo el mundo que impidan a la empresa estadounidense iniciar cualquier acción para hacer cumplir el laudo y que imponga una multa única de 300 millones de euros de multa o una cantidad equivalente a la cantidad que pide NextEra por este laudo.
El litigio holandés presentado por España se produce, tal y como adelantó Expansión, después de que un comité 'ad hoc' de la corte arbitral del Banco Mundial rechazase anular el laudo que condena a España a indemnizar a NextEra con 291 millones. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte arbitral del Banco Mundial, desestimó en en el pasado mes de marzo la solicitud de anulación presentada por España.
Las filiales de NextEra ganaron su laudo en mayo de 2019 después de que el propio Ciadi determinara que España había vulnerado el Tratado sobre la Carta de la Energía al retirar los incentivos económicos para proyectos de energía renovable. Unos incentivos en España que había seducido a la empresa estadounidense para realizar su inversión en dos plantas fotovoltaicas de Extremadura. .
NextEra invirtió en 2007 cerca de 750 millones de euros en estos proyectos para capitalizar las tarifas garantizadas del país. Pero, después de que España cambiara su regulación, la empresa se quedó sin las condiciones favorables que habían el régimen favorable para los inversores, un castigo que las filiales de NextEra decidieron defender a través de arbitraje contra España.
España fuera de la Carta
Este proceso abierto es uno de las causas que se recuerdan cuando España anuncia su intención de abandonar el Tratado de la Carta de la Energía. El acuerdo que protege tanto a las inversiones energéticas en los 53 estados como a los inversores con sede en estos 53 países vive un momento crítico. España, Polonia, Holanda y Francia han anunciado públicamente su intención de abandonarlo. Alemania y Bélgica no tardarán en unirse a este movimiento. Los grupos de interés afectados por esta rebelión también se han movilizado.
Los inversores contactan sus asesores legales para entender cómo afecta esta estampida a la estabilidad de su dinero. Según explicaban a este medio fuentes jurídicas, las grandes carteras y firmas extranjeras tocan la puerta de sus despachos de abogados por las dudas que existen por la estabilidad de sus inversiones en tiempos donde la crisis de Ucrania, la inflación y los cambios regulatorios para abordar el corto plazo ya provoca 'miedo' suficiente.
Antes de entrar en detalle, los expertos en legislación energética tranquilizan a sus clientes con un primer mensaje: la retirada del Tratado entra en vigor un año después de la notificación. A partir de ahí, las nuevas inversiones en el país como los inversores de ese país que se retira no estarán protegidas por este tratado. Sin embargo, las inversiones ya realizadas seguirán disfrutando de la protección durante un período de 20 años en virtud de la denominada "disposición de caducidad" del Tratado de la Carta de la Energía.
El Tratado de la Carta de la Energía, en vigor desde hace 34 años, preocupa a aquellos que han invertido en el despliegue de energía renovables, producción con gas, nucleares e, incluso, nuevas tecnologías como hidrógeno verde porque tienen en este acuerdo un escudo para los cambios de opinión de los diferentes gobiernos. La Carta es una vía que permite a los que arriesgan su dinero acudir a tribunales neutros, como son los de arbitraje, para defender sus derechos ante, por ejemplo, el fin de los incentivos a renovables de España en 2013.
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