El Gobierno se plantea un abanico de recortes de hasta el 3 por ciento del PIB, unos 30.000 millones de euros. Además del ya conocido paquete fiscal con las alzas del IVA y otros impuestos indirectos, el céntimo verde, la tasa a la generación eléctrica y la supresión de la ayuda a la vivienda, el Ejecutivo estudia nuevas medidas que presentar en Bruselas el próximo lunes y martes, con el fin de negociar a cambio una relajación de la meta de déficit para 2012 hasta el 6,9 por ciento del PIB en lugar del 5,3 acordado con la UE.
Los gastos en prestaciones por desempleo, personal público y pensiones siguen aumentando por encima de las previsiones oficiales al tiempo que la recaudación cae por debajo de las estimaciones gubernamentales. La cifra de necesidades de capital de la Administración Pública durante el primer trimestre, unos 14.600 millones, supera la del año pasado, lo que implica que el ajuste no surte efecto. De modo que el sanedrín formado por Rajoy, Sáenz de Santamaría, Nadal, Montoro y Guindos está discutiendo el mayor recorte de la historia.
Luis de Guindos acudirá el lunes 9 por la noche a Bruselas con una carpeta repleta de propuestas de ajuste. Allí permanecerá hasta el martes 10 con la misión de conseguir un alivio en la reducción del déficit y ultimar los detalles del reciente acuerdo europeo. El ministro de Economía negociará con sus colegas europeos el tamaño del tijeretazo, los plazos y las partidas donde se aplicará.
Una de las mayores preocupaciones estriba en un gasto por desempleo desbocado y que sobrepasará los 28.000 millones fijados en los Presupuestos. España es el país que brinda el mayor periodo de protección al parado de Europa y todos los estudios apuntan a que las incorporaciones al mercado de trabajo se concentran en los últimos meses de prestaciones. Así que el Gobierno propondrá que se acorte la duración del subsidio de paro.
La otra partida problemática es la de las pensiones. Por un lado, se adelantará la entrada en vigor del retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años. Por otro, se plantea acabar con la actualización automática de las pensiones según el IPC y, en lugar de esto, introducir criterios que aseguren la sostenibilidad del sistema teniendo en cuenta factores como los ingresos por cotizaciones, el número de beneficiarios o el crecimiento.
El coste del personal público del Estado central continúa al alza un 1,4 por ciento debido a los pactos salariales que alcanzaron Salgado y De la Vega con los funcionarios. A cambio de la moderación salarial, el Ejecutivo socialista prometió que recapitalizaría el Muface, el fondo de pensiones de los empleados públicos. Y precisamente es esta carga de las jubilaciones de los funcionarios la que está impidiendo rebajar el capítulo de personal. El Gobierno baraja por tanto tocar los complementos o, incluso, suprimir una paga extra a los trabajadores públicos. Además, prepara una reforma de la Administración que obligue a las autonomías a adelgazar más, eliminar todos los entes creados y privatizar las teles.
El Gobierno también sopesa un tajo muy importante a las subvenciones de las renovables, pese a la oposición de las constructoras ahora dedicadas a las energías verdes. Por último, Guindos avanzará nuevos copagos, peajes y tasas, así como un plan privatizaciones y uno de venta de edificios públicos.
Una vez haya consensuado con Bruselas qué entra en el macrorrecorte, Guindos se lo trasladará al Ejecutivo y éste lo aprobará en el Consejo de Ministros del viernes 13. Sin embargo, lo más probable es que Mariano Rajoy dé la cara y las anuncie durante su comparecencia en el Parlamento el miércoles 11.
Todo está sobre la mesa, incluso sacrificios todavía mayores. De hecho, aún existe un intenso debate entre Guindos y Montoro sobre qué medidas serían las más idóneas. El Ejecutivo es consciente de que su prioridad principal consiste en rebajar la prima de riesgo, de manera que se restablezca la liquidez. La nueva estrategia se basa en aprovechar el ligero descanso obtenido gracias a la cumbre europea, recuperar la iniciativa, atajar el gasto estructural e impresionar a los mercados de tal forma que se abarate el coste de financiación de toda la economía.
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