Países como España, Francia, Holanda o Polonia lideran estos días un ‘boicot’ masivo al Tratado de la Carta de la Energía, porque es contraria a la hoja de ruta verde de Europa. Este acuerdo de 1988 sirve, entre otras cosas, para proteger a los inversores de los bandazos regulatorios en un sector tan regulado. Un tratado al que recurrió hace seis años la japonesa Eurus Energy, energética integrada dentro del Grupo Toyota, para denunciar que el Reino de España le había cambiado las reglas del juego. Y acaba de conocer su victoria.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dictó el pasado 14 de noviembre que España debe pagar 106,2 millones de euros a Eurus Energy. Esta institución del Banco Mundial, con sede en Washington, considera que la retirada de las primas a las inversiones en energías verdes en 2013, bajo el Gobierno que lideraba Mariano Rajoy, va en contra del Tratado de la Carta de la Energía.
La filial energética de Toyota, que ha estado representada en el proceso por el bufete británico Freshfields Bruckhaus Deringer, revisa la decisión de este laudo desde Tokio y ha preferido no hacer declaraciones ante la consulta de Vozpópuli. Eurus Energy, que tiene 12 proyectos de parques eólicos en Galicia y tres proyectos en Asturias, reclamó en 2016 al CIADI una indemnización de 179,1 millones de euros por parte de España por expropiación indirecta, falta de trato justo y denegación de justicia.
España ha estado defendida en este arbitraje por la Abogacía del Estado. El Ministerio para la Transición Ecológica, encargado en esta legislatura al seguimiento de estos procesos, tampoco ha querido entrar a valorar la resolución de este laudo ante la consulta de este medio. El arbitraje de la empresa japonesa es una de las más de 50 demandas de arbitraje, acogiéndose al Tratado de la Carta de la Energía, que se han presentado por inversores extranjeros en busca de indemnizaciones millonarias.
Los afectados por los cambios regulatorios de 2013 tenían inversiones en este mercado en parte por la retribución que recibirían con el régimen especial. Sin embargo, España cambió las reglas del juego en el sector de las renovables. Como recuerdan desde Global Arbitration Review, el laudo de Eurus Energy se encuentra entre los más grandes que se han emitido contra España por su régimen de energías renovables hasta la fecha, aunque todavía queda eclipsado por los 290 millones de euros otorgados a NextEra Energy de Florida en 2019.
España buscó un pacto
Teresa Ribera lanzó hace tres años una oferta a toda la comunidad inversora en la que establecía que las plantas afectadas por el recorte de 2013 mantendrían intacta su retribución anual del 7,39% hasta 2031 siempre y cuando renunciasen a iniciar acciones legales contra el Estado. Y, en el caso de tener ya algún procedimiento en marcha, retirarlo. También, el Gobierno quiso rebajar ligeramente la tasa de rentabilidad razonable de las renovables (desde el 7,39% hasta el 7,09%) en los próximos seis años.
Pero no hubo éxito en el acuerdo y ahora se anuncia una intención para salir del Tratado. La decisión del Gobierno ahora se interpreta, no solo por los efectos en los inversores de los múltiples 'decretazos’, sino por un posible blindaje ante arbitrajes que puedan llegar por futuras medidas regulatorias.
Teresa Ribera confesaba que su salida se debe al rechazo que da este acuerdo, creado en 1988, a los proyectos de combustibles fósiles que no había traído “ninguna mejora”. El objetivo inicial del Tratado de la Carta de la Energía era proteger las inversiones en infraestructura energética en los países post soviéticos y ofrecer seguridad jurídica para los inversores ante las intervenciones de los gobiernos.
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