España tiene un papel clave en la reforma del mercado eléctrico europeo. Y este debate promete alargarse hasta 2024. El cambio en la forma en la que se produce, distribuye y comercializa la luz en los países miembros ya ha sido aprobado por la Comisión Europea y ahora es el turno del Parlamento Europeo, antes de que llegue a manos de un Consejo Europeo que presidirá España en la mayor parte de su proceso.
Por eso, la voz del equipo de Pedro Sánchez y su ministra en la materia, Teresa Ribera, son clave en este debate. En el parlamento europeo cuentan además con el eurodiputado del PSOE, Nicolás González-Casares. Un representante que es el ponente oficial o ‘rapporteur’, como se denomina en la jerga institucional de Bruselas, en esta propuesta legislativa. Esto quiere decir que el eurodiputado español se encargará de redactar los informes que contengan la posición de todo el Parlamento Europeo.
Y, como informaba Vozpópuli, González-Casares puso encima de la mesa 186 enmiendas a la propuesta de la Comisión Europea. Siete de estas correcciones piden al plan europeo que incluya una cláusula “cada país haga lo que quiera”. Una ruta que, como protestan alguno de los países miembros, amenaza los principios de mercado único porque permiten a los estados miembros interpretar estas modificaciones según sus necesidades.
La alerta se ha encendido entre las empresas y los expertos europeos. La idea de intentar adaptar el famoso mercado marginalista de la luz, donde la última tecnología en satisfacer la demanda marca el precio, amenaza con generar un malestar entre los que venden y compran electricidad. Los expertos consultados consideran que una reforma estructural de un mercado fundamental para el futuro de Europa debe evitar medidas intervencionistas adaptadas durante la crisis, como las que propone el eurodiputado.
“Supondría regresar a mercados intervenidos y nacionalizados, con las ineficiencias y los costes adicionales que presentan, haciendo retroceder a la Unión Europea en su proceso de integración”, afirmaba este viernes Jaime Almenar, socio de Derecho Público de Clifford Chance, en una jornada titulada 'El futuro del mercado de la electricidad en Europa' organizada por la Universidad de Salamanca.
Un mercado a la carta
Una de las enmiendas de Nicolás González-Casares aborda los precios máximos al que pueden vender su producción para algunas tecnologías. El eurodiputado, al igual que la propuesta que envío el Gobierno, defiende una limitación temporal de los ingresos de mercado de los generadores inframarginales, donde destacan la nuclear y la hidráulica. La idea es que cuando estas tecnologías superen el precio marcado, la diferencia se destine al sistema para paliar un nuevo shock de precios.
La Comisión Europea propone 180 euros megavatio hora a estas tecnologías y España defiende que hay que ser más estrictos, con límites similares a los 67 euros. Como considera que esta ambición no se comparte por otros países miembros, el ponente del PSOE pide en su enmienda que los estados miembros puedan "mantener o introducir medidas que limiten aún más los ingresos de mercado de los productores, siempre que dichas medidas sean proporcionadas y no discriminatorias, no pongan en peligro las señales de inversión, garanticen la cobertura de los costes de inversión, no distorsionen el funcionamiento de los mercados mayoristas de la electricidad".
Es decir, que cada país aplique su límite dentro de unos límites. Otra vía independiente son los contratos por diferencias para que el Gobierno tenga una parte protagonista en el precio acordado entre el comprador y el vendedor de energía. "No obstante, cuando así lo decidan los estados miembros, se podrán establecer contratos voluntarios de diferencias en dos sentidos para las instalaciones existentes de generación de electricidad a partir de fuentes renovables", propone una de sus múltiples enmiendas.
Contratos a largo plazo
Las propuestas del eurodiputado español apuntan a la obligación a los estados de facilitar los PPA (los contratos a largo plazo) y eliminar barreras, pero no habla de las medidas. "Los estados pueden establecer un sistema de garantías a precios de mercado, así como identificar que categorías de consumidores se beneficiarían de estos instrumentos", indica una de sus propuestas de cambio a la propuesta de la Comisión.
Los compradores y vendedores de energía ponen la alerta sobre esto. Para asociaciones como Euroelectric, que representa a las grandes empresas europeas del sector, es fundamental que se fomente el desarrollo de los contratos a largo plazo con los consumidores (PPA) para dar estabilidad a los precios y garantía de suministro a precios razonables, así como los contratos por diferencia en Europa como mecanismos para impulsar la producción de energía renovable y los contratos de energía renovable a largo plazo.
España es líder en PPA y es una medida muy interesante que es preciso reforzar. Están cumpliendo su función y hay que apostar por ellosMiguel Odriozola (Clifford Chance)
Estas herramientas son imprescindibles para complementar el mercado a corto plazo y que han probado su eficacia para acelerar y expandir los contratos a largo plazo, asegurando la evolución y el desarrollo del mercado interior de la energía. En este sentido, en España se firmaron en 2022 el 40% de los PPA renovables de toda la Unión Europea.
“España es líder en PPA y es una medida muy interesante que es preciso reforzar. Están cumpliendo su función y hay que apostar por ellos”, ha afirmado Miguel Odriozola, socio de Competencia y Derecho de la Unión Europea de Clifford Chance, en el mismo evento de la Universidad de Salamanca.
Precios regulados
Su apuesta también habla de precios regulados por debajo de coste en caso de crisis que quedaría a discreción de los países. Por último, una de estas siete enmiendas que abre la puerta a cada estado a optar por su propio camino es lograr un mecanismo de apoyo, almacenamiento y gestión de la demanda, que otorgue precios regulados por debajo de coste en caso de crisis.
“No debemos olvidar que la fortaleza fundamental europea es su mercado interior con el que nos hemos regido en las últimas décadas", afirmaba Rafael Gómez Elvira, presidente de EU Nemo Comittee. "De esta manera Europa ha podido en todo este tiempo garantizar un mercado competitivo con acceso justo al mercado, un alto nivel de protección al consumidor, unos niveles adecuados de interconexiones y de capacidad de generación y un nivel de precios estable y competitivo”, concluía este viernes en el mismo evento.
Una alerta sobre las primeras reivindicaciones de un debate de la reforma del mercado eléctrico en la Eurocámara que acaba de empezar. Nicolás González-Casares debe reunir ahora todas las sensibilidades del Parlamento y pactarlas con el Consejo. Una tarea burocrática que seguirá ofreciendo titulares.
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