Nuevo frente legal para el Reino de España a cuenta de los recortes a las energías renovables. Demeter y Cube, fondos de origen luxemburgués y francés, han acudido a los tribunales de Estados Unidos para ejecutar el laudo de 33,7 millones que condena a España a por el recorte a las primas de las renovables, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli. España ya pelea desde hace semanas en estos mismos tribunales con la eléctrica norteamericana NextEra por un laudo de 290,6 millones.
En concreto, fue el pasado 23 de junio cuando los fondos presentaron una demanda para solicitar la ejecución del laudo y piden que a los casi 34 millones se sumen los gastos derivados del proceso y sus intereses. Cabe recordar que esta cifra es notablemente inferior a los cerca de 75 millones que llegaron a reclamar los fondos.
El caso de Demeter y Cube fue el primero en el que España fue condenada por bajar la retribución de activos hidroeléctricos. Hasta entonces, todos los arbitrajes se habían centrado en recortes a los activos de energía eólica y fotovoltaica.
Cube reclamaba 11,14 millones por el impacto de la reforma energética sobre sus tres plantas fotovoltaicas en Écija, Puente Génave (Andalucía) y San Martín de Pusa (Castilla-La Mancha) que compró en 2008 y 49,83 millones por el impacto en sus inversiones hidroeléctricas. Demeter exigía 13,11 millones. Ambos fondos habían comprado 16 plantas hidroeléctricas entre 2011 y 2012. En total, una factura de casi 75 millones que el Estado logró reducir tras el arbitraje.
Cinco años de litigio
La solicitud de arbitraje contra España fue presentada en junio de 2015 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y el laudo arbitral fue dictado cuatro años después, el 15 de julio de 2019. Cuatro meses después, España solicitó la anulación del laudo y el tribunal acordó suspender temporalmente la ejecución.
El Estado logró alargar esta situación hasta el pasado mes de abril, cuando el tribunal ‘ad hoc’ de anulación de la corte del Banco Mundial levantó la suspensión al tiempo que criticó de forma sutil la resistencia de España a cumplir de forma voluntaria con la oleada de laudos condenatorios que ha recibido por las renovables. España, como ha ocurrido en otros arbitrajes del ramo, siempre ha defendido que el cumplimiento de estos laudos es contrario a la normativa comunitaria.
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