RWE demandó en 2014 al Reino de España por la retirada retroactiva del Gobierno de Mariano Rajoy de los incentivos a las energías renovables que puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero. La empresa logró una victoria legal en 2020 con una indemnización de 28 millones. El Gobierno español decidió no pagar, RWE recurrió a la justicia de Estados Unidos y España trató de impedir en Alemania este intento. Algo que no ha funcionado.
Una sentencia publicada por la Corte de Essen, con fecha del pasado 12 de abril, tumba este intento de la Abogacía del Estado y su bufete externo contratado para su defensa, que en este caso es Simmons & Simmons. La justicia alemana impone al Reino de España el pago de las costas del proceso y reitera que la energética RWE está en su derecho de acudir a los tribunales estadounidenses para registrar el laudo.
El Gobierno español reclamó, según explica la sentencia, una multa de más de 250.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los abogados de RWE que prosiguieron el intento de registrar el laudo ante la magistratura estadounidense. Los abogados españoles consideraban que la decisión de RWE de registrar el laudo ante la justicia de otros países firmantes del Tratado de la Carta de la Energía, en este caso Estados Unidos, iba en contra de la legalidad internacional.
Este tipo de procedimiento puede resultar en la activación de medidas extraordinarias orientadas a resarcir a las empresas afectadas por estos impagos. Un ejemplo de tales mecanismos sería el embargo de bienes y activos de España, procedimiento que ya han autorizado los tribunales supremos de Australia y Reino Unido.
10 años de caso
RWE, una de las empresas más grandes del sector en Europa, fue uno de los mucho que desarrolló instalaciones de energía verde en España ante la aprobación de las primas renovables, incluidas cuatro plantas hidroeléctricas y dieciséis parques eólicos. La retirada retroactiva de estos incentivos hizo que RWE denunciase a España en 2014, invocando el artículo 10 del Tratado de la Carta de la Energía, que obliga a los países firmantes a respetar las condiciones básicas de seguridad jurídica para estas inversiones.
El arbitraje del proceso se desarrolla en el CIADI, tribunal competente del Banco Mundial, y culmina con una decisión publicada en 2020 con una condena España de 28 millones de euros en favor de la compañía germana.
El Gobierno de Pedro Sánchez y que ahora lidera el Ministerio de Félix Bolaños se ha negado a cumplir sus obligaciones y, de hecho, intentó anular el laudo a través de un proceso que llegó a su fin hace escasas semanas, mediante una decisión que reafirmó la plena validez del arbitraje y reiteró la obligación de indemnizar a RWE con 28 millones.
Además, España debe pagar también los intereses de demora, que se incrementan a una tasa anual del 2%, así como la condena en costas y parte de los costes del arbitraje.
Otros embargos de activos de España
Junto a este, el Reino de España acumula más de 25 procedimientos internacionales por la retirada retroactiva de las primas renovables y debe cerca de 1.800 millones a las empresas afectadas, en concepto de indemnizaciones, intereses de demora y condenas en costas.
La justicia británica ya ha incautado cautelarmente la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorada en más de 900 millones, así como las sedes londinenses del Instituto Cervantes y de la agencia de promoción económica de la Generalitat de Cataluña. s
También se han intervenido cuatro cuentas de banco y el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas. La Corte Suprema de Australia también ha fallado a favor de las empresas afectadas y ha abierto la puerta al embargo de bienes soberanos españoles radicados en el país oceánico.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación