Después de conseguir fondos UE con la aprobación por parte de Bruselas de varias reformas conflictivas -la laboral, la de pensiones y la del subsidio por desempleo-, la reforma fiscal es el siguiente escollo que España afronta en el Plan de Recuperación. El próximo pago de dinero europeo -el quinto- contempla su ejecución.
En esta ocasión el Gobierno la da prácticamente por cerrada, mientras que en la Comisión Europea consideran que faltan medidas. "Podría ser una aprobación parcial" del quinto pago, en el que se esperan 7.000 millones a fondo perdido (y 500 millones en préstamos), comentan fuentes expertas. Alrededor de 800 millones de euros están en juego, según cálculos de las mismas fuentes.
Para sortear una reforma integral, en los últimos meses desde el Ministerio de Economía se ha apelado a la buena marcha de los ingresos tributarios respecto a PIB, vinculada en gran medida a la fuerte inflación de los últimos años y a la no deflactación del IRPF.
El Gobierno también se aferra a algunos cambios fiscales llevados a cabo en los últimos años, con la creación de siete impuestos: las tasas Google y Tobin; los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas; y los impuestos de residuos y al plástico. Sin embargo, la imposición medioambiental en España sigue lejos de los estándares de nuestros vecinos y de lo comprometido en el Plan de Recuperación a cambio de fondos UE.
En dicho documento se reclama la "entrada en vigor de las reformas derivadas de las recomendaciones del Comité de expertos relativas a los distintos elementos del sistema tributario español, con vistas a aproximar la ratio ingresos públicos/PIB de España a la media de la UE". Los académicos entregaron a Hacienda este documento, conocido como Libro Blanco y con cerca de 800 páginas, en marzo de 2022.
Tal y como esperaba Bruselas y apuntó Hacienda en su día, se hacía especial hincapié en la fiscalidad medioambiental, la imposición en Sociedades, la tributación de la economía digitalizada y la fiscalidad en las actividades económicas emergentes, así como la armonización de la tributación patrimonial. Los expertos han advertido de que nada de esto se ha hecho.
Pago parcial de fondos UE
España sufrió un 'embargo' de fondos UE en el cuarto pago por incumplir uno de los compromisos pactados y plasmados en el Plan de Recuperación. En ese caso fue significativamente inferior por la importancia que tenía el hito en cuestión para la Comisión, quien valora especialmente las reformas de envergadura, como la fiscal.
En aquel pago había reformas de calado que examinar, como la de pensiones y la del subsidio por desempleo, y que la Comisión Europea finalmente aprobó. La primera fue cuestionada por numerosos servicios de estudios al "no garantizar la sostenibilidad del sistema público", mientras que la segunda no había logrado aún su convalidación en el Congreso en el momento de la evaluación de Bruselas pese a que el Gobierno pidió una prórroga de dos meses.
En este sentido, pese al embargo de algo más de 100 millones de euros en el cuarto pago a España por el incumplimiento de un hito relacionado con la inversión en digitalización de pymes, la posición de la Comisión Europea ha sido considerada por algunos como "laxa".
En el último informe publicado por Llorente y Cuenca (LLYC) sobre fondos UE ya se apunta que, en el marco del hito 388, "la Comisión ha apremiado al Ejecutivo español a cumplir con los compromisos pendientes de la reforma fiscal". También está aún pendiente el hito 315, la aprobación de la Ley de Servicios Sociales.
En septiembre el Gobierno pretende retomar las negociaciones con Bruselas sobre estos hitos, especialmente sobre el cumplimiento de la reforma fiscal comprometida, para solicitar formalmente el pago de los 7.000 millones de euros en el segundo semestre. Tras éste quedarían cinco pagos más, pues el Gobierno acumula un retraso de un año en el calendario.
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