La reforma del subsidio por desempleo que propone el Ministerio de Trabajo elevará el número de parados que cobran algún tipo de ayuda o prestación en 400.000 personas, según cálculos del propio departamento que dirige Yolanda Díaz, lo que llevará la cifra total por encima de los dos millones de beneficiarios.
Actualmente una media de 1,77 millones de personas se benefician de una prestación contributiva o subsidio por desempleo, en función de si han cotizado o no el tiempo suficiente para la primera, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
De estos 1,77 millones de parados, alrededor de 800.000 cobran una prestación contributiva; 717.000, un subsidio por desempleo; 75.000, una renta agraria; 83.000, un subsidio agrario; y otros 100.000, una renta activa de inserción.
Trabajo quiere incluir como potenciales beneficiarios del subsidio por desempleo a los menores de 45 años sin cargas familiares, unas 150.000 personas; así como a los eventuales agrarios de las comunidades autónomas que ahora no están cubiertas (sólo Andalucía y Extremadura lo están), lo que afectaría a unos 250.000 parados.
De incorporarse estos 400.000 desempleados como beneficiarios del sistema, la cifra media se situaría en los 2,17 millones, según los datos del último año. De hecho, de materializarse la reforma tal y como ha planteado la ministra de Trabajo, España tendría cerca de un 40% más parados cobrando ayudas o subsidios que prestaciones contributivas.
En estos momentos la tasa de cobertura de la prestación por desempleo (porcentaje de los parados registrados que cobran alguna prestación) ronda el 60%. Son niveles inferiores a los de Francia o Alemania, entre otros motivos, porque nuestro país tiene más desempleo y una mayor incidencia del paro de larga duración.
Otra cuestión llamativa sobre la que ha alertado el estadístico especializado en análisis del mercado laboral Raül Segarra es que la tasa de cobertura ya no es comparable con los niveles previos a la reforma laboral por los fijos discontinuos. La tasa de cobertura es el porcentaje de parados que cobran una prestación por desempleo.
El Ejecutivo 'vende' ahora que se sitúa en niveles no vistos desde 2011 y se ha incrementado un 23% desde el mínimo que marcó en 2016, pero lo cierto es que el Ministerio de Trabajo estaría sobreestimado esta tasa de cobertura al excluir a los fijos discontinuos del paro registrado (denominador) pero sí tenerlos en cuenta en las prestaciones (numerador).
Choque entre Díaz y Calviño
La reforma del subsidio por desempleo ha sido motivo del último choque entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Desde Trabajo insisten en que este es un asunto de su competencia, que "no va a haber recortes" y que, además está ya negociada con la Comisión Europea.
Según su relato, las continuas fricciones con Economía han ido retrasando esta reforma, preparada desde hace casi un año, cuando desde el Ministerio que dirige Nadia Calviño se apunta a que este desencuentro estaría retrasando la petición el cuarto pago de fondos europeos por no contar con el aval de Bruselas.
Además de ampliar los beneficiarios, Trabajo también quiere que el subsidio, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del IPREM, eleve su cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses (110% del IPREM) y a 540 euros en los seis siguientes (90% del IPREM) para después recuperar el 80% del IPREM (480 euros) hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses.
Este planteamiento choca con el defendido por el Ministerio de Economía, que no sólo propone rebajar la duración del subsidio de 30 a 12 meses, sino también reducir su cuantía progresivamente, hasta una media de 442 euros a lo largo del único año en el que se percibiría, han apuntado las mismas fuentes.
En concreto, Economía plantea que, durante los 12 meses de percepción, los primeros tres se cobre el 100% del IPREM (600 euros actualmente), para después bajar al 80% del IPREM (480 euros mensuales) en el segundo trimestre; al 65% del IPREM en el tercer trimestre (390 euros) y al 50% en el último trimestre (300 euros).
El departamento que lidera Yolanda Díaz niega que las medidas que ellos mismos proponen no sean asumibles para las arcas públicas en un contexto de vuelta a las reglas fiscales, asegurando que hay un superávit de más de 4.000 millones en las políticas activas de empleo.
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