La batalla de los arbitrajes contra España continúa. Tal y como adelantó Vozpópuli, uno de los contendientes en este asunto es el gigante automovilístico japonés, Toyota. Concretamente, su filial Eurus Energy movió ficha en el CIADI, el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial, contra el Reino de España. El tribunal sentenció a su favor reconociendo una indemnización de 106 millones de euros porque España vulneró el Tratado de la Carta de la Energía en inversiones realizadas hace más de una década.
Pero España, una vez más, apuesta por no pagar. El Gobierno, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España (IDAE), organismo perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica, prepara un peritaje económico para la Abogacía del Estado para cuantificar el caso de la filial de Toyota. El interés por parte de la Abogacía del Estado es que los peritos externos vuelvan a ser los de la consultora BDO Auditores.
“Ello se debe a que, al haber intervenido ya en el arbitraje, han aportado informes económicos de quantum en el mismo, han asistido a la Audiencia e intervinieron en la fase de cuantificación de daños, por lo que el referido equipo pericial posee ya un conocimiento detallado del caso”, explica la Abogacía del Estado en la memoria justificativa de este contrato público.
Esta caso arrancó en 2016. Eurus Energy, que tiene 12 proyectos eólicos en Galicia y tres proyectos en Asturias, pedía a España una indemnización de 179,1 millones de euros por expropiación indirecta, falta de trato justo y denegación de justicia. La filial energética de Toyota contrató al bufete británico Freshfields Bruckhaus Deringer en su demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
El 14 de noviembre de 2022, el tribunal del Banco Mundial sentenció que España reconocía el pago de 106,2 millones de euros a Eurus Energy por vulnerar el Tratado de la Carta de la Energía tras la retirada de las primas a las inversiones en energías verdes que aplicó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y anuló en 2013 el Gobierno que lideraba Mariano Rajoy.
Nuevo contrato
La Abogacía del Estado contrató en 2016 a BDO Auditores para realizar un informe económico para anular este laudo. El contrato que venció sin posibilidad de nuevas prórrogas. El trabajo realizado por la consultora incluyó, entre otros, intervenir en la fase de cuantificación de los daños.
“Dado que en el procedimiento de anulación del laudo se invocarán motivos de anulación relacionados con dichos daños se hace necesario que sea el equipo pericial de BDO quienes asistan al Reino de España en tal procedimiento de anulación del laudo”, detallan la Abogacía del Estado.
Los expertos en arbitrajes internacionales del Reino de España verían un malgasto de tiempo y dinero recurrir a otros profesionales en la estrategia de no pagar este laudo. El presupuesto con el que cuentan para este contrato es de 133.100 euros, de los que 10.000 euros son para gastos de viaje y desplazamientos. El contrato cuenta con una duración máxima de cinco años, por lo que la Abogacía del Estado piensa que este asunto se seguirá demorando.
España gasta 70 millones en abogados
El 'caso Eurus Energy' engorda la batalla de España contra los afectados por las medidas de la etapa de Zapatero y la de Rajoy. Los fondos y empresas afectados, como BayWa, Antin o Infracapital, han ganado 22 procedimientos en contra por los que ya no cabe recurso.
El Gobierno de España se ha personado en los mismos con la Abogacía del Estado y abogados externos que han costado ya más de 70 millones de euros para intentar defender su estrategia: "No pagar ni un euro".
Estos fondos esperan cobrar, de momento, 1.208 millones de las arcas españolas, aunque esperan que esta deuda aumente en las próximas semanas hasta los 2.000 millones de euros.
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