La inclusión de Arabia Saudí y Panamá en la llamada lista negra de la Unión Europea, esto es, la relación de países que no hacen, a juicio de los 28, los esfuerzos suficientes para combatir prácticas como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, supone un asunto delicado para las grandes empresas españolas, para las que estos países han sido minas de oro en los últimos años en forma de jugosos contratos, especialmente en el sector de infraestructuras. Si el Parlamento Europeo ratifica la medida adoptada por la Comisión, la financiación de futuros contratos con estos países se podría complicar más de la cuenta.
Se trata de la primera vez que Bruselas incluye en el listado, formado por algo más de una veintena de estados, a países en los que las empresas españolas han logrado grandes contratos. La medida no conlleva sanciones ni prohibiciones de ningún tipo pero sí estrecha el cerco sobre aquellos bancos europeos que trabajen con futuros clientes de los estados que aparecen en la relación (entre los que se encuentran Afganistán, Nigeria, Puerto Rico y Yemen). Una circunstancia que añade riesgos para las entidades financieras a la hora de participar en estos procesos.
Arabia Saudí y Panamá han sido los escenarios de los mayores contratos obtenidos por empresas españolas en el exterior en toda su historia. Entre ellos, destaca el de la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina (adjudicada a un consorcio liderado por las compañías públicas Renfe, Adif e Ineco) y la construcción de tres líneas del metro de Riad (cuya adjudicataria lideró FCC) en terreno saudí, ambos por encima de los 6.000 millones de euros; y la ampliación del Canal de Panamá (otorgada al consorcio GUPC, al frente del cual figura Sacyr), por encima de los 3.000 millones de euros.
El último ejemplo de gran contrato para una empresa española se dio a finales de enero, cuando Acciona anunció la adjudicación de la construcción de una de las mayores desaladoras del mundo, Shuqaiq3, por valor de 750 millones de euros. El Gobierno saudí lleva a cabo desde hace tiempo un ambicioso programa de infraestructuras y energía (dentro de su estrategia global Vision 2030) que cuenta con un montante superior a los 200.000 millones de euros. Se incluyen proyectos como la construcción de una megaciudad y un espectacular centro turístico.
El acuerdo con Navantia
Las relaciones empresariales con Arabia Saudí tienen un claro nexo en la figura de Navantia, tras la alianza ratificada a finales del pasado año para la constitución de una sociedad conjunta en la que se enmarca el macropedido de cinco corbetas para la armada saudí. Una operación que convierte a la empresa de astilleros en un socio estratégico del país de Oriente Medio.
En Panamá, las dos primeras líneas del metro de la capital y buena parte de los nuevos viales costeros llevan la firma de grupos españoles de infraestructuras. Próximamente se adjudicará la tercera línea de metro, a la que también aspiran grupos españoles.
La decisión de la Comisión Europea, que debe ser ratificada por el Parlamento comunitario, ha puesto en pie de guerra al Gobierno panameño, sabedor de que esta circunstancia complicará la llegada de contratistas. La principal sospecha que recae sobre el país centroamericano es un notable déficit en su sistema para detectar operaciones de blanqueo de capitales.
De Odebrecht a Kashoggi
Mientras, sobre Arabia Saudí planea la sombra de la financiación del terrorismo, algo que ha sido rotundamente desmentido por el régimen saudí a raíz de su inclusión en la lista negra de la UE. El clima internacional en torno al país de Oriente Medio no era ya el más favorable en los últimos meses tras el asesinato del periodista Jamal Kashoggi, crítico con el régimen local, y las informaciones publicadas por la prensa estadounidense que relaciona el crimen con el príncipe heredero.
Panamá ya sufrió en sus carnes las consecuencias de la caída en desgracia de la constructora brasileña Odebrecht, tras destaparse el escándalo de sus sobornos a diversos mandatarios de varios países de Latinoamérica. Este hecho hizo que las entidades financieras comenzaran a aplicar sus cláusulas anticorrupción para evitar sanciones.
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