El Ministerio de Fomento ultima los trámites para iniciar el rescate a las concesionarias de autopistas en situación de quiebra, algunas de ellas incluso de liquidación. Pero antes de que dé comienzo el proceso, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), que se encargará de gestionar las concesiones hasta que llegue el momento de volver a licitarlas, se encargará de inyectar algo más de 93 millones de euros al Estado por medio de una reducción de capital.
La medida fue aprobada en la última junta general de accionistas de Seittsa, cuyo socio único es el Estado. En ella se acordó reducir el capital de la sociedad, que asciende a 8.385 millones de euros, en 93,3 millones de euros, para proceder a la amortización de las acciones correspondientes y devolver al Estado las aportaciones realizadas en su día.
El capital de Seittsa, creada en 2005 con el objeto de promocionar y desarrollar las infraestructuras del transporte terrestre en todo el territorio nacional, se ha ido incrementando desde entonces a través de sucesivas aportaciones del Estado, articuladas en diferentes convenios y que se llevan a cabo a través de ampliaciones de capital.
Según un informe del Tribunal de Cuentas, sólo entre 2012 y 2014, el capital de Seittsa se amplió en algo más de 1.600 millones de euros.
Sucesivas aportaciones
La sociedad pública llegó a contar con más de 12.000 millones de euros de capital, aunque en los últimos ejercicios la devolución de aportaciones ha sido cuantiosa. Sin ir más lejos, el pasado año, el Estado percibió de Seitssa 2.346 millones de euros en este concepto. Por entonces, aún no se había determinado de qué forma se llevaría a cabo el rescate de las autopistas en quiebra, toda vez que el Gobierno estaba en funciones.
Actualmente, el Ministerio de Fomento acaba de licitar el contrato para la elaboración de las 'due dilligence' de cada una de las concesionarias que pasará a controlar a partir de febrero del próximo año y que posteriormente volverá a licitar.
Hace algo más de cinco años, las concesionarias de las llamadas autopistas de nueva generación comenzaron a desfilar por los juzgados de lo Mercantil para solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores debido al desequilibrio generado por factores como una evolución de los tráficos muy inferior a la prevista en los pliegos, los sobrecostes de las expropiaciones y la crisis económica que se vino encima a finales de la pasada década.
Próxima relicitación
En algunos casos, como el de la concesionaria de la AP-41 (Madrid-Toledo), la primera que solicitó el concurso, se sumó al escenario un cambio de planes por parte del Gobierno, que decidió finalmente no licitar el tramo hasta Córdoba, como estaba previsto en principio.
El programa de relicitación de concesionarias ha levantado cierta expectación, especialmente entre los fondos de infraestructuras, aunque para determinar el éxito de la operación habrá que conocer el diseño definitivo que le confiere el Gobierno, que aún es una incógnita, así como las cantidades económicas del proceso.
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