Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 destinarán 220 millones de euros a luchar contra la violencia de género, lo que supone un incremento de 20 millones. Estos recursos adicionales se destinarán a financiar las actuaciones desarrolladas por los Ayuntamientos.
También se creará nuevas unidades judiciales y se ampliará la plantilla del Ministerio Fiscal, que engloba nuevas plazas para la Administración de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, comprometida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Para la aplicación del principio de igualdad y la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas en situación de vulnerabilidad económica o víctimas de la violencia de género se destinan 49 millones de euros
a financiar el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita.
Con este importe se asume el coste económico de la indemnización a los abogados, procuradores y otros profesionales que intervienen en los procesos judiciales, así como las actuaciones derivadas del asesoramiento y asistencia inmediata a las mujeres víctimas de la violencia de género.
Medidas
En concreto, para alcanzar los objetivos perseguidos en el marco del Pacto de Estado se potenciarán las siguientes líneas de investigación:
- Incrementar de la coordinación y puesta en común de bases de datos con la Secretaría de Estado de Igualdad – Delegación del Gobierno contra la violencia de género y el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.
- Potenciar la formación y concienciación de funcionarios policiales en el tratamiento con colectivos vulnerables, especialmente mujeres y menores.
- Mejorar del desarrollo de los mecanismos electrónicos de protección.
- Mejorar la respuesta en investigación, atención y protección de las víctimas de los delitos de violencia de género mediante un tratamiento integral y especializado.
- Mejorar asimismo los mecanismos de coordinación institucionales, nacionales e internacionales, para avanzar en plena plena comunicación y compartición de información entre las bases de datos de las diferentes Administraciones Públicas (centros penitenciarios, órganos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, centros sanitarios, servicios sociales), persiguiendo "la unidad de acción".
- Promover iniciativas y medidas para un mejor conocimiento del fenómeno de la violencia de género con criterios de I+D+i.
- Revisión continua de las necesidades cambiantes en este ámbito, actualizando los procedimientos y vigilando su cumplimiento.
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