Las pensiones vascas son las más altas de España -1.351,1 euros la media en 2022 por 908,7 en Extremadura, por sus salarios más altos- y son deficitarias en cerca de 4.300 millones, cantidad que se ha duplicado en la última década. El País Vasco es una de las regiones más envejecidas y con menos trabajadores por pensionista. El pacto que ha alcanzado el PNV con el PSOE para que se le transfiera la gestión de la Seguridad Social -a cambio de investir a Pedro Sánchez- creará distorsiones y diferencias entre los pensionistas vascos y el resto, mientras el Estado sufraga el grueso de las pensiones vascas. Y ahondará en una tendencia que ya se viene produciendo: el Gobierno vasco mejora a sus pensionistas. Ahora además pondrá su sello en el servicio.
A todo esto se añade que al traspasarle la gestión de la Seguridad Social, el Estado deberá realizar una nueva transferencia compensatoria al País Vasco, lo que supondrá más recursos, más funcionarios y más poder para Ajuria Enea. Una transferencia que se negociará bilateralmente y que necesita de ajustes técnicos complejos. Todo ello, cuando las pensiones vascas ya se financian con los impuestos de todos los españoles sin que los vascos aporten los suyos.
En lo que no hay consenso entre expertos es si esta medida supone la ruptura de la caja única o no. La mayoría considera que por lo menos es el inicio, pero en un escenario en el que ya se ataca la igualdad entre los pensionistas españoles. No se busca una Seguridad Social vasca independiente porque sería difícilmente asumible y desde luego no la quiere el PNV.
Lo que empieza a ocurrir y se sientan ahora las bases para que vaya asentándose es que las pensiones vascas tengan diferentes criterios y compensaciones, lo que acabará creando diferencias en la unidad de las contributivas en todas las comunidades, frente a la parte asistencial, no contributiva, que sí está transferida a las autonomías.
A la complejidad de la transferencia se ha referido este viernes la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que ha llegado a poner en duda que esté en el acuerdo con el PNV, lo que ya había admitido Andoni Ortuzar y que poco después dejó meridianamente claro Aitor Esteban.
Esto significa, según Montero, que al igual que en acuerdos de pasadas legislaturas suscritos, incluso con el PP, lo que se ha firmado es el desarrollo y el avance del Estatuto. Eso sí, ha advertido de que esa transferencia total de la Seguridad Social será "difícil".
Sin embargo, nunca se había alcanzado un compromiso concreto y éste lo ha sido. Lo que dice el pacto con el PNV es que se va a "culminar el autogobierno presente con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes en el plazo improrrogable de dos años" y ésta es la más señalada.
La diferencia es clara con la anterior negociación del PSOE con el PNV en febrero de 2020. La entonces ministra de Política Territorial Carolina Darias y el portavoz y consejero de Autogobierno del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, acordaron que en lo relativo a estos traspasos "es importante esperar al diálogo, siempre en el marco del Pacto de Toledo. En todo caso, los trabajos para el inicio de los estudios para el examen de materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social se trasladan a junio de 2021".
La transferencia de la Seguridad Social, que el pacto concreta que se hará en un máximo de dos años, se trata de una de las grandes reivindicaciones económicas del PNV, de gran trascendencia simbólica y operativa, y para muchos supone la ruptura de la caja única.
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Así lo creen los Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, que han advertido en un comunicado de que "la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social rompe la solidaridad del sistema y la igualdad de todos los españoles".
Recuerdan que el artículo 149.1.17 de la Constitución otorga la competencia exclusiva al Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social y así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en varias sentencias (12471989 y 195/1996), afirmando que el Estado mantiene las competencias ejecutivas para garantizar "la unidad del sistema y su funcionamiento económico uniforme".
El PNV sostiene que el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi no es la transferencia de la Seguridad Social. Aseguran que no se trata de tener una Seguridad Social propia, autónoma e independiente, sino en lograr los medios económicos, materiales y personales del sistema sin cuestionar la unidad del mismo.
Pero el Gobierno autonómico se ocupará ya de toda la gestión y tendrá control sobre las sanciones, inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas de los trabajadores, la gestión y control de las cotizaciones, la recaudación de cuotas y los procesos de ingreso.
Mejoras en las pensiones vascas
Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, explica, preguntada por Vozpópuli por si realmente esta medida rompe la caja única de la Seguridad Social, que "la unidad de caja se rompe, ya que el País Vasco fijará sus propios criterios y habrá un acceso diferente en una comunidad u otra".
"No será accidente de trabajo en Málaga lo que sí lo será en Bilbao; habrá un falso autónomo en Salamanca que no lo será en Vitoria", pone de ejemplo Ercoreca, que recuerda que ya se abrió una grieta en 2010 y 2011, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero transfirió al País Vasco y Cataluña la Inspección de riesgos laborales, lo que cree que ha llevado a que se disgregue la unidad de acción y la Inspección esté perdiendo eficacia.
Con todo, Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad del País Vasco, destaca que el grueso de las pensiones vascas lo seguirá sufragando el Estado. Zubiri, uno de los mayores expertos en el Cupo Vasco y cuyas aportaciones sobre pensiones son tenidas en cuenta por la Comisión del Pacto de Toledo, advierte de que la renta mínima del País Vasco, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), ya recoge una mejora para los pensionistas vascos, que son mejorados en esta prestación por su condición. Tienen una condición previa, diferente y superior. Este experto ve posible que asumir la gestión de la Seguridad Social estimule nuevas mejoras.
Hay un interés creciente en el PNV por ofrecer compensaciones, paguitas, a sus pensionistas, según observan fuentes conocedoras consultadas por Vozpópuli. A pesar de ser los que disfrutan de las mejores prestaciones, los pensionistas vascos tienen grupos beligerantes que presionan y se manifiestan y llevaron al PNV a arrancar mejoras a Mariano Rajoy en los Presupuestos de 2018.
De hecho, el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, reconoció en enero de 2020 en un desayuno informativo en Madrid que el Gobierno vasco lleva "40 años esperando para gestionar las pensiones". "Lo haríamos bien, seguro. Y además nos serviría para completar otras políticas sociales".
El País Vasco, exento de pagar 2.300 millones
Las leyes de nuevos Concierto vasco y Convenio navarro y del Cupo Vasco para 2022-2026 que se aprobaron el pasado febrero en lectura única, con lo que los grupos no pueden participar ni introducir enmiendas, introducen un Cupo de 1.467 millones en 2022, prácticamente el mismo que el del último quinquenio, fijado en 2017. Sin embargo, se ha producido desde entonces un cambio de trascendencia: las pensiones ya no sólo se financian con cotizaciones a la Seguridad Social. El Estado ha asumido 38.284 millones de gastos impropios de la Seguridad Social vía impuestos.
Esto supondría que el País Vasco debería asumir unos 2.300 millones por el 6,24% que aporta en el Cupo, lo que no se ha incluido. Las pensiones vascas se financian con los impuestos del resto de los españoles sin que los vascos, cuyos impuestos van a las Haciendas Forales, contribuyan.
Los expertos a los que ha consultado Vozpópuli advierten de que con la opacidad del cálculo del Cupo es imposible conocer el detalle de lo que por encima de todo es un acuerdo político. Que se mantengan tanto la cifra como el porcentaje de imputación les parece buena muestra de ello, mientras los gastos del Estado crecen. El peso del País Vasco en el PIB, fijado en el 6,24% en 1981, ha disminuido porque lo ha hecho su población. Pero pesan más los conceptos a los que se aplica el porcentaje, la base, que el porcentaje.
La prevalencia de los convenios vascos
El rechazo de unos y la polémica sobre lo negociado en la transferencia de la Seguridad Social que se desataron el viernes han oscurecido otras cesiones importantes del PSOE al PNV, entre las que destaca una reforma bilateral del Estatuto de los Trabajadores para dotar de prevalencia a los convenios colectivos vascos. Se trata de un asunto de escasa incidencia práctica, pero que se convirtió en un fetiche de nacionalistas vascos y catalanes en la negociación de la reforma laboral. "Recordarán que este fue el escollo que nos impidió votar a favor de la reforma laboral. Lo que entonces fue posible, ahora lo hemos conseguido" ha celebrado Ortuzar.
A esta vieja reivindicación de los nacionalistas se opone CEOE, que cree que atenta contra la unidad de mercado. A la espera de ver qué se dirime este lunes en el Comité Ejecutivo Extraordinario de la patronal que convocó el jueves Antonio Garamendi "ante la grave preocupación existente en el mundo empresarial" por los acuerdos entre el PSOE y Junts, CCOO y UGT han publicado un comunicado sobre las medidas laborales y de Seguridad Social en el pacto entre el PSOE y el PNV.
Las centrales sindicales, que solían ser muy críticas con las transferencias de la Seguridad Social, avalaron el jueves el pacto entre el PSOE y Junts. Respecto al pacto con el PNV, se limitan a decir que las medidas deberían tratarse en la negociación colectiva y en el Pacto de Toledo.
Nada comparable con el aluvión de comunicados muy críticos con los acuerdos del Gobierno que se vienen publicando desde el jueves. Este sábado, a los Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social se han unido la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, la Asociación Profesional del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, la Asociación Profesional de Médicos evaluadores de la Seguridad Social y la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social.
"La articulación de nuestro sistema de Seguridad Social no puede depender ni de coyunturas políticas ni de intereses territoriales o partidistas, por lo que apelamos a la responsabilidad de los distintos agentes políticos y sociales para que se refuerce su gestión exclusiva por el Estado como única forma de garantizar su uniformidad y la igualdad de todos los ciudadanos, propósito con el que las asociaciones firmantes reiteramos nuestro más firme compromiso", plantean las cinco asociaciones de la Seguridad Social.
A esta cesión sobre los convenios se suma que el País Vasco podrá subir la masa salarial de sus funcionarios. "Se podrán consensuar en el seno de las Comisiones Mixtas de Concierto y Convenio las tasas de reposición de la oferta de empleo público de nuevo ingreso a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren absolutamente prioritarios, y los máximos globales al incremento de la masa retributiva de los empleados públicos", recoge el pacto.
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