El pago de intereses por la deuda pública que afronta el Estado se elevará un 25% en los próximos dos años. En la actualidad, España paga en este concepto alrededor del 2,2% del PIB, lo que se traduce en cerca de 27.400 millones de euros. Sin embargo, el Banco de España (BdE) calcula que con las subidas de tipos ya efectuadas y las que se esperan por parte del Banco Central Europeo (BCE), la factura se incrementará hasta el 2,7% del PIB en 2024, elevando los intereses hasta los 33.600 millones, un 25% más que ahora.
Esta cifra supone un coste extra de 6.300 millones respecto a lo que el Estado paga en la actualidad en intereses de la deuda soberana y se aproxima al máximo alcanzado en 2013, tras el rescate financiero, cuando el gasto en intereses se aproximó a los 37.000 millones, un 3,7% del PIB. De esta forma, se deja atrás la etapa de tipos al 0% y política monetaria expansiva que sirvió para disipar esta problemática en los países más vulnerables como España.
En sus últimas previsiones realizadas la semana pasada, el Banco de España proyectó que la deuda de las Administraciones Públicas acabará el año en el 113,3% del PIB, pasando al 110,7% en 2023 y al 109,9% en 2024, mostrándose algo más optimista que el Gobierno, que en el cuadro 'macro' de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 prevé una disminución más lenta, situándose aún en el 112,4% del PIB en 2023 y no bajando del 110% hasta finales de 2025.
70.000 millones de deuda en 2023
El alto déficit del país obligará al Estado a salir al mercado a captar 256.930 millones de euros en 2023, lo que supone un 8,2% más que en el año anterior, según los Presupuestos Generales del Estado 2023. Estas emisiones se hacen por parte del Tesoro para hacer frente a la financiación necesaria del país y también para cubrir con las amortizaciones que se producen en el ejercicio.
Descontando estas últimas, el endeudamiento neto de España para el mismo año se cifra en 70.000 millones de euros y se traduce en una deuda equivalente al 112,4% del PIB, tal y como se ha mencionando anteriormente. Desglosando por tipo de instrumento, se prevé que las letras del Tesoro aporten financiación neta negativa por 5.000 millones, por lo que los bonos y obligaciones del Estado, junto con el resto de las deudas en euros y en divisas, aportarán los 75.000 millones restantes.
Y es que el plan del Tesoro para esquivar el alza de los tipos de interés pasa por reducir a mínimos las Letras del Tesoro en la cartera de deuda para centrarse en financiación a largo plazo. Este tipos de financiación a corto plazo pesará solo un 5,8% sobre el total de la deuda del Estado en 2022, en en favor de la de los bonos y obligaciones y otras deudas, que se elevan hasta el 94,2% en el mismo año.
En el caso de 2023, la letras equivaldrán a sólo un 5,1% del total, reduciendo así "el riesgo de refinanciación de la cartera", tal y como se destaca en el Libro Amarillo de los PGE 2023. La vida media de la deuda del Estado se estabilizará en el entorno de los ocho años, niveles históricamente altos que contrastan con lo sucedido durante la crisis financiera de la década pasada.
A esto hay que sumar que el Estado tiene en su balance 73.859 millones de euros de bonos ligados a la inflación europea, lo que supone un 5,5% del total de la deuda en circulación, que vencerá, previsiblemente mucho más cara de lo que el Ministerio de Economía preveía y que costará unos 2.000 millones de euros más. En 2021, según datos del Tesoro, se produjo el segundo vencimiento de una Obligación del Estado ligada a la inflación europea por un importe de 6.746 millones de euros, cuando la inflación de Europa cerró en el 5%, por lo que esta cartera ya se encareció el pasado año.
El gasto se disparó un 17% antes del alza de tipos
Con el foco puesto en la crisis inflacionista que acontece en España, en Europa y en el mundo, Christine Lagarde llevaba desde marzo mandando señales a los analistas de una próxima subida de tipos. De hecho, en el mes de mayo, ante los tambores de una inminente subida, el gasto del Estado en intereses de la deuda se disparó un 48% en términos de Contabilidad Nacional, pasando de un coste de 2.275 millones en 2021 a 3.369 millones este año, según los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
En términos acumulados, el gasto del Estado en intereses de la deuda ya se disparó un 17% entre enero y julio de este año, elevando la factura en 2.311 millones respecto al año anterior (15.810 millones de euros frente a los 13.449 millones en el mismo periodo de 2021). Además, el BCE ordenó el pasado 8 de septiembre otra subida de 0,75 puntos que se sumó a la de 0,50 de julio, con lo que el precio del dinero en la Eurozona queda establecido en el 1,25%, anticipando una subida aún más agresiva del gasto en intereses que afronta el Estado.
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