El Estado dedicó 536 millones de euros a pagar a cerca de 67.000 trabajadores de empresas insolventes entre enero y diciembre de 2022, tras la pandemia y con la economía sumida en una nueva crisis generada por la guerra en Ucrania. Lo hizo a través del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal de la empresa.
Según las estadísticas publicadas por el Ministerio esta semana, el FOGASA tramitó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 un total de 58.201 expedientes que afectaban a un total de 66.930 trabajadores, con un importe total abonado de 535,64 millones de euros. De éstos, 340,85 millones correspondieron a indemnizaciones y 194,79 millones, a salarios. La mayoría de expedientes se concentraron en Madrid (11.783), Cataluña (9.404), y Andalucía (8.353).
La cuantía abonada en 2022 fue un 7% inferior al importe abonado en 2021 (576,72 millones), un año aún marcado por la pandemia. Pese a la moratoria concursal, en 2021 el número de concursos de acreedores alcanzó el nivel más alto desde 2013, con algo más de 7.000 registrados, según el Atlas Concursal 2022, elaborado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas de España.
Si se compara con los años previos a la pandemia, las cifras de 2022 fueron ligeramente superiores. En 2019 se tramitaron 61.132 expedientes, cubriendo salarios e indemnizaciones de 72.369 empleados de 19.768 empresas en concurso o insolventes. El pasado año, aunque hubo menos trabajadores afectados que entonces, el importe total abonado fue un 3% superior al de 2019, cuando se gastaron 520,98 millones.
Si se analizan los datos de 2022 por sectores, destacan los expedientes tramitados en la industria manufacturera, que ascienden a 9.239 (frente a los 4.933 de 2021), con 12.263 beneficiarios, con prestaciones que sumaron 121,14 millones. Por volumen, también destaca la construcción, con 9.226 expedientes tramitados y 74,75 millones abonados a 10.279 empleados. Finalmente, las indemnizaciones a trabajadores del comercio y la hostelería costaron 89 millones y 65,80 millones, respectivamente.
Por tamaño de empresa, en 2022 el FOGASA abonó 80,04 millones a 8.442 trabajadores de compañías con entre 0 y 9 trabajadores; 152,80 millones a 15.906 empleados de empresas de 10 a 49 personas, 58,96 millones a 6.970 trabajadores de empresas con entre 50 a 249 empleados; 35,01 millones a 4.851 personas empleadas en empresas de más de 250 trabajadores; y otros 208,83 millones en prestaciones a 30.761 trabajadores de empresas "sin tamaño".
Nueva ley concursal
Los concursos de acreedores en nuestro país tienen como protagonistas a las micropymes, empresas con menos de 10 trabajadores. En 2021, último año completo del que se disponen datos, las micropymes representaron el 40% (39,86%) de los concursos, según el Atlas Concursal elaborado por el REFOR. Los concursos de acreedores de autónomos representaron en 2021 el segundo grupo más abundante con el 33% de los concursos; mientras que los de pymes han disminuido (pasando del 36% en 2005 al 10% en 2021), igual que los de medianas y grandes empresas.
El pasado mes de septiembre entró en vigor la reforma de la Ley Concursal con el objetivo de agilizar e incentivar el procedimiento concursal y ofrecer alternativas a la liquidación de empresas, así como una mayor utilización de los instrumentos de segunda oportunidad y armonizar requisitos con el resto de la Unión Europea, al trasponer una directiva comunitaria.
El nuevo marco legal para la reestructuración de empresas en dificultades desincentiva la utilización del concurso e incentiva los planes de reestructuración. Además, a partir del 1 de enero las microempresas (menos de 10 empleados y con una facturación inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros) no podrán acudir al concurso. La ley prevé para ellas un instrumento específico, el llamado 'procedimiento especial para microempresas', que podrá ser de continuación o de liquidación.
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