A día de hoy hay casi medio millón de personas más con una renta del Estado que hace cuatro años, cuando Pedro Sánchez arrancó su legislatura. Entre pensionistas, desempleados con prestación y empleados públicos, el número de personas que 'dependen' del Estado asciende a 15,4 millones, frente a los 14,9 millones de personas con las que se cerró el año 2018, según los cálculos realizados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) para Vozpópuli.
El principal incremento en este cuatrienio se ha producido en el empleo público, con un fuerte incremento de las contrataciones especialmente durante la pandemia. El año 2018 se cerró con 3,21 millones de trabajadores en las administraciones públicas, mientras que a cierre de septiembre el número total de funcionarios ascendía a 3,51 millones de personas. Son 295.000 trabajadores más, lo que en términos relativos supone un crecimiento del 9,2%.
Por su parte, los pensionistas han repuntado un 2,5% en estos cuatro años, con un total de 10,13 millones de personas ahora frente a las 9,88 millones de 2018. En esta cuantía, el Instituto de Estudios Económicos tiene en cuenta tanto los pensionistas del sistema de la Seguridad Social (8,81 millones en 2018 y 9,02 millones este año), como las clases pasivas (con 41.000 personas más) y los beneficiarios de una pensión no contributiva (que han descendido en 6.000 personas).
Aunque no es el colectivo que más ha crecido en términos relativos (los empleados públicos están por delante), sí es la partida de gasto que más preocupa de cara al futuro por el volumen total de beneficiarios, que crece año a año junto a la cuantía media de las pensiones y encarece la factura. En 2023 la situación se agravará, especialmente, cuando se revalorizarán por primera vez con el IPC real del año anterior (como dicta la nueva reforma de las pensiones), con un 2022 marcado por una inflación histórica.
Finalmente, el número de parados que cobran una prestación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha descendido respecto a 2018 un 2,9%. Entonces había 1,81 millones de desempleados que cobraban el paro, mientras que a cierre de septiembre de este año la cifra se situaba en los 1,75 millones de personas, según los datos recopilados por el Instituto de Estudios Económicos, 'think tank' de CEOE.
La cifra total de personas que ingresan una renta del Estado se eleva si se tienen en cuenta también los afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que cobran del sector público, con alrededor de 17.000 afectados en la actualidad, o aquellos que se benefician del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que alcanza a 509.574 hogares. Estos dos colectivos no se incluyen en ninguna de las categorías antes mencionadas.
La 'carga' del sector privado
En un informe publicado el pasado mes de marzo, el Instituto de Estudios Económicos ya alertó de que el trabajador privado paga ya una media 1.600 euros al mes para mantener el sistema de pensiones, las prestaciones por desempleo y los salarios de los funcionarios. Es decir, que cada persona que trabaja en el sector privado tiene que hacerse cargo, como media, de 19.110 euros al año para pagar la España pública.
Entonces, el IEE advirtió de que de los tres colectivos, "solo tiene un potencial bajista el número de desempleados, ya que la demografía, junto con el vigente modelo de reparto, se traducirá, de manera inevitable, en un incremento de la cuantía de jubilados; mientras que la contratación en las Administraciones ha vuelto a su proceso expansivo al iniciarse la recuperación".
Según el IEE, España podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la OCDE. En términos absolutos, hay un margen de mejora de 60.000 millones de euros, calculan los expertos del servicio de estudios. La mejora de la eficiencia del gasto público permitiría avanzar en la consolidación fiscal "sin recurrir a subidas de impuestos", e incluso aplicar "reducciones selectivas" de algunos tributos.
En pleno debate sobre las reglas fiscales, que la Comisión Europea volverá a aplicar en 2024 y sobre las que ha presentado una propuesta esta misma semana, el Gobierno ha dibujado un horizonte de proyección del déficit público en los Presupuestos Generales del Estado en el que espera alcanzar el objetivo del 3% en 2025, desde el 5% con el que espera cerrar este año.
No obstante, las pensiones son el 'talón de Aquiles' del gasto público. El Gobierno debe garantizar su sostenibilidad antes de final de año, en la segunda parte de la reforma iniciada en diciembre de 2021, con un mecanismo de ingresos que compense el aumento del gasto que supone la primera parte ya aprobada y que indexa las pensiones al IPC real, lo que supondrá un gasto extraordinario de 15.000 millones sólo en 2023.
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