En septiembre de 2020, los consejos de administración de Bankia y de CaixaBank aprobaban la fusión de ambas entidades por absorción de la primera por la segunda, mediante una ecuación de canje de 0,6845 acciones nuevas de CaixaBank por cada acción de Bankia. La operación tenía todo el sentido financiero para los accionistas, en un contexto de altísima volatilidad de los mercados, ya que la nueva entidad se convertía en el líder indiscutible del mercado español, por delante de BBVA y Banco Santander.
También lo tenía para el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), máximo accionista de Bankia, al controlar el 61,8% del capital. La entrada del Estado en el capital de Bankia, en mayo de 2012, tuvo como objetivo “garantizar la solvencia y la tranquilidad de los depositantes, así como disipar la dudas de los mercados sobre las necesidades de capital de la entidad”, de acuerdo con la nota distribuida entonces por el Ministerio de Economía. La retirada de depósitos por parte de los clientes y la total pérdida de confianza de los inversores llevó el precio de las acciones a mínimos históricos.
Hoy, tres años después del anuncio de la operación (la fusión se terminó de cerrar en todos los aspectos en marzo de 2021), las cosas han cambiado bastante. La participación del Estado a través del FROB en el momento en que se anunció las conversaciones para una posible fusión valía a precios de mercado 1.964 millones de euros. En septiembre de 2020, la acción de Bankia cotizaba a 1,04 euros. El viernes último, el porcentaje del FROB en el capital de CaixaBank, el 16,117%, costaba en Bolsa alrededor de 4.770 millones, casi dos veces y media más, tras cerrar las acciones a 3,67 euros.
Cualquier entidad que hubiera querido comprar la totalidad de las acciones de Bankia hace tres años solo hubiera tenido que desembolsar alrededor de 3.200 millones de euros. Pero no era posible hacerlo libremente, sin el visto bueno del Gobierno, porque cerca del 62% del capital estaba en su poder, después de haber desembolsado en su rescate más de 24.000 millones de euros.
CaixaBank, que ya había estudiado la fusión con Bankia en el año 1989 y en algunas otras ocasiones, ofreció una prima del 35% sobre el precio de mercado y presentó sobre la mesa una oferta que valoró el 100% de las acciones de Bankia en 4.300 millones de euros. Con un mercado bursátil desplomado por las consecuencias económicas de la irrupción de la pandemia y los bajos tipos de interés reinantes, el Estado no podía decir “no”. Uno de los principales argumentos del FROB entonces fue el de maximizar el valor de la participación del Estado en un contexto económico muy difícil.
Evolución bursátil de CaixaBank
En febrero de 2020, cuando nada hacía presagiar que un mes después el Gobierno se viera obligado a declarar el estado de alarma, las acciones de CaixaBank cotizaban a 2,90 euros. Tres meses más tarde, en mayo, cayeron hasta 1,522 euros, su nivel más bajo en el pasado reciente. Pocos días después de que se anunciara oficialmente la existencia de conversaciones entre las dos entidades y antes de los consejos aprobaran la operación, las acciones habían remontado por encima de los 2 euros. El pasado viernes cerraron a 3,67 euros, lejos de su nivel máximo en los últimos años, que se dio en enero de 2010, cuando los títulos llegaron a cotizar a 5,2 euros y también lejos de su cotización más alta en lo que va de año, 4,1 euros en marzo.
El Estado ha tenido que desembolsar en Bankia algo más de 24.000 millones de euros para devolver la normalidad perdida en 2012. De esa cifra ha recuperado 2.100 millones en dos operaciones de venta de acciones llevadas a cabo en 2014 (7,5% del capital por el que ingresó 1.300 millones) y en 2017 (800 millones). Además, ha recibido en todos estos años 1.700 millones en dividendos, de los que 525 millones corresponden a su participación en CaixaBank en los últimos dos ejercicios completos que se han cerrado desde la fusión.
¿Recuperará el Estado el dinero?
Pensar en que el Estado a través del FROB puede recuperar el dinero que aún resta para dejar a cero, el que sirvió para rescatar Bankia está más cerca de la utopía que de la realidad. Para ello y sin tener en cuenta los dividendos que pudiera percibir en el futuro, el valor de mercado de CaixaBank tendría que acercarse a los 115.000 millones de euros, casi cuatro veces superior al actual.
La participación actual del 16,117% que el FROB tiene en CaixaBank pasará a ser del 17,3% en un año, toda vez que el consejo de administración de la entidad ha decido recientemente recomprar acciones propias por un valor de hasta 500 millones, para después amortizarlas y reducir el capital que hoy está repartido en 7.502 millones de acciones.
El Estado tiene hasta el 31 de diciembre de 2025 para deshacerse de la participación del FROB en CaixaBank, pero no pasa de ser una fecha meramente orientativa. Cuando tuvo que intervenir Bankia para evitar el desastre que hubiera supuesto su liquidación, el Estado se dio cinco años de plazo, hasta 2017, para vender su participación. Desde entonces hasta hoy, el Ministerio de Economía ha aprobado otras tres prórrogas más, la última en diciembre de 2022.
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