El Gobierno afrontará en los próximos días un asunto más que espinoso: la reforma del sistema de estiba portuaria, anclado en la noche de los tiempos y que ha convertido a los trabajadores de este sector en miembros de un selecto, cerrado y privilegiado grupo, al margen de la práctica totalidad del resto. Un sistema que pasa una factura anual a los puertos españoles cercana a los 520 millones de euros en costes laborales, muy por encima de los competidores europeos. Hace más de dos años, los tribunales europeos fallaron en contra de mantener el anacrónico mecanismo pero la sentencia aún no se ha ejecutado, lo que hace que sobre el Estado penda la amenaza de una fortísima multa económica, inédita en la historia de España como miembro de la Unión Europea.
La reforma diseñada por el Gobierno persigue esencialmente una liberalización del sector de la estiba contra la que siempre se han revuelto los trabajadores. Además de cumplir con la sentencia de los tribunales comunitarios, la medida aligeraría de forma notable el disparado coste laboral de la estiba y mejoraría la competitividad de los puertos españoles, uno de los principales catalizadores de la economía. Todo muy sencillo sobre el papel, hasta que llega la hora de ponerse manos a la obra. ¿Por qué?
Para entenderlo es necesario conocer el funcionamiento del sistema actual. En él, las empresas estibadoras están obligadas a ser accionistas de las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (Sagep). ¿En qué consiste esta figura? Sencillamente en empresas que tienen por cometido poner trabajadores a disposición de las compañías estibadoras. Eso sí, con la particularidad de que éstas sólo pueden contratar estibadores que pertenezcan a las Sagep.
Concretamente, una empresa estibadora debe contar con personal propio para cubrir, al menos, una cuarta parte de su actividad. Para llevar a cabo estas contrataciones, las compañías están obligadas a ofertar estos puestos de forma prioritaria a las Sagep. Sólo en el caso de que éstas los rechacen (algo inusual), pueden acudir al mercado laboral. El resto de la actividad de la empresa estibadora se cubre con trabajadores cedidos temporalmente por las Sagep (al estilo de una empresa de trabajo temporal).
Este más que peculiar funcionamiento ha hecho de los estibadores un cuerpo completamente cerrado, al que es prácticamente imposible acceder desde fuera y con un elevado componente hereditario. El sistema también deriva en unos costes laborales disparados. Para muestra, un dato. El sueldo medio de uno de los 6.100 estibadores que operan en los puertos españoles se sitúa en el entorno de los 65.000 euros al año. No es de extrañar que el coste de la estiba en España suponga cerca de un 60% del total, cuando en países del entorno como Alemania esta cifra se reduce hasta el 37%.
Libertad para contratar
Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea contra el sistema de estiba español (de diciembre de 2014), al que consideró contrario al principio de libertad de establecimiento contemplado en el Tratado de la Unión, el Gobierno se puso manos a la obra para su ejecución. Pero no es tan sencillo derribar un edificio cuidadosamente construido desde tiempos tan pretéritos que trasciende la época democrática y que contempla no pocos privilegios.
En este tiempo, el Gobierno se ha topado con la constante amenaza de la ralentización de la actividad portuaria como medida de presión, y con otros problemas como más 300 días de situación en funciones que le impedía la medida legislativa que precisaba. Entre unas cosas y otras, el Ejecutivo se encuentra ahora con otro quebradero de cabeza: si no ejecuta la sentencia en breve, la Unión Europea impondrá una multa sin precedentes.
El gobierno ultima una reforma urgente que establece una histórica liberalización del sector para cumplir con la sentencia europea
La reforma que ultima el Gobierno, por procedimiento de urgencia, establece una histórica liberalización del sector para cumplir con la sentencia europea. Las compañías estibadoras ya no estarán obligadas a ser accionistas de una Sagep y podrán contratar libremente trabajadores, siempre y cuando cuenten con la capacitación requerida para la prestación del servicio portuario.
Futuras movilizaciones
En cuanto a las Sagep, podrán sobrevivir durante los tres años de transición que prevé incluir el Gobierno en la reforma y sólo se extinguirían si todos sus accionistas así lo acordaran. Después de ese periodo, deberán reconvertirse en empresas de trabajo temporal al uso. En estos tres años, las compañías estibadoras deberán contar con trabajadores de la Sagep pero de forma descendente con el paso del tiempo: hasta el 75% de la actividad el primer año, el 50% el segundo y sólo el 25%, el tercero.
Para igualar las condiciones de los trabajadores actuales con los que puedan llegar tras el cambio de sistema, las autoridades portuarias cubrirán la financiación de los pasivos laborales de las Sagep en el caso de que tuvieran que prescindir de trabajadores, hasta la fecha de la sentencia.
La reacción no se ha hecho esperar y los representantes de los estibadores han anunciado movilizaciones contra el futuro Real Decreto Ley (que tendrá que ser aprobado en el Parlamento). El Gobierno sostiene que no se trata de una decisión política sino una obligación impuesta por la sentencia europea.
Es más, desde el Ejecutivo se ha trasladado a Bruselas cada una de las reivindicaciones los sindicatos y la Unión Europea ha sido tajante a la hora de establecer sus líneas rojas: nada de registros de trabajadores contingentados, ninguna medida que impida que la estiba sea un sector libre.
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