Manuel Fernández Sousa y el resto de la excúpula que le acompañó al frente de Pescanova se sentarán a partir de este lunes en el banquillo. La Audiencia Nacional les juzgará por realizar "prácticas comerciales irregulares" para maquillar el agujero de unos 200 millones de euros que había en las cuentas de la compañía en los ejercicios de 2010 y 2011. En total serán 19 los acusados que tendrán que comparecer ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal por casi una decena de delitos entre los que destacan falseamiento de cuentas anuales y de información económica y financiera.
Tras cinco años de investigaciones en el Juzgado Central de Instrucción número 5, el expresidente de Pescanova Fernández Sousa se enfrenta a una petición de 28 años de cárcel y a una multa de 22 millones de euros. Para su hijo, la Fiscalía pide 13 años y medio de prisión con una multa de medio millón de euros. La petición para el ex consejero delegado Alfonso Paz Andrade alcanza los 12 años y medio de cárcel y la multa supera los cinco millones de euros.
La empresa matriz se enfrenta a una multa superior a los 348 millones de euros por los delitos de falseamiento de información económica, estafa e insolvencia punible. La auditora BDO afronta 45 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
Falseamiento de cuentas
Según consta en el escrito de acusación del ministerio público, la exdirección de Pescanova -"siempre bajo el control del presidente" y con la intención de "sortear" el agujero millonario- decidió "ejecutar determinadas prácticas comerciales irregulares a sabiendas de que con ellas agravaban la situación financiera y patrimonial de la sociedad -y, por ende, su situación de insolvencia".
La hipótesis de la Fiscalía es que los acusados maquillaron las cuentas para poder "seguir obteniendo financiación externa" y "ocultar" la realidad a "inversores, accionistas, acreedores y al organismo regulador". En 2010, Pescanova declaró un resultado de 15,4 millones de euros cuando en realidad sufría pérdidas de 222 millones. En 2011, la sociedad anunció un resultado de 16,1 millones frente a los -292,5 millones que realmente reflejaba.
Esa información "inveraz" fue remitida a la CNMV por los responsables de Pescanova. Tal y como subraya el ministerio público, entre el 11 de mayo de 2009 y el 15 de noviembre de 2012 los acusados, en pleno conocimiento de la inexactitud de su contenido, enviaron al órgano supervisor hasta 15 informes correspondientes a tales períodos en los que "consignaban cifras de negocio, resultados y patrimonios netos millonarios crecientes en cada ejercicio y ocultaban la deuda bancaria real, tanto de la matriz como del grupo consolidado, y, por ende, su situación de insolvencia".
"Red de sociedades instrumentales"
A la excúpula de Pescanova también se le juzga por otra serie de delitos que van más allá del falseamiento de las cuentas anuales. Los exdirectivos habrían formalizado créditos documentarios en operaciones triangulares con varias de sus filiales "sin que existieran transacciones reales de importación y exportación de mercancía".
A la excúpula de Pescanova también se le juzga por otra serie de delitos que van más allá del falseamiento de las cuentas anuales
También habrían utilizado "una red de sociedades instrumentales, sin personas, recursos, ni instalaciones, radicadas en despachos profesionales constituidos y gestionados" por los acusados, quienes -según la Fiscalía- eran "plenamente conscientes del fin fraudulento de su funcionamiento". Dicho entramado societario se utilizaba "a conveniencia" para registrar "operaciones comerciales irreales" con el propio Grupo Pescanova.
Por estos y otros delitos los 19 procesados se enfrentan a un juicio que promete durar unas 40 sesiones y quedar visto para sentencia a finales de marzo de 2020.
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