El temor a que se derogue para siempre la bonificación del Impuesto sobre el Patrimonio o que se cumpla la voluntad de Podemos de crear un nuevo Impuesto a la Riqueza está generando inquietud entre grandes patrimonios que residen en España y que ven en Portugal un destino cercano y seguro para poner a salvo sus ahorros.
Fuentes de despachos de abogados especializados en derecho fiscal, que tienen por clientes a personas con alto patrimonio, han confirmado a Vozpópuli que están aumentando sus consultas sobre la posibilidad de llevarse su capital al país vecino u otros destinos en los que su dinero no esté sometido al riesgo de un aumento de tributación.
"En un contexto de libre circulación de personas y de capitales, la experiencia nos indica que los riesgos de deslocalización internacional de determinados contribuyentes y/o sus patrimonios hacia jurisdicciones fiscales cercanas más atractivas no son desdeñables cuando se les intenta gravar en exceso", advierte por su parte el equipo de economistas del Instituto de Estudios Económicos (IEE), adscrito a la patronal de empresarios y presidido por Íñigo Fernández de Mesa.
Este think tank que da voz a la percepción de las empresas explica que por esta razón, "este tipo de impuestos, bien han desaparecido en nuestro entorno comparado o bien dejan fuera de la tributación a los activos empresariales con el fin de reducir los efectos negativos sobre el crecimiento, la inversión, el ahorro y la asunción de riesgos".
La inquietud entre las personas con capital en España ha aumentado desde que el PSOE firmó un preacuerdo de Gobierno con Podemos, ya que este partido lleva en su programa la creación de un impuesto para grandes fortunas con el que quiere recaudar anualmente un 1% del PIB, es decir, alrededor de 12.000 millones de euros, gracias a la contribución de los patrimonios de más de un millón de euros.
"El problema que hay es que España se estaría poniendo muy desigual respecto a su entorno y a otros países que tienen una fiscalidad muy acogedora sin estar tan lejos como lo están Luxemburgo o Noruega", explica a este medio Gregorio Izquierdo, director general del IEE, en alusión a Portugal, por ejemplo, que linda con varias comunidades autónomas y comparte con España cercanía e idioma y ofrece un régimen fiscal muy ventajoso.
Los planes de Podemos
"Tendrá un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravará con un 2% los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5% los patrimonios de más de 100 millones de euros, de forma que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los mil patrimonios más altos del país", señala en su programa la formación de Pablo Iglesias.
Este tributo "sustituirá al actual impuesto sobre el patrimonio, que es inoperativo, y no podrá bonificarse por parte de las comunidades autónomas", explica Podemos.
El Impuesto sobre el Patrimonio en España quedó prácticamente suprimido con la ley 4/2008, del 23 de diciembre, que establecía una bonificación del 100% con efectos desde el 1 de enero de ese año. Tres años después, con el real decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, el Impuesto fue restablecido de forma temporal para 2011 y 2012 con una exención de 300.000 euros para vivienda habitual del contribuyente, mínimo exento de 700.000 para contribuyentes residentes y no residentes, entre otras.
Aunque lo previsto era que después de 2012 el Impuesto volviera a estar completamente bonificado se ha ido prorrogando anualmente (la última vez con el real decreto-ley 27/2018, para que estuviera vigente en 2019), y en el proyecto de Presupuestos de Pedro Sánchez ya se contemplaba eliminar para siempre esa bonificación.
El panorama en Europa
Francisco Adame Martínez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla, y miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), explica que "el Impuesto sobre el Patrimonio tal y como está concebido en España es prácticamente una figura residual en el ámbito de la Unión Europea".
Según la base de datos Taxes in Europe, elaborada por la Comisión Europea, en la Unión Europea tan sólo existen impuestos sobre la riqueza neta en España, Francia y desde el 1 de enero de 2017 en Portugal, donde está bonificado para residentes y no residentes.
"La tendencia que se advierte en los países de la Unión Europea en los últimos años ha sido la de suprimir los tributos que recaían sobre la riqueza neta individual. Comenzó suprimiéndolo en 1995 Dinamarca, después vinieron sucesivamente Alemania, Finlandia y finalmente Luxemburgo y Suecia que lo derogaron respectivamente en 2006 y 2007", apunta.
Adame Martínez reconoce que es difícil encontrar autores que se posicionen a favor del mantenimiento de este tributo, y que de hecho en el propio Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributario español (el informe Lagares de febrero de 2014) se propuso su eliminación porque "esa es la tendencia que se aprecia en otros países desarrollados", por "sus efectos negativos sobre el ahorro", por sus "reducidas recaudaciones" y por "el hecho de que las posibilidades de planificación fiscal internacional para los patrimonios realmente elevados desvirtúan totalmente su posible contribución a la equidad".
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