España presenta una "situación anómala" con el "papel menor" de los impuestos medioambientales, entre ellos, destaca el reducido gravamen a los carburantes, que llama la atención ante los "gravísimos desafíos medioambientales, con escasez de agua, altas temperaturas, contaminación en las ciudades, muy alta dependencia energética y necesidades recaudatorias, aceleradas por cambio climático". Así lo ha advertido Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo experto en fiscalidad medioambiental y uno de los expertos que han asesorado a Hacienda para la reforma fiscal en el II Foro de Fiscalidad Esade EcPol: La fiscalidad ambiental en España, que se celebra este martes en Madrid.
"Vamos a necesitar muchos recursos, en parte, públicos", ha alertado Lavandeira, y ha subrayado la "baja fiscalidad de los carburantes de la automoción", que a su juicio "no es sostenible si nos queremos tomar en serio transición ecológica", y ha avisado del "cortoplacismo" de los políticos en su reticencia a desarrollar estos impuestos.
Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, ha intervenido en el Foro, pero no ha desvelado qué política de fiscalidad verde seguirá el PP si gana las elecciones. Bravo se ha limitado a insistir en que "no todos son impuestos, sino que hay que desarrollar paquetes" generales, y sólo ha aludido a posibles gravámenes a automoción, aviación y transporte marítimo, que se compensarían con fondos europeos del Plan de Recuperación, en relación con el desarrollo de la Directiva Fit for 55.
Han presentado la jornada Francisco de la Torre, director del Foro de Fiscalidad de EsadeEcPol, y Alain Cuenca, director del Instituto de Estudios Fiscales. Cuenca, secretario del grupo de expertos del Libro Blanco de la reforma fiscal, ha recordado que el primer capítulo trata la fiscalidad ambiental y es "una de las estrellas del libro".
Sin embargo, se presentó una semana después de iniciarse la guerra en Ucrania, el 3 de marzo de 2022, cuando se dispararon las gasolinas, y en la actualidad ha quedado aparcada. Con todo, ha avisado de que España recauda el 1,8% del PIB con los impuestos verdes, mientras que la media ponderada de la UE es del 2,4%. A su juicio, "no es un problema de presión fiscal sino de los instrumentos que contribuyan a prevenir comportamientos". Y ha avisado, ante la reticencia de algunos lobbies, de que "los impuestos ambientales irán en línea con lo que dice el Libro Blanco tarde o temprano".
Sin embargo, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, que ha clausurado la jornada, ha contado que el Ministerio de Hacienda tenía bajo estudio el beneficio fiscal al diésel, pero que ha alegado que no va a modificarlo por la guerra de Ucrania.
Ha coincidido en esta denuncia David López, economista sénior en el Banco de España y miembro de la comisión de expertos. Se ha mostrado contrario a poner el foco en la brecha de la presión fiscal, ya que ha señalado que es una decisión política según lo que se quiera gastar. "Los impuestos medioambientales explican parte de la brecha. En general, en España hay una infrautilización de los impuestos indirectos, especialmente en los medioambientales, que se explica con los carburantes".
López ha destacado que los Impuestos Especiales también se deben ajustar a la inflación y ha considerado que es una mala idea hacer política distributiva con impuestos indirectos. Ha abogado por compensar a rentas bajas en el IRPF con deducciones.
A su vez, Mar Delgado, economista sénior en el Banco Central Europeo, ha avisado de que sólo el 46% de las emisiones son gravadas en España, con datos de 2021, "hay mucho margen de mejora", ha destacado, pero ha puesto el foco en el que la voz cantante la debe llevar la Comisión Europea, cuando no hay un impuesto a las emisiones homogéneo.
Lo expertos piden subidas de 15.000 millones
A un total de 15.023 millones de euros ascienda la subida de la fiscalidad del diésel y otros carburantes que proponen los expertos que ha designado el Ministerio de Hacienda para que el asesore en la reforma fiscal. Además de la armonización fiscal al alza para obligar a la Comunidad de Madrid a subir impuestos, es la única medida clara que plantean los expertos y por lo tanto la única cuantificable, lo que no puede decirse de lo que plantean en Sociedades, IVA o IRPF. Esta propuesta de máximos ha llevado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a salir antes de la presentación a advertir de que el Gobierno "no se plantea subir impuestos en el corto plazo", ante la emergencia económica que desencadena la invasión de Ucrania.
El Libro Blanco ofrece una horquilla para estas alzas, que podrían hacerse con una intensidad menor y recaudar sólo 5.941,1 millones. Recomiendan un alza del diésel y la gasolina de 6.850,2 millones. Proponen una equiparación de diésel y gasolina y una subida adicional.
A esto se añade un incremento de 1.960,6 millones de la accisa del gas natural; una modificación del Impuesto de Circulación que supondrá 610,8 millones más y otra del de Matriculación para reunir 2.335,1 millones más; la tributación de combustibles de la aviación, marítimos y agrarios, con un objetivo de recaudar 1.701 millones; el pago por uso infraestructuras viarias, por 1.397,9 millones, y la creación de un impuesto a los billetes de avión, que reportará 951,8 millones.
Asimismo, recomiendan una reforma de la tributación municipal de los residuos, entre otros. También plantean la creación de otros dos impuestos: uno municipal a la congestión de las ciudades y otro a la extracción de recursos hídricos, además de la regulación de la tributación municipal de residuos.
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