El comité de expertos que ha designado Hacienda para que le asesore en la reforma fiscal considera que hay que armonizar al alza Patrimonio y Sucesiones para obligar a la Comunidad de Madrid a subirlos. Según ha podido saber Vozpópuli, entre las propuestas que recoge con este fin, a la espera de cerrar definitivamente sus ponencias -que debe entregar a finales de enero y que el Ministerio revisará en febrero-, se incluye la que han planteado ERC y Podemos en sendas enmiendas a los Presupuestos de 2021 y 2022.
Se trata de la creación de una cuota estatal en el Impuesto de Patrimonio, un tipo mínimo, que cuando la propuso en primer lugar ERC para las Cuentas de 2021 con el objetivo de recaudar 1.000 millones de euros más fue bien recibida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que anunció que trabajaría en ello, aunque advirtió de que los Presupuestos no eran el marco adecuado para su desarrollo. Precisamente hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso aprueba la ley de autonomía financiera para tratar de blindarse de ofensivas en este sentido.
La propia ministra anunció en la presentación de los expertos en abril que pretendía subir Patrimonio y Sucesiones y que la armonización de estos impuestos era uno de los objetivos de la reforma fiscal. Tras delimitar con claridad estos objetivos antes de introducir al comité, preguntada por la independencia de los expertos y el seguimiento por parte de Hacienda de sus propuestas, Montero aseguró que tenían libertad para plantear lo que consideraran pero que el Gobierno tomaría a su vez su análisis en cuenta sólo si lo consideraba oportuno. El informe ha alcanzado luego mayor protagonismo ya que se recoge en el Plan de Recuperación como un hito comprometido con Bruselas y como base de la reforma fiscal.
Nueve meses más tarde y después de que hayan dimitido dos de los expertos, los catedráticos Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio, como adelantó Vozpópuli, el comité ultima sus trabajos y a pesar de que fuentes conocedoras advierten de que no se planean grandes iniciativas de reforma ni de subidas de tipos, sí que se aboga por la armonización fiscal, un asunto sobre el que algunos de los expertos, incluso desde posiciones cercanas a la izquierda, se habían mostrado en el pasado en contra o al menos partidarios de cierta autonomía o corresponsabilidad fiscal de las comunidades. Una materia con aristas y que genera distintas posiciones técnicas cuando consigue alejarse del debate meramente político.
Pues bien, la postura de algunos de los expertos partidaria de la autonomía fiscal de las comunidades no ha impedido que, a la espera de su cierre final, la ponencia que se encarga de este asunto avale la armonización. Y la permanencia tanto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, como la de Patrimonio, ésta más discutida por su desaparición en otros países, sus problemas técnicos y de doble imposición. De hecho, la comisión de expertos que asesoró a Cristóbal Montoro en 2014 para su reforma fiscal, liderada por Manuel Lagares, recomendó suprimir Patrimonio y armonizar Sucesiones. Eso sí, siguiendo la tónica del resto del informe que ultiman, esta ponencia no se decanta por una propuesta en concreto, sino que ofrece opciones de armonización, y entre ellas, la que han planteado ERC y Podemos.
Las posibilidades de armonización que plantea el comité son básicamente dos. La primera es recentralizar el impuesto, compensando la pérdida recaudatoria a las comunidades. La segunda es establecer un suelo mínimo de tributación, un impuesto armonizado en todas. La recentralización podría ser absoluta pero se desarrolla la opción que proponen los socios de Gobierno, mixta, en la que se recentraliza pero se deja cierto margen a las CCAA, que podrían legislar para cobrar más, pero no menos de ese mínimo. Aunque la recaudación sería para las CCAA, existirían dos tramos: el común a nivel estatal (el suelo mínimo) y el autonómico (voluntario para las CCAA). Si el gobierno autonómico todavía quisiese desactivar el impuesto, debería limitarse a recaudar la parte común, al suelo mínimo.
En este escenario, la enmienda de ERC establecía que las competencias de gestión, liquidación, recaudación inspección y revisión corresponderán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sin perjuicio de las que pudieran tener las CCAA. La enmienda de Podemos era similar y además planteaba una subida de los tramos estatales más altos.
Bonificaciones a la empresa familiar
Los expertos también plantean, como hace la enmienda de Esquerra, eliminar buena parte de las bonificaciones a la empresa familiar que tiene el Impuesto de Patrimonio, que piden reconsiderar.
En el mismo sentido respecto a Sucesiones y Donaciones, proponen un impuesto armonizado para todas las comunidades autónomas, incluso abrir la posibilidad de que la capacidad normativa sea exclusivamente de la Administración central, sin exenciones, reconsiderando las reducciones actualmente vigentes (seguros de vida y transmisión de empresas familiares), con un mínimo exento general bien estudiado. Hacienda ha dado a los expertos oficialmente de plazo para terminar su informe hasta el 28 de febrero, pero ha estipulado que a finales de enero se lo entreguen y se reserva febrero para analizarlo.
A nadie se le escapa que la armonización que avalan los expertos y que quiere desarrollar el Gobierno de Pedro Sánchez se va a encontrar con la oposición de las comunidades del PP y que puede tener una tramitación complicada. En cualquier caso la Comunidad de Madrid ha optado por blindar su autonomía en una ley, además de anunciar que recurrirá a todos los tribunales e instancias posibles.
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