El comité de expertos que ha designado el Ministerio de Hacienda para que le asesore en la reforma fiscal está cerrando su trabajo, que puede concluir hoy o el próximo jueves 17 de febrero, según trasladan a Vozpópuli fuentes conocedoras. La medida estrella es la armonización fiscal para obligar a la Comunidad de Madrid a subir impuestos. Se trata de la medida más polémica de las que ha encomendado el Gobierno a los expertos y es la única que, a falta del punto final al informe, plantean de forma clara: equiparar al alza los Impuestos de Sucesiones y Patrimonio. Se trata de uno de los proyectos centrales del Gobierno de Pedro Sánchez que además quieren acelerar ERC y Podemos.
Pues bien, el comité, que ha sufrido dos dimisiones, las de los catedráticos Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio, por las presiones del Gobierno, y que no plantea grandes iniciativas de reforma ni de subidas de tipos en las cerca de 1.000 páginas que ha elaborado, sí que aboga por la armonización fiscal, un asunto sobre el que algunos de los expertos, incluso desde posiciones cercanas a la izquierda, se habían mostrado en el pasado en contra o al menos partidarios de cierta autonomía o corresponsabilidad fiscal de las comunidades. Y claro, se decanta de entrada por la permanencia tanto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, como la de Patrimonio, ésta más discutida por su desaparición en otros países, sus problemas técnicos y de doble imposición.
Siguiendo la tónica del resto del informe que ultiman, la ponencia sobre la imposición patrimonial no recomienda una propuesta en concreto, sino que ofrece opciones de armonización, y entre ellas, la que han planteado ERC y Podemos, la creación de una cuota estatal en el Impuesto de Patrimonio, un tipo mínimo que obligue a la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso a subirlos.
Las posibilidades de armonización que plantea el comité son básicamente dos. La primera es recentralizar el impuesto, compensando la pérdida recaudatoria a las comunidades. La segunda es establecer un suelo mínimo de tributación, un impuesto armonizado en todas. La recentralización podría ser absoluta pero se desarrolla la opción que proponen los socios de Gobierno, mixta, en la que se recentraliza pero se deja cierto margen a las CCAA, que podrían legislar para cobrar más, pero no menos de ese mínimo. Aunque la recaudación sería para las CCAA, existirían dos tramos: el común a nivel estatal (el suelo mínimo) y el autonómico (voluntario para las CCAA). Si el gobierno autonómico todavía quisiese desactivar el impuesto, debería limitarse a recaudar la parte común, al suelo mínimo.
Más medidas de los expertos de Montero
Los expertos de Montero también plantean, como hace la enmienda de Esquerra, eliminar buena parte de las bonificaciones a la empresa familiar que tiene el Impuesto de Patrimonio, que piden reconsiderar. Además de más controles sobre patrimonios y que se ponga coto al uso de sociedades.
En el mismo sentido respecto a Sucesiones y Donaciones, proponen un impuesto armonizado para todas las comunidades autónomas, incluso abrir la posibilidad de que la capacidad normativa sea exclusivamente de la Administración central, sin exenciones, reconsiderando las reducciones actualmente vigentes (seguros de vida y transmisión de empresas familiares), con un mínimo exento general bien estudiado.
La propia ministra anunció en la presentación de los expertos en abril que pretendía subir Patrimonio y Sucesiones y que la armonización de estos impuestos era uno de los objetivos de la reforma fiscal. Tras delimitar estos objetivos antes de introducir al comité, preguntada por la independencia de los expertos y el seguimiento por parte de Hacienda de sus propuestas, Montero aseguró que tenían libertad para plantear lo que consideraran pero que el Gobierno tomaría a su vez su análisis en cuenta sólo si lo consideraba oportuno. El informe ha alcanzado luego mayor protagonismo, ya que se recoge en el Plan de Recuperación como un hito comprometido con Bruselas y como base de la reforma fiscal.
Sin embargo, preguntada por las dimisiones y por la importancia del informe, Montero ha tratado de desvalorizarlo en la rueda de prensa de presentación de la recaudación de 2021. Así planteó que aunque está en el Plan de Recuperación, se trata al mismo tiempo de un informe de expertos más. Y diluyó los lindes de sus trabajos. Aunque dijo que el informe se recibiría a finales de febrero, planteó que estos expertos pueden continuar analizando aspectos del sistema tributario para el Gobierno cuando entreguen su trabajo.
Choque con Podemos
Esto no le ha impedido a Montero calificar de "inoportuna" la propuesta de Podemos de reforma fiscal que presentó este lunes antes de que se conozca el informe de los expertos. La ministra ha dejado claro que no le ha gustado el momento elegido por los morados: "Hubiera preferido que se hubiera esperado" para "tener una posición única" de todo el Ejecutivo.
Además de la armonización, otro de los asuntos polémicos es la fiscalidad verde, en la que los expertos plantean subidas de diésel y gasolina y la creación de un impuesto a billetes de avión. Advierten de que estos impuestos son regresivos e impactan especialmente en clases medias trabajadoras y ofrecen fórmulas de compensación, pero no se decantan por ninguna.
Hacienda dio a los expertos oficialmente de plazo para terminar su informe hasta el 28 de febrero, pero estipuló que a finales de enero se lo entregaran y se reservaba febrero para analizarlo. Finalmente, con las elecciones en Castilla y León en el horizonte, el plazo se ha extendido.
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