La aprobación por parte del Gobierno del método que seguirá para el cálculo del coste de rescatar las concesiones de autopistas de peaje en quiebra ha desatado ha desatado la batalla judicial entre el Estado y los acreedores de las concesionarias, en su mayoría fondos oportunistas que adquirieron en su día la deuda a entidades financieras a precio de derribo. La estrategia de los acreedores para pelear contra la Administración y tratar de lograr su objetivo de que la compensación supere ampliamente los 4.000 millones de euros se basa en una quincena de cuestiones técnicas, relacionadas con aspectos como el coste de las expropiaciones, la valoración de las inversiones llevadas a cabo en las carreteras y los intereses de demora, entre otras.
La esperada discrepancia por la cantidad que el Ejecutivo aprobará para asumir la llamada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), cuyas primeras estimaciones se encuentran muy alejadas de las pretensiones de los fondos acreedores, va a tener como prólogo los recursos que se están presentando por parte de las administraciones concursales de las concesionarias contra el acuerdo del consejo de ministros para aprobar la metodología con la que se calculará la compensación.
En síntesis, una vez que el Estado ha rescatado las concesiones de las ocho autopistas de peaje cuyas sociedades se declararon en concurso de acreedores tiene que cubrir el coste de las inversiones realizadas que aún no hayan sido amortizadas en el periodo de explotación de cada una de las vías, cuya construcción íntegra y mantenimiento ha correspondido hasta ahora a las compañías privadas.
Un mecanismo previsto por la normativa concesional española, aun en vigor desde los primeros años 70, y que evita que el Estado tome de forma gratuita y antes de lo previsto en el contrato el control de un activo cuya titularidad en último término es suya pero por el que no ha pagado cantidad alguna.
Uno de los puntos principales por el que pelearán los acreedores será el referido precisamente al cálculo de las citadas inversiones. Los fondos defenderán en los tribunales que para la RPA debe tenerse en cuenta la totalidad de las inversiones ejecutadas hasta la reversión del contrato, en lugar de evaluar únicamente el valor patrimonial de la inversión, como pretende el Estado.
Expropiaciones desorbitadas
Los fondos consideran que la pretensión de la Administración es eliminar del cálculo algunos elementos como los intereses derivados de las expropiaciones. Cabe tener en cuenta que el apartado referido a los terrenos es otro de los pilares de los acreedores para poner en jaque al Estado por el rescate de las radiales. Ante los tribunales, los fondos defenderán que, por lo general, los costes de las expropiaciones se fueron muy por encima de las estimaciones de la Administración.
Los acreedores tienen documentados casos en los que estas previsiones se multiplicaron por cuatro, con lo que el escenario que se estableció fue el de la existencia de un riesgo imprevisible que el Estado pudo mitigar y que, sin embargo, tuvieron que asumir las concesionarias. De este modo, pretenden solicitar una compensación por aquellos costes que superen el 175% de los máximos establecidos en los diferentes contratos.
Otro de los factores que conformarán la estrategia de los acreedores de las concesionarias frente al Estado es el referido al denominado coste de reposición o "puesta a cero" las autopistas, que el Gobierno pretende descontar de la RPA. Se trata del valor de aquellas obras y actuaciones que el Ministerio de Fomento va a tener que llevar a cabo en las autopistas tras la reversión de las concesiones al entender que su entrega por parte de las sociedades no fue en las condiciones ideales para su explotación que marca la Ley.
Una entrega deficiente
El Ejecutivo encargó en su día un informe a la ingeniería pública Ineco, que determinó que las diferentes carreteras necesitaban para su "puesta a cero" una inversión de unos 370 millones de euros.
Frente a esto, los fondos contraatacarán con un informe paralelo que pone en entredicho las conclusiones del elaborado por Ineco por encargo de Fomento.
La incautación de las garantías por parte del Gobierno también ha generado recursos judiciales contra esta decisión, que actualmente están siendo tramitados por el Tribunal Supremo y que también formarán parte de la gran batalla por el coste del rescate de las autopistas quebradas.
Sin audiencia de la Abogacía del Estado
Por ahora, las administraciones concursales de dos concesionarias, Madrid-Levante (adjudicataria en su día de la AP-36 Ocaña-La Roda) y Madrid-Sur (R4), han recurrido ante el Supremo el método para calcular la RPA, mientras que se esperan más recursos en los próximos días.
El Gobierno tomó esta medida apoyado en el preceptivo informe del Consejo de Estado, que accedió a la petición de algunos de los acreedores de ser escuchados en audiencia (y que incluso incluyó alunas de sus alegaciones, en concreto las referidas a los intereses de demora). No ocurrió lo mismo con la Abogacía del Estado, que instó al Ejecutivo a seguir adelante con la propuesta inicial del sistema para calcular la RPA y no dio audiencia a los acreedores.
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