El plan del Gobierno para frenar la subida de la factura de la luz de los consumidores incluye un fuerte hachazo a las eléctricas. Una decisión que ha empujado tanto a las empresas como a sus inversores a preparar una ofensiva judicial contra Moncloa, con la Unión Europea como supervisor de este conflicto.
“Estamos leyendo con detalle todos los aspectos de este plan”, explica un directivo de una gran eléctrica. “Las reglas del juego se han cambiado de un día para otro afectando a nuestros clientes, proveedores y plan estratégico. Existía una mesa de diálogo que esta misma semana se ha roto”, añade.
Esta “mesa de negociación” hace referencia a la tramitación como anteproyecto de ley del recorte de la retribución al CO2 no emitido, los denominados 'beneficios caídos del cielo'. Una vía que permitió a las eléctricas incluir diferentes alegaciones en la normativa y que abría la ley al debate parlamentario. Tras ponerlo en marcha de urgencia este mismo miércoles a través de un real decreto-ley, compañías e inversores preparan todas sus armas para recurrir.
“La reducción de la retribución puede ser uno de los [aspectos] más controvertidos”, explica Mario Sáez, asociado senior del área de Energía y Regulación en Dentons. “Este recorte puede producir un buen número de reclamaciones (contra las liquidaciones –ya que, como tiene rango de ley, el real decreto-ley no se puede impugnar directamente– o reclamaciones de responsabilidad patrimonial, en su caso), por parte de los titulares de instalaciones afectados”, detalla.
“El real decreto-ley es especialmente criticable en el caso de los productores de energía renovable que han suscrito contratos de venta de energía a largo plazo, los conocidos como PPAs”, apunta Pablo Dorronsoro, socio responsable del área de Energía de Pinsent Masons.
Estas ventas a largo plazo tienen normalmente un precio a partir del cual la diferencia hacia arriba del precio de mercado se asigna al compradores (offtaker). Así, en estos casos, la normativa del Gobierno estaría obligando a devolver un precio que en realidad no han percibido ellos, sino los 'offtakers'.
“Por tanto, no es solo que se esté privando a los productores de un beneficio legítimo derivado del juego del mercado, sino que, dados los importes que se manejan, se les está obligando a entrar en pérdidas por devolver un supuesto beneficio que no han percibido. La medida, además de generar situaciones injustas, supondrá no matizarse la desaparición de los contratos PPA en España, puesto que nadie en el futuro va a querer asumir ese riesgo”, añade Dorronsoro.
Sáez también recuerda que “en el mercado renovable hay muchos inversores internacionales” y que no sería la primera vez que una reforma del sector eléctrico genera problemas. “Como ya sucedió con otras legislaciones que afectaron a la retribución de las renovables, podrían articularse reclamaciones por distintos cauces, tanto internos (jurisdicción como internacionales –arbitrajes). Incluso algunos de los argumentos podrían ser similares”, puntualiza.
Y es que en la comunidad energética e inversora ya sobrevuela el aluvión de arbitrajes que tuvo que afrontar el Gobierno (y que todavía sigue sufriendo) después de que el Gobierno de Mariano Rajoy acordase en 2013 acabar con las primas a las renovables que había aprobado en 2007 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
La decisión del por entonces Ejecutivo popular provocó una avalancha de procedimientos arbitrales contra el Reino de España, muchos de los cuales siguen todavía activos y pendientes de resolverse de forma definitiva. Estos arbitrajes internacionales se han celebrado al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía, mismo instrumento que podría invocarse en los futuros pleitos.
Bruselas, al acecho
A nivel internacional, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha anunciado este miércoles que estudiarán las medidas aprobadas por el Gobierno, pero ha descartado una revisión inmediata del mercado.
El político holandés ha querido diferenciar entre las medidas destinadas a mitigar las fluctuaciones del mercado y otras que puedan ir destinadas a intervenir los beneficios de las compañías, algo que cree que "se puede discutir" pero que en ningún caso se puede decidir "de la noche a la mañana". También ha avanzado que estiman que los precios bajen el próximo año de acuerdo a sus cálculos.
Desde que el Gobierno anunció las medidas, las eléctricas acumulan dos jornadas bursátiles para olvidar con unas pérdidas conjuntas de 7.500 millones de euros.
Por ahora, la primera respuesta pública que han dado las las compañías ha sido la amenaza de dejar de producir energía nuclear en el caso de que finalmente se apruebe el plan de la ministra Teresa Ribera.
España pierde atractivo inversor
Y de telón de fondo, la deteriorada imagen del país como lugar de inversión. Según la última encuesta a inversores de Exane BNP Paribas del mes de julio, España es el país con menos atractivo para la inversión en renovables después de que se anunciase el anteproyecto de ley de detracción de ingresos por CO2 a las generadoras limpias. En apenas un trimestre, la puntuación del país desciende un 30%.
Los analistas destacan que el nuevo cambio regulatorio añade incertidumbre en un país con una elevada tasa de riesgo regulatorio y supone una alteración abrupta del marco jurídico. Además, consideran que tienen impacto negativo en la valoración de los activos del sector ya existentes y en la evaluación de las expectativas de rentabilidades futuras de las inversiones.
BNP informa a sus inversores que Francia y Alemania duplican la puntuación de España, demostrando mucho menor riesgo y ofreciendo una alternativa atractiva a la inversión. “Medidas regulatorias controvertidas como el APL originan consecuencias económicamente lesivas para los agentes del sector en su conjunto y no solo para los agentes afectados”, concluyen en su informe fechado este verano.
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