Los efectos de la inflación suelen ser percibidos por los ciudadanos a través de la cesta de la compra, al repostar combustible en una estación de servicio… Son fácilmente cuantificables de un mes a otro e, incluso, de una semana a otra. Hay otros, sin embargo, que con mayor repercusión desde el punto de vista macroeconómico pasan desapercibidos, porque en la redistribución de rentas un número muy elevado de personas salen, aparentemente, beneficiados.
Es el caso de las pensiones. El aumento exponencial del Índice de Precios de Consumo (IPC) desde la estabilidad del mes de febrero del pasado año hasta el incremento del 6,5% interanual de diciembre obligó al Gobierno a acordar una subida de las pensiones del 2,5% para el presente ejercicio, idéntico porcentaje al que registró la inflación media entre los meses de noviembre de 2020 y 2021.
Las consecuencias no se han hecho esperar, la última semana del presente mes de marzo, cuando los bancos ingresen en las cuentas corrientes de los beneficiarios el importe de sus pensiones, la factura que habrá pagado el Gobierno en el primer trimestre de 2021 será 2.000 millones de euros superior a la del mismo periodo de 2021, sin tener en cuenta la “paguilla” con la que el Ejecutivo cuadraba (ya no) la diferencia entre sus previsiones de aumento de los precios y la realidad.
Con los datos oficiales de los dos primeros meses, las pensiones han costado 21.500 millones de euros, 1.313 millones más que en enero y febrero de 2021, lo que equivale a hablar de un incremento del 6,5%. La diferencia respecto a la subida acordada por el Gobierno radica en el mayor número de beneficiarios que se han ganado el derecho a percibir una pensión. En los doce meses que han transcurrido desde febrero de 2021 y febrero de este año, el Estado tiene que abonar 105.000 pensiones más a 96.100 pensionistas nuevos.
El incremento del coste de las pensiones en 2021 es el segundo más alto en los últimos diez años, sólo superado por el registrado en 2019, que supuso un aumento del 7,15% en el conjunto de los regímenes y del 7,55% en el caso del régimen general. La diferencia es que en ese año, el IPC aumentó un 0,7% y el año anterior, un 1,7%, y en 2021 la inflación media fue del 3,1%.
Reforma de las pensiones
En 2019, Pedro Sánchez decidió aplicar una subida de las pensiones del 1,6% (la misma que en el año anterior) y dejó sin efecto la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones, de la etapa de Mariano Rajoy, que hubiera supuesto un alza de sólo el 0,25%.
Hubo incrementos muy elevados de la nómina mensual de las pensiones en los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria: 8,14% en 2008; 6,55% en 2007; 7,85% en 2006 y 6,72% en 2005. Pero en aquellos años la inflación media, medida por el aumento del IPC, se situó entre el 3,4% de 2005 y el 4,1% de 2008.
En 2011, el coste mensual de las pensiones superó la barrera de los 7.000 millones de euros. En 2014, la de los 8.000 millones; en 2018, la de los 9.000 millones, y en enero de 2021 se rompió la de los 10.000 millones. El problema es que cada vez se tarda menos tiempo en hacer historia. Teniendo en cuenta que la factura de febrero se situó en 10.755 millones de euros y que el aumento del número de pensiones a satisfacer es como media de 8.750 más cada mes que transcurre, todo apunta a que en el último trimestre de este año, pagar la nómina de los algo más 9 millones de pensionistas que habrá entonces se eleve por encima de los 11.000 millones de euros.
Cuesta más imaginarse a cuánto ascenderá la factura en enero del próximo año, con una inflación que en los dos primeros meses del año mantiene una subida media del 6,85% y sobre la que ningún organismo o institución internacional se atreve a poner fecha de normalización.
Junto al aumento incontrolado de los precios, los otros problemas relacionados con el coste de las pensiones tienen que ver con el número de nuevos pensionistas que entran en el sistema y con las cantidades que perciben muy superiores a las de los que causan baja.
Evolución de los beneficiarios
En los últimos diez años, algo más de un millón de personas se han ganado el derecho a recibir una pensión: como media, cada año entraron en el sistema público 105.100 nuevas pensiones. Hubo ejercicios, como 2013, en el que se incorporaron 146.921 pensiones. La única excepción corresponde al año 2020, el año de irrupción de la pandemia, en el que apenas se añadieron a la nómina 7.640. En 2021, según los datos del Ministerio de Trabajo, causaron baja en el sistema 469.762 personas y se dieron de alta 562.647.
El problema no está sólo en la diferencia entre las altas y las bajas en el sistema, sino en las condiciones con las que entran y salen del mismo las nuevas altas y las bajas. Con los últimos datos correspondientes al mes de febrero, la pensión media de jubilación con la que se incorpora un ciudadano que entra en el sistema público por vez primera es de 1.630 euros mensuales en el caso del régimen general y de 1.512 euros en el conjunto de los regímenes. Las personas que han causado baja en lo que va de año tenían una pensión media de 961 euros mensuales y de 1.109 euros en el caso de jubilación.
La pensión media ha pasado de 1.030 en febrero de 2021 a 1.085 en febrero de este año. La pensión media de jubilación, de 1.184 a 1.248 euros mensuales.
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