Los Ybarra reorganizan sus inversiones. La familia vasca, una de las más acaudaladas de España, ha echado el cierre a su sicav, Almagro Capital, en un momento de incertidumbre sobre el futuro de este vehículo de inversión. Desde hace unos años, todos los partidos políticos lo han puesto en el punto de mira por su tributación y su uso irregular.
Javier Ybarra Ybarra, presidente de la sociedad, comunicó el pasado mes de mayo al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) la decisión de la Junta General de Accionistas de cerrar la sicav, fundada en 2004. El también hijo de Javier Ybarra Bergé, exalcalde de Bilbao, remitió el pasado septiembre la documentación pertinente para formalizar el cierre pero no ha sido hasta este jueves cuando se ha inscrito la baja oficial en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
Con este movimiento, los Ybarra, que mantienen su 'family office' Onchena, se unen al club de VIPS (Gallardo, Domínguez -dueños de Mayoral-, Carulla, etcétera) que han optado por cerrar sus sicavs en pleno debate sobre su futuro. Al igual que otros vehículos, las sicavs son sociedades de inversión de capital variable que solo tributan por el 1% del beneficio siempre y cuando tengan al menos 100 accionistas. La ‘trampa’ está en que muchos grandes patrimonios tienen más del 99% del capital y el resto se reparte entre un centenar de accionistas, conocidos en el sector como 'mariachis', que son facilitados por la entidad que actúa de depositaria de la sicav pero que en realidad son 'de paja'.
Las sicavs, en mínimos
Las alarmas saltaron en 2016. Aquel año, PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos llevaron en sus programas propuestas para estrechar el control sobre estas instituciones de inversión colectiva que viven sus horas más bajas.
En concreto, los populares propusieron que solo los inversores que contasen con una participación de al menos el 0,55% pudiesen ser considerados accionistas. Los socialistas y Ciudadanos coincidían en devolver el control de estos vehículos a la Agencia Tributaria (ahora lo tiene la CNMV) y Unidas Podemos (por entonces, Unidos Podemos) apostaba por “acabar con las sicavs tal y como las conocemos hasta ahora”.
Aunque estas amenazas regulatorias no han llegado a ejecutarse, el simple hecho de plantearlas ha sido suficiente para crear miedo entre los inversores. Según consta en los registros de la CNMV, en 2014 estaban declaradas 3.051 sicavs con 421.574 socios y un patrimonio total de 28.838,2 millones de euros. Al cierre del pasado año, el número de sicavs cayó hasta las 2.712 con un total de 416.029 accionistas y un patrimonio de 27.835,9 millones.
Los últimos datos disponibles, correspondientes al primer trimestre del año, acreditan esta tendencia a la baja con un total 2.686 sicavs en activo, 408.632 accionistas y un patrimonio de 29.260.402, única magnitud que crece.
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