El Ministerio de Empleo ha retirado durante el primer semestre de 2013 la prestación por desempleo a 60.004 personas que la cobraban de forma indebida, lo que supone un 14,8% más que en el mismo período de un año antes. Este dato lo ha dado este lunes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una carta abierta a los medios titulada "La lucha contra el fraude laboral es responsabilidad de todos".
Según explica la ministra, la retirada de la prestación se ha debido a falta de disponibilidad para el empleo del perceptor o a un incumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la misma. Esta eliminación de la prestación ha supuesto un ahorro de 915,2 millones de euros, cuando en el primer semestre de 2012 fue de 796,1 millones, según indica la misiva.
Otro dato que resalta Báñez es que se han incrementado un 30,57% las infracciones de empresarios por dar ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo o por facilitar indebidamente el acceso a las mismas.
Un total de 5.833 trabajadores compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo
Asimismo, se ha detectado a 5.833 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo, o que las han obtenido fraudulentamente, lo que frente a los 4.526 del año anterior supone un incremento del 28,88%.
En materia de lucha contra las empresas ficticias la Inspección hizo 14.842 actuaciones (frente a las 10.105 del mismo período del año anterior), el 46,88% más. En ellas se encontraron 1.964 infracciones, el 146,26% más que en el primer semestre de 2012, en el que hubo 809.
Al respecto, la ministra de Empleo asegura que es la "voluntad y la obligación" del Gobierno poner todos los recursos a su alcance para acabar con este tipo de prácticas fraudulentas. Queda aún mucho trabajo por hacer, reconoce Fátima Báñez, quien considera que todos deben involucrarse en esta lucha.
Para ello, indica, en la página web del Ministerio se ha creado un buzón para que los ciudadanos pueden notificar este tipo de "conductas fraudulentas e insolidarias". En el buzón los trabajadores podrán denunciar dichas conductas desde la más "absoluta" confidencialidad.
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