El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), órgano encargado de abonar parte del salario a los afectados por la insolvencia del empleador, siente, y mucho, los efectos de una crisis tan longeva y tan dañina para el empleo. Durante lo que va de año el gasto siempre se ha situado por encima del de 2011 y, lo que es peor, el Fondo cuenta con un 15% menos de presupuesto (1.275 millones de euros), un listón que ya prácticamente ha alcanzado. Con todo, los problemas del Fogasa no son solo de tipo presupuestario, sino también de orden social: entre el uno de enero y el 30 de agosto de 2012, más del 40% de los expedientes quedó pendiente de resolver. Lo que quiere decir que, cuando esto ocurra, el gasto del Fogasa se disparará aún más.
Según una de las últimas estadísticas que maneja Empleo y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, durante los ocho primeros meses del ejercicio se resolvieron 124.493 expedientes frente a 93.695 (el 42%) que aguardan una resolución. Para hacerse una idea de la parálisis, el sindicato CCOO denunciaba hace un año que el Fogasa, que por entonces acumulaba 68.000 expedientes, tardaba hasta seis meses en tramitar las solicitudes. Teniendo en cuenta que la cifra de expedientes pendientes es de 30.000 unidades más, el retraso actual puede ser desazonador.
De acuerdo con la estadística, el número de trabajadores que esperan una resolución del Fogasa asciende a casi 110.000. Otros 195.000, es decir, seis de cada diez, han conseguido en lo que va de año que el Fondo tramite sus expedientes. Sobra decir que, de no tramitarse, los afectados no pueden cobrar el salario correspondiente (máximo de tres meses) más la indemnización por despido que les adeudan sus empresas. Y eso sin contar lo que transcurre entre que el Fogasa da su visto bueno hasta que abona las cuantías.
Los planes del Gobierno con el Fondo están haciendo aguas por varios motivos. En primer lugar, porque, teniendo en cuenta los expedientes en barbecho y los casi cuatro meses que faltan para cerrar el año, cumplir con el objetivo presupuestario viene a ser una quimera: en julio, el Fogasa llevaba gastados 943,1 millones de euros, un 2,2% más que en 2011. Y el techo presupuestario pasó en julio, con los nuevos recortes, de 1.600 a 1.275 millones, un 15% menos.
El segundo motivo es la falta de efectivos. Hace tiempo que los sindicatos denuncian que los 400 funcionarios no pueden atender los miles de expedientes que afectan a más de 300.000 trabajadores. “Los sindicatos insinúan que hay más retrasos, pero las plantillas no se han recortado”, señalan en Fomento. “De hecho, estamos diseñando una serie de reuniones para tratar de paliar el problema de los retrasos ya existentes”. CCOO, UGT y CSIF señalan, por su parte, que las demoras burocráticas sí van en aumento. Sea como fuere, el Fogasa tiene un problema. Y los que recurren a él para cobrar, también.
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