Nuevo capítulo en la pelea por uno de los mayores sino el más voluminoso contrato de agua a concurso en España. Se trata del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del ayuntamiento de San Javier (La Manga, Murcia), junto al Mar Menor, la gran concesión a concurso en el segmento valorada en cerca de 250 millones de euros.
Aqualia, la división de agua de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y el fondo australiano IFM, ha superado el último filtro de los técnicos municipales, además del de los concejales, y apunta a hacerse con la adjudicación definitiva en Pleno -ya ha conseguido la "provisional"- de esta concesión. Un contrato de 20 años, estratégico por su ubicación y proyección medioambiental como coinciden fuentes del mercado y equivalente a más del 15% de toda la obra hídrica licitada en España en lo que va de año.
Su gran rival en el concurso ha sido Hidrogea, la filial de Aguas de Barcelona que gestiona actualmente el servicio de alcantarillado y agua potable que el ayuntamiento murciano a cargo del Partido Popular sacó a concesión al cierre de la pasada legislatura. La corporación municipal estaba entonces liderada por el alcalde José Miguel Luengo, quien volvió a imponerse en los últimos comicios y ha dado el pistoletazo a su tercera legislatura. Justo antes de los comicios, la filial de la compañía participada por la francesa Veolia y socia del ayuntamiento de Barcelona interpuso un recurso para solicitar al Consistorio de San Javier la exclusión del concurso de Aqualia después de que esta última obtuviera la mejor puntuación técnica.
Atendiendo a Hidrogea, la empresa que controlan el magnate mexicano Carlos Slim a través de FCC e IFM habría incurrido "en temeridad o desproporción de conformidad con lo que se establece en la cláusula 11 del PCAP, pudiendo incumplir también con lo dispuesto en los pliegos rectores del contrato en cuanto a la presentación de su oferta". Aqualia ha propuesto algo más de 80 millones de euros de financiación para el proyecto -con un mínimo de 33 millones, según el pliego-, por encima de los 56 millones ofrecidos por la propia Hidrogea. "El importe del canon de inversión ofertado estaría, holgadamente, por encima del límite de temeridad que en aplicación de los criterios de la cláusula 11 PCAP se sitúa en los 64.505.666,67 euros", esgrimió la filial de Agbar en su recurso ante el Gobierno municipal.
Un exPP lleva la adjudicación a la Fiscalía
El ayuntamiento requirió documentación adicional tanto a FCC Aqualia como a la UTE de Acciona con Promed y STV Gestión y a Aguas de San Javier y La Manga con vistas a esclarecer si alguna de estas había incurrido en temeridad con su oferta -en el caso de Aqualia, por el canon de inversiones ofertado-. El Gobierno municipal acabó admitiendo las tres ofertas a la luz de "la documentación aportada por los licitadores, de los informes de Ingeagua y del informe del técnico municipal" del ayuntamiento de San Javier, que contrató los servicios de la consultora Ingeagua para valorar las ofertas. El flamante grupo municipal Pleamar, fundado por el expolítico del PP, Antonio López Alemán, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía apuntando contra el papel de Ingeagua y denunciando un presunto trato de favor a Aqualia, la principal compañía de agua en España, a partir de informaciones de medios de comunicación que han vinculado el triunfo de la misma empresa en otros concursos de la geografía española a la mediación de la misma consultora. Ante todo ello, el ministerio público ha abierto una investigación solicitando información al Consistorio pero sin requerir, según ha transmitido el alcalde este jueves, la paralización cautelar de la concesión. "El proceso ha sido transparente", ha zanjado Luengo.
La compañía de FCC se impuso en el apartado dependiente de juicios de valor y fue la segunda con mejor puntuación en el dependiente de fórmulas, solo por detrás de Aguas de San Javier y La Manga.
La oferta de Aqualia acabó consiguiendo la mejor nota, de 96,37 puntos sobre 100, por los 87,22 que sumó la siguiente, la propia Hidrogea. La compañía de FCC se acabó imponiendo de nuevo en el apartado dependiente de juicios de valor -cinco puntos por encima de la siguiente, la propia Hidrogea- y fue la segunda con mejor puntuación en el dependiente de fórmulas -0,3 puntos por detrás de Aguas de San Javier y La Manga y cuatro puntos por encima de Hidrogea. En la evaluación original, la de FCC se había impuesto tanto en términos de innovación tecnológica y de organización, gestión y explotación, como así también en su propuesta en materia medioambiental. Sus presentes servicios en zonas próximas como Pedro del Pinatar y Los Alcázares y su rol en el proyecto europeo Ninfa -de monitorización y tratamiento de los contaminantes presentes en el Mar Menor- habían sido sus grandes credenciales de cara a esta concesión que podría serle adjudicada de forma definitiva por el Consistorio en breve.
Recurso del PSOE y argumentos del PP
Ello, al margen de la posibilidad de que la adjudicación acabe siendo judicializada, como advierten fuentes del mercado. Por lo pronto, dentro del propio ayuntamiento, la privatización del servicio de agua ha sido motivo de polémica política. El Gobierno municipal del PP lo ha impulsado ante la abstención de Vox y la oposición del PSOE, Pleamar y el grupo mixto. El Gobierno municipal ha apostado por la gestión indirecta vía concesión tras un estudio de la Universidad Politécnica del Cartagena, que concluyó en 2021 que era la opción más favorable. Las nuevas infraestructuras tendrán que prevenir fugas cuantificadas en más de 400.000 euros al año, según las mismas pesquisas de la UPC, al tiempo que las autoridades municipales han asegurado que no habrá impacto en el recibo de los usuarios.
Anteriormente, la licitación pendió de un recurso especial de impugnación presentado por uno de los concejales socialistas del ayuntamiento, Pedro Jesús Martínez Górriz, quien alegó la modificación en trámite inacabado de una ordenanza que afectaría a las tarifas del concesionario, de forma que los ofertantes no tendrían el conocimiento pleno de las condiciones de la licitación hasta una vez comenzada la inversión.
El recurso fue finalmente desestimado porque, a juicio del Tribunal, "los perjuicios que podrían derivarse para el recurrente de la suspensión del procedimiento son inferiores a los que se producirían al interés público si esta se concediera".
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