FCC, la constructora que preside Esther Alcocer Koplowitz y controla Carlos Slim, mantiene un pulso judicial que acaba de llegar al Tribunal Supremo con Javier de Benito, un directivo que estuvo a punto de ser nombrado consejero delegado de Cementos Portland, una de las filiales del grupo, en enero de 2015. El ejecutivo llegó a abandonar su antiguo puesto de trabajo e incluso recibió por escrito la bienvenida al grupo FCC por parte del por entonces vicepresidente y CEO Juan Béjar, pero todo se torció tras la llegada de Slim.
Según se desprende de la documentación judicial consultada por Vozpópuli, la entrada del magnate mexicano en el accionariado de la constructora a finales del año trastocó el nombramiento de De Benito al frente de la mayor cementera de España. Slim suscribió una ampliación de capital que le dio el control del 25,6% de la compañía y le daba derecho a reclamar hasta cuatro asientos en el consejo de administración. Este cambio de equilibrio de poder coincidió con la inminente incorporación de De Benito, cuyo puesto fue finalmente ocupado por Gerardo Kuri, uno de los hombres de confianza de Slim.
De hecho, Kuri es también desde entonces consejero del órgano de gobierno de FCC junto a Alejandro Aboumrad González y Juan Rodríguez Torres, otros dos hombres cercanos al millonario mexicano, que a día de hoy ha ampliado posiciones hasta controlar el 74,1% de la compañía.
Tras esta marcha atrás por parte de FCC, el directivo inició acciones legales contra la compañía que se saldaron con una primera victoria en marzo de 2018 en el Juzgado de Primera Instancia número 69 de Madrid, que condenó a FCC a indemnizar al que iba a ser su fichaje estrella con 675.000 euros. En las negociaciones para su nombramiento estuvo involucrado tanto el CEO saliente José Luis Sáez de Miera como la familia Koplowitz, según la documentación.
No obstante, esta demanda solo estimó en parte las pretensiones de De Benito, que presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial Civil de Madrid. FCC también recurrió la sentencia. La Audiencia Provincial acordó tumbar ambos recursos y confirmó de forma íntegra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia tras considerar acreditada la existencia de un precontrato y no de unas meras negociaciones. Este primer mazazo judicial coincidió con que Slim acababa de suscribir una nueva ampliación de capital de Realia, la inmobiliaria del grupo, por 55 millones.
En la sentencia, el tribunal incide en la existencia del contrato preparatorio al apuntar que Béjar trasladó a De Benito un documento emitido en nombre de FCC con "los datos objetivos necesarios y las condiciones económicas aprobadas para su incorporación", así como el compromiso de la constructora a aportar una cantidad al fondo de pensiones del ejecutivo. Este documento, que el juez califica como "crucial" para el caso, reúne todas las características de lo que jurídicamente se entiende como un precontrato y, por tanto, crea unas obligaciones para ambas partes.
"También es atendible otro dato fundamental, como es el hecho de que por parte del Sr. Sáenz de Miera a quien el actor iba a suceder, se remitiese al actor información acerca de la sociedad, hecho éste que ocurrió porque existe un compromiso formal y concluyente por ambas partes de que el actor sería el próximo consejero delegado" de la cementera, añade la sentencia. "Siendo igualmente acreditado que las condiciones ofertadas por la sociedad demandada al actor fueron aceptadas por éste, aceptación que no consta documentada, pero se desprende de los propios actos llevados a cabo por el actor y que tácitamente la ponen de manifiesto".
Existía un precontrato con FCC
La Audiencia hace suyos los argumentos del Juzgado de Primera Instancia y señala que “es un hecho acreditado que la causa de que el nombramiento no fuera finalmente efectuado fue a causa de una circunstancia sobrevenida, consistente en la decisión por parte de la sociedad demandada, de designar como Consejero Delegado a otra persona, afín a los intereses del nuevo socio que entró a formar parte de FCC como consecuencia de la ampliación de capital”.
Y sigue: “Si bien puede admitirse y resulta lícita desde el prisma de la relación de confianza que debe presidir este tipo de nombramientos, no impide que, ante tal elección, la parte que incumple los compromisos previamente asumidos venga obligada a indemnizar a la contraparte por los daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda generarle”.
Ahora, cinco años después del inicio de la guerra judicial, el Supremo ha dictado un auto el pasado 3 de febrero consultado por este diario en el que acuerda admitir a trámite los recursos de casación presentados por ambas partes. En el caso del directivo, también alega infracción procesal.
Vozpópuli se ha puesto en contacto con ambas partes, que han declinado hacer comentarios sobre esta información.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación