Sólo un pacto de rentas amplio que reparta los costes de la crisis de la guerra de Ucrania de forma equitativa e incluya a los pensionistas evitará el inicio de una espiral inflacionista, con una cronificación de la inflación que reduciría nuestra competitividad internacional y el valor real de buena parte de nuestros ahorros. Así lo advierte Fedea, que avisa que sin un pacto de este tipo no se podrá evitar la pérdida de poder adquisitivo, que se repartiría además de forma desigual, en función del poder de mercado y la capacidad de presión de las empresas y colectivos de trabajadores.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada publica hoy un Boletín Económico sobre los Efectos económicos de la invasión de Ucrania y primeras medidas para mitigar sus efectos, en el día en el que el Gobierno ha convocado a patronal y sindicatos a una reunión sobre el Plan de Recuperación en la que se prevé que intente recomponer el maltrecho pacto de rentas a los que les insta desde principios de marzo, después de que la negociación salarial se rompiera el pasado jueves por las desavenencias sobre el IPC. Y lo hace cuando la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado en una entrevista con El País que "no hay espiral" y ha augurado que la inflación bajará en la segunda mitad del año.
Esta Fundación detalla en su Boletín que el componente energético del IPC es el que más rápidamente ha aumentado durante el último año, con una variación interanual que en marzo se situaba por encima del 40% en la UE y la Zona Euro y del 60% en España. El componente alimentario del índice también muestra una clara tendencia al alza desde mediados del año pasado, pero mucho menos intensa que el energético, situándose en marzo con tasas de variación interanuales en torno al 8%, constata. Si eliminamos estos dos componentes, la inflación subyacente se situaría en la actualidad en torno al 4%, por debajo de la mitad de la variación del índice general, pero, advierte, con una clara y fuerte tendencia al alza desde el verano pasado que indica que las subidas de precios energéticos están comenzando a extenderse a otros sectores.
Fedea ha advertido en un Boletín anterior de que el gasto en pensiones ronda ya los 190.000 millones, más del 14% del PIB, calculado con un déficit medio del 6%. En este escenario, considera que una medida esencial que no puede adoptarse por decreto sería la negociación de un amplio pacto de rentas. Este pacto debería repartir los costes de la crisis ucraniana de la forma más equitativa posible entre toda la sociedad, incluyendo a los pensionistas y los empleados públicos.
El Gobierno se niega a incluir a los pensionistas en un pacto de este tipo, ni siquiera a las pensiones más altas, como ha planteado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En cuanto a los funcionarios, ya están fuera de la vinculación de sus salarios al IPC desde este año, ya que se les comunicó un alza del 2% sin negociación, cifra que el Ejecutivo ha trasladado que se mantendrá el año que viene.
Sin embargo, los detalles del diseño e implementación de un acuerdo de estas características serían complicados y es prácticamente seguro que no se acertará con la fórmula ideal para cortar la inflación en seco, admite el Boletín económico, que insiste en que la ausencia de un pacto tendría consecuencias mucho peores.
Sobre las medidas que ha aprobado el Gobierno en el plan de choque contra la guerra, Fedea aconseja concentrar las ayudas en los sectores y colectivos más afectados, evitando bajadas de impuestos energéticos y subvenciones de carácter general, a diferencia de lo que ha hecho el Ejecutivo en las rebajas fiscales a la luz y en las subvenciones a carburantes.
Una alternativa preferible para Fedea sería destinar los incrementos de recaudación por IVA e Impuestos Especiales generados por la subida de precios energéticos a compensar a los grupos más perjudicados por tal subida. Otra posibilidad que llama a considerar sería la introducción de aranceles sobre las importaciones de combustibles fósiles rusos. Estas tasas generarían ingresos adicionales para compensar a los perdedores de la crisis y desincentivarían el consumo de energía de origen ruso.
Excepción ibérica y golpe al alquiler
Fedea también propone reconsiderar el calendario de cierre de las centrales nucleares y modular el esquema de desacoplamiento de los precios del gas y electricidad para mantener incentivos razonables para la inversión en nueva capacidad de generación renovable y para el ahorro energético por parte de empresas y familias.
La modificación transitoria del funcionamiento del mercado ibérico de electricidad que los Gobiernos español y portugués han negociado con la Comisión Europea tiene pros y contras para la Fundación. Supone un incentivo al mayor consumo de gas y una reducción de los incentivos y los recursos de los productores no gasísticos para invertir en una ampliación de su oferta, que sería particularmente bienvenida en estos momentos en los que a la habitual preocupación sobre las emisiones hay que sumar los costes estratégicos de la dependencia de Rusia, avisa.
En la misma línea, llama a considerar también los posibles efectos sobre las decisiones de futuros inversores, que tenderán a exigir rendimientos más altos para compensar una mayor percepción de riesgo en aquellos países más proclives a tomar medidas de extracción de rentas, así como sobre los incentivos de hogares y empresas para buscar formas de reducir su consumo energético. Con todo, considera que en la situación actual seguramente tendría sentido utilizar un mecanismo de este tipo.
Otras medidas le merecen una valoración "claramente negativa". Las limitaciones a la actualización de los alquileres residenciales podrían, quizás, tener algún sentido como parte de un pacto general de rentas, pero no como actuación independiente, pues apunta que contribuirán a incrementar los problemas de oferta que ya sufre el sector como resultado de la erosión de la seguridad jurídica y los derechos de propiedad sobre la vivienda. En cuanto a la prohibición del despido objetivo por causas ligadas a la guerra, al igual que la disposición homóloga en la legislación Covid de emergencia, Feeda avisa: la medida podría de hecho tener el efecto contrario al deseado y terminar aumentando los despidos si sirve para impedir que participen en ERTE y otros mecanismos de ayuda aquellas empresas que teman no poder mantener a toda su plantilla.
