La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) también pide que la revalorización de las pensiones no sea lineal sino que se suban menos las máximas para ahorrar y evitar un efecto "pernicioso" en la inflación. Así lo plantea en un trabajo de José Ignacio Conde-Ruiz y Manuel Díaz Mendoza publicado este lunes en el que, dada la situación económica actual, se propone un esquema de revalorización de las pensiones "más justo que el actualmente previsto para los mayores más vulnerables y para los jóvenes". Esta propuesta se suma a la que hizo el pasado lunes Esade-Pol, que también planteaba una subida no lineal en la que la de las pensiones máximas sea menor.
En concreto, Fedea plantea que las pensiones mínimas (inferiores a 800 euros) suban más que la inflación, un 11%; una revalorización gradual desde este 11% hasta al 2,5% a las pensiones entre 800 y 1.400 euros mensuales, y una subida del 2,5%, la misma que se ha establecido para los funcionarios públicos, para las pensiones que superen los 1.400 euros. Esta fórmula supone un ahorro fiscal de 6.225 millones en 2023, cerca del 40% de lo que va a suponer la subida lineal con un 8,5% que va a realizar el Gobierno. Este ahorro será mucho mayor en el largo plazo, destacan sus autores, porque las subidas de pensiones se consolidan en el tiempo.
En su opinión, esta propuesta no solo es más eficiente, sino más justa. Primero, por ser más solidaria con los pensionistas más vulnerables. Todos los pensionistas con pensión inferior a 1.000 euros mensuales verán incrementada su pensión en una cantidad superior al 8,5%. Más del 52% de los pensionistas van a ver revalorizada su pensión en una mayor cuantía que la subida propuesta por el Gobierno. De este modo, se estarían concentrando los recursos fiscales escasos en los pensionistas más necesitados.
En segundo lugar, les parece razonable que las pensiones más altas participen en el Pacto de Rentas. En este sentido, señalan que la pensión máxima (39.500 euros) supera en casi 15.000 euros el salario medio en España (25.125 euros) y en más de 5.000 euros el salario medio de los empleados públicos (34.608 euros).
Una subida generalizada y automática de todas las pensiones en una situación económica tan complicada resulta menos progresiva, advierten. La pensión mínima asciende a 10.100 euros al año y la pensión máxima a 39.500 euros al año. Por lo tanto, una subida generalizada del 8,5%, supone un aumento de 860 euros para los que perciben una pensión mínima, pero un aumento de 3.350 euros, para los que perciben la pensión máxima. Es decir, con la subida generalizada, los que tienen la máxima pensión perciben prácticamente cuatro veces más que los que tienen la pensión mínima.
A esto añaden que subir las pensiones máximas un 8,5% obliga a subir las bases máximas de cotización un 8,5%. "Esto es una medida claramente en contra del Pacto de Rentas, pues eleva el coste salarial de muchos trabajadores cualificados, lo que tendrá un efecto pernicioso sobre la inflación", alerta el estudio.
El estudio también avisa de que la asimetría del nuevo Mecanismo de Revalorización de las pensiones, que impide bajar las pensiones si los precios caen, es un motivo adicional para ser "prudentes" a la hora de proponer subidas generalizadas y automáticas del 8,5%. "No es descartable que, tras la resolución del conflicto bélico, caigan los precios de la energía, y con ellos, experimentemos bajadas de precios que, dada la asimetría del sistema de revalorización, no se verán reflejadas en las pensiones", apunta.
Reducir la deuda pública
Por último, señalan que el ahorro permitirá un uso más racional de los recursos y su utilización en medidas que beneficien a los jóvenes. Por ejemplo, para reducir el nivel de Deuda Pública. Es importante señalar que, de mantenerse el aumento de tipos de interés registrado en 2022 en los próximos años, el gasto en intereses se incrementará en más de 20.000 millones en 2025 respecto al registrado a cierre de 2021. Y esto es más prioritario, si cabe, dado que solo el Tesoro, con la deuda pública que hoy ya tiene emitida, tendrá que refinanciar en los próximos 4 años (2023-2026) más de 500.000 millones de euros.
La propuesta de Esade-Pol plantea que los pensionistas que se encuentren dentro de los tres primeros deciles de renta la revalorización sería completa, del 8,5%; en el caso de los pensionistas que se encuentran entre el decil 4 y el 6 la revalorización ascendería al 6%; que se reduciría al 4% entre el decil 7 y el 9; y llegaría a su nivel mínimo de revalorización del 2% para aquellos que se encuentren entre el 10% con mayores ingresos. Así se ahorrarían 5.540 millones, calculan los autores del estudio.
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