La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) lo tiene claro: volver al IPC para revalorizar las pensiones, como pretende el Gobierno, pondría en riesgo la viabilidad del sistema y la equidad intergeneracional. Para poder financiar una medida de este tipo habría que tomar medidas drásticas, como subir los ingresos impositivos en un 50%, aumentar las cotizaciones sociales un 80% o seguir tirando de deuda hasta que el nivel sea insostenible y lleve, en un escenario poco probable pero que no se puede descartar del todo, a un escenario en el que los mercados no financien a España y haya que recortar drásticamente las prestaciones.
Y es que volver al IPC saldrá claro. La Fundación cree que, en promedio y durante el próximo medio siglo, la supresión de la reforma de pensiones del año 2013 añadiría entre 3 y 3,6 puntos de PIB al déficit anual del sistema, dependiendo de la evolución de los flujos migratorios. Esto eso, 35.000 millones de euros de media al año. En realidad el coste sería más bajo los primeros años e iría aumentando considerablemente con el paso del tiempo, lo que arroja una media de 35.000 millones al año durante décadas.
La Fundación reconoce que no hay forma indolora de abordar el problema. Intentar hacerlo con deuda haría que este parámetro aumentara rápidamente hasta niveles insostenibles que podrían llevar a un ajuste traumático de las pensiones y concentrado en ciertas cohortes de pensionistas futuros. Como ejemplo, Fedea ha dicho que si España llegara a una suspensión de pagos en el futuro, aunque es muy poco probable, las pensiones solo se podrían pagar con las cotizaciones y habría que recortarlas en un 50%.
Pide un plan realista y detallado de ingresos y gastos que asegure el equilibrio y reparta los esfuerzos
Si se hace a través de subidas de cotizaciones o impuestos, el incremento de la presión fiscal sobre ciertas cohortes de activos sería "injustamente grande" porque las pensiones podrían llegar a absorber hasta un tercio de las rentas totales del trabajo, lo que exigiría aumentar las cotizaciones en más de un 80% y tendría efectos muy negativos sobre el empleo y la inversión y sobre la renta disponible de los ocupados.
Por eso, Fedea cree que hay que abordar un plan realista y detallado de ingresos y gastos durante las próximas tres décadas para garantizar el equilibrio financiero del sistema y un reparto equilibrado de los esfuerzos necesarios entre diversos colectivos. Habría que tocar muchas cosas, como la edad de jubilación, el periodo de cómputo para calcular la pensión y la revalorización. Fedea propone seguir actualizando las mínimas con el IPC y diseñar un nuevo índice para el resto que tenga en cuenta la salud financiera del sistema.
Este nuevo índice partiría del IPC, pero le aplicaría un ratio que tengan en cuenta los ingresos y gastos del sistema y que hoy por hoy sería del 0,85%. Así, en un escenario en el que los precios suben un 2%, las pensiones subirían un 1,7%, lo que suavizaría bastante el antiguo índice diseñado por el PP, pero contendría un poco las subidas en línea con la inflación.
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