Una cosa es el marco jurídico de la UE y otra la posición política de la Comisión Europea y su sintonía con el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha sugerido Rafael del Pino en su última intervención en la Junta de Accionistas este jueves, en la que ha aludido a posibles amenazas a la soberanía de sus accionistas tanto por parte del Gobierno español como del comunitario.
El cambio de sede "es bueno para la sociedad y por eso lo hemos traído a la Junta, cuya soberanía respetaremos y prevalecerá dada la confianza que tenemos en la seguridad jurídica española y europea", ha dicho el presidente de Ferrovial, con lo que ha equiparado las presiones del Gobierno español a la salida con las que puedan venir de la UE.
Es decir, ha lanzado un aviso a navegantes tras los enfrentamientos que ha mantenido con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, centrados en un primer momento en la alusión a la falta de seguridad jurídica en España en comparación con Países Bajos entre las motivaciones de su salida que enumera en el hecho relevante registrado en la CNMV. Del Pino espera que se respete la decisión del cambio de sede porque quiere confiar en la seguridad jurídica en España y en la UE.
"La libertad de establecimiento nutre la esencia misma de la UE", había advertido Rafael del Pino en su discurso inicial a los accionistas este jueves. Un aviso al Gobierno de Pedro Sánchez similar al que lanzó el consejero delegado, Ignacio Madridejos. En su respuesta a la carta del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, que anticipaba un castigo fiscal al cambio de sede en la UE, Madridejos destacó: "Respetaremos la decisión que adopten los accionistas de la sociedad en el ejercicio de una libertad fundamental conocida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como es la libertad de establecimiento".
Del Pino y Madridejos apelan al marco legal de la UE, que regula el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) a través de las libertades comunitarias de establecimiento, libre circulación de capitales, prestación de servicios y libertad de empresa.
Que el Gobierno español parezca ignorar estos principios en la antesala de que asuma la Presidencia rotatoria de la UE ha llamado la atención de algunos juristas, pero fuentes conocedoras consultadas por Vozpópuli advierten de que esta posición política es menos aventurada de lo que puede parecer y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez confía en su conexión con la presidenta de la Comisión Europea, la popular Ursula von der Leyen, que tiene entre los aliados para su reelección a Sánchez.
Nadia Calviño suma a esta sintonía su conocimiento de los entresijos comunitarios y las mismas fuentes prevén que presente los reparos del Gobierno español al cambio de sede y la operación no como el malestar ante la búsqueda de la empresa de mejor financiación, cotización y seguridad jurídica, sino como el cuestionamiento a una salida por motivos fiscales, enmarcada en la batalla que enfrenta a Holanda e Irlanda con las grandes economías de la UE, Francia, Alemania, Italia y España, aliadas en su lucha contra la elusión fiscal de las multinacionales.
De hecho, el Gobierno no ha tenido reparos en remitir y hacer pública la citada carta, en la que presiona a la empresa y anticipa un castigo fiscal a su salida, un cometido que además corresponde a un organismo autónomo como la Agencia Tributaria.
Ya está en curso en este sentido una denuncia al Ejecutivo español ante la Comisión Europea, como ha avanzado este jueves Vozpópuli, precisamente por los "ataques a Ferrovial contrarios a las libertades comunitarias de establecimiento, libre circulación de capitales, prestación de servicios y libertad de empresa" que regula el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE).
En el escrito de admisión, Bruselas explica que "la denuncia será examinada por los servicios de la Comisión a la luz del derecho de la Unión Europea aplicable en la materia". Se abre ahora un procedimiento por el que, si la Comisión sigue adelante y considera finalmente que existe violación del Derecho de la UE y el Gobierno español no hace nada al respecto, le llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Hasta ahora, la Comisión Europea ha trasladado que actuará si el Gobierno de Pedro Sánchez intenta parar la salida de la matriz de Ferrovial de España, pero lo ha hecho en respuesta a una pregunta en rueda de prensa. Este periódico había preguntado en privado por su postura a la Comisión para publicarla, que prefirió no posicionarse.
Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, en respuesta a una pregunta de Vozpópuli en rueda de prensa, sobre las declaraciones de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera, en Ser Galicia, donde dijo que el Gobierno está analizando la posibilidad de utilizar el escudo antiopas para evitar que Ferrovial se mude a Holanda, respondió: "Por supuesto, en mi capacidad de ser responsable de hacer cumplir, siempre hago cumplir cuando veo algo y cuando me lo piden porque algo está pasando. Nunca hago nada preventivo, previo".
A la espera cómo se conduce a partir de ahora el Ejecutivo español, el Ministerio de Asuntos Económicos ha mantenido este jueves un perfil más moderado que el que ha venido mostrando esta semana y dijo respetar la decisión de Ferrovial, aunque insistió en la falta de argumentos. El Gobierno "trabaja para atraer inversión y favorecer que las empresas en España puedan crecer, crear empleo y acceder a los mercados financieros desde nuestro país en las mejores condiciones posibles", han indicado desde el Ministerio.
Objetivo EEUU: el debate europeo se queda pequeño
Sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tuiteó este jueves: "La inaceptable decisión de Ferrovial de cambiar su sede a Ámsterdam ha generado indignación en nuestro país". Y el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, defendió en Washington la retirada de beneficios fiscales a Ferrovial.
Este debate europeo se quedará pequeño a Ferrovial, según se desprende del discurso de Del Pino, que destacó que su objetivo final es que su sede social se sitúe en EEUU, es decir, que su matriz se haga estadounidense y tribute allí. Precisamente una de las batallas que empieza a librar la Comisión Europea ante las subvenciones crecientes que Washington ofrece a las empresas estadounidenses.
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