La compra de ordenadores de sobremesa, portátiles, monitores, proyectores y otros equipos informáticos es un gasto ya recurrente en el listado de convocatorias publicadas con cargo a los fondos europeos, concedidos por Bruselas para la recuperación y transformación económica de los Estados miembros tras el duro golpe de la pandemia.
Cualquiera que haga una búsqueda a través del portal del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) puede percibirlo. Pero esto se confirma al introducir la palabra clave "ordenadores". El resultado son 220 convocatorias diferentes cerradas, de las que 172 se refieren estrictamente a este asunto y suman 272 millones de euros, según los cálculos realizados por Vozpópuli.
Hace algo menos de un año este periódico cuantificaba en cerca de 13 millones el gasto en ordenadores portátiles para 11 ministerios. Ahora las partidas engloban a todo tipo de administraciones públicas (ministerios; consejerías; ayuntamientos; organismos autónomos; empresas, fundaciones y colegios o universidades públicos, etc.) y el presupuesto total localizado a través del buscador del PRTR se ha multiplicado por veinte.
La mayoría de las convocatorias no cuentan con pliegos al estar basadas en el acuerdo marco 02/2020 de suministro de ordenadores, portátiles, monitores y otras soluciones de puesto de trabajo; que preestablece las condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos basados en dicho acuerdo. Es el caso, por ejemplo, de la adquisición de equipamiento informático para el Museo Reina Sofía o para el Centro Español de Meteorología.
También afecta a convocatorias que tienen como beneficiario a algún ministerio. Bajo este acuerdo marco se han adquirido, por ejemplo, 5.979 para el Ministerio de Política Territorial por 6 millones; 3.727 portátiles para el Ministerio del Interior por casi 4 millones de euros; o 3.224 para el Ministerio de Trabajo por 3 millones.
Asimismo, bajo este acuerdo marco 02/2020, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación también ha lanzado 37 convocatorias diferentes por una cuantía total superior a los 77 millones de euros con cargo a los fondos UE. El fin: comprar "portátiles ultraligeros estándar para el puesto de trabajo de nueva generación".
Entre las convocatorias de mayor cuantía destacan aquellas que se enmarcan en el Programa de Cooperación Territorial EcoDigEcu, financiado por el Ministerio de Educación para la digitalización del ecosistema educativo. Se han gastado 14,4 millones en el suministro de dispositivos portátiles para la reducción de la brecha digital de acceso por parte del alumnado.
La Administración como beneficiaria
Según los datos proporcionados por el propio Gobierno, un 54% de los fondos UE que se resuelven (no significa que hayan llegado ya, pero sí que tienen un destinatario), se quedan en la Administración Pública. Es decir, que el beneficiario final es una entidad local (24%), una comunidad autónoma (11%), un centro de I+D+i (9% para universidades, centros educativos, tecnológicos y de investigación, etc.), u otras entidades y organismos públicos (9%).
Dicho de otra forma, de manera directa a empresas y particulares sólo han ido a parar un 46% de los fondos europeos que se han adjudicado. En concreto, a 15 de marzo, los datos que manejaba el Ejecutivo apuntaban a unos 10.900 millones de un total de 23.500 millones de euros en convocatorias de subvenciones y licitaciones resueltas.
El dinero financiado desde Europa parte tanto de la Administración General del Estado, que es quien en primera instancia recibe el dinero y lo reparte a las distintas entidades públicas, como de las CCAA, también encargadas de la ejecución de los fondos. Como resultado del proceso de cogobernanza, la AGE ha resuelto un 82% de esas convocatorias de ayudas y licitaciones y las CCAA, el 18% restante.
Sin embargo, como reflejan los datos, la mayoría del dinero termina en ese mismo canal al destinarse a financiar o cofinanciar actuaciones de carácter público. Las empresas privadas o personas físicas pueden acabar siendo beneficiarias indirectas, puesto que alguien tiene que proporcionar o prestar los bienes y servicios necesarios, pero no son las que reciben en dinero en primera instancia para invertirlo en proyectos asociados a los fondos UE.
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