La Comisión Europea aprobó el martes por vez primera un paquete de medidas encaminado a facilitar la reestructuración de pequeñas empresas en situación de quiebra o concursal. Se trata del primer paso hacia una posible armonización de la ley de quiebras en Europa, quizá la única esperanza ya para los empresarios, trabajadores, y acreedores que sufren en España un sistema concursal caótico, ineficaz, y que ya desde hace tiempo rezuma un insoportable hedor de corrupción.
"Las nuevas normas contribuirán a eliminar los obstáculos importantes para el desarrollo de los mercados de capitales en la UE, proporcionando seguridad jurídica a los inversores y empresas transfronterizas que operan en toda la UE", informó la Comisión en el documento. "Cada año en la UE, 200.000 firmas se declaran en quiebra, lo que se traduce en 1,7 millones de empleos perdidos. Esto podría evitarse si tuviéramos procedimientos de insolvencia y reestructuración más eficientes. Ya es hora de dar a los empresarios una segunda oportunidad para reiniciar un negocio ", manifestó Vera Jourova, Comisaria de Justicia de la UE.
En España el 90% de las empresas que se declaran en concurso terminan en liquidación
De acuerdo a las declaraciones de los responsables de la Comisión Europea sobre las medidas aprobadas, que no comenzarán a aplicarse hasta el próximo año, la intención es copiar parte del sistema estadounidense o británico, que logran unos mayores porcentajes de supervivencia de empresas que entran en situación de quiebra.
Que el sistema concursal español es ineficaz lo muestran las estadísticas. Resulta ineficaz tanto para el empresario que pretende mantener a flote su negocio declarándose en concurso, como para el acreedor que espera recuperar su dinero. La mayoría de las empresas que se declaran en concurso de acreedores en España terminan siendo liquidadas, en torno al 90%. Los acreedores, los proveedores de la empresa concursada, tienen que asumir que recuperarán, si acaso, solo un pequeño porcentaje de su deuda, al cabo de cierto tiempo, corriendo el riesgo de caer también en concurso de acreedores.
Que el sistema concursal español huele a podrido lo sugirió ya el año pasado el Ministerio de Economía cuando envió un borrador sobre un Real Decreto para regular la profesión concursal en el que se enumeraban prácticas no admisibles, por ejemplo, "el nombramiento como administradores concursales de antiguos alumnos en cursos de formación establecidos como obligatorios para acceder a la lista, nombramiento de personas con las que se guarda una especial relación, etcétera".
En los juzgados mercantiles la documentación sobre los concursos se amontonan en cajas de cartón apiladas en los pasillos
En los juzgados mercantiles españoles es ya un clamor el colegueo entre ciertos jueces y profesionales del derecho concursal y las sospechas sobre el reparto de honorarios. O el pasteleo existente entre unos y otros, que coinciden en sesudas charlas organizadas por asociaciones o despachos con intereses en el mundo concursal.
Mientras que por el nombramiento como administrador concursal de una gran compañía hay puñaladas, en los casos de pequeñas empresas en concurso ser nombrado administrador es un castigo. El concurso de Martinsa Fadesa repartió más de 20 millones de euros entre los tres administradores nombrados por el juez. Los administradores concursales de Marsans se repartieron millones de euros mientras que los acreedores, entre ellos los clientes de la agencia de viajes, no han visto un euro. Sin embargo, el concurso de una empresa pequeña -la mayoría de los casos- puede suponer un coste para el despacho del administrador designado y ningún ingreso.
Que el sistema concursal español es caótico lo muestra el estado de los juzgados mercantiles. Cualquiera que se haya dado una vuelta en alguna ocasión por los juzgados situados en la Gran Vía de Madrid habrá sido consciente del desbarajuste de la realidad concursal española. Cientos de cajas de cartón apiladas en cualquier pasillo con miles de documentos relativos a otros tantos procesos concursales que los funcionarios esquivan con la pericia de un esquiador.
La misma sensación de caos transpira la Ley Concursal española, que ya no hay quien la entienda. Tantas modificaciones y alteraciones han convertido el texto concursal en un galamatías. Lo que provoca que una compañía que quiera sobrevivir a una situación de concurso de acreedores requiera de una inversión extra en asesores y abogados capaces de desentreñar la normativa. Y ha convertido el sistema concursal español en un juego de pillos que permite por un lado que un acreedor pueda instar el concurso de una compañía con una deuda menor y retirar la amenaza concursal a cambio de recibir los pagos requeridos. O que una gran compañía pueda emplear los vericuetos de la ley concursal y las relaciones políticas y judiciales para lograr dispensas que no están al alcance de las empresas más pequeñas. La armonización de la ley de quiebras en Europa es de las mejores cosas que le podrían pasar al tejido empresarial español.
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