Los fiscales de la causa del 8-M, Enrique Remón y Gloria Yoshiko, elaboraron a finales del mes de mayo un documento sobre el procedimiento en el que consideraban preciso mantener diligencias.
Pocos días después, este lunes 8 de junio, los mismos fiscales presentaron recurso ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid solicitando el archivo de la causa en la que se ha investigado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por presunto delito de prevaricación en el permiso de manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo.
La juez Carmen Rodríguez-Medel ha emitido este viernes un auto en el que archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, acordando el sobreseimiento provisional al considerar que no hay indicios suficientes de delito en los hechos atribuidos al dirigente socialista.
Los fiscales sostenían el 28 de mayo que era preciso conocer si Franco había recibido alguna orden sobre la celebración de manifestaciones
En ese primer documento de 16 páginas, del 28 de mayo, los fiscales consideraban difícil de cobijar los hechos demandados en el delito de prevaricación. Pero, a pesar de ello, sí que veían preciso conocer si Franco había recibido alguna orden o mandato directo sobre esas manifestaciones celebradas en Madrid, poco antes de que se decretara, el 14 de marzo, el estado de alarma.
También apoyaban en ese primer escrito la visión de la Abogacía del Estado sobre la excesiva celeridad que la juez Rodríguez-Medel estaba mostrando en el procedimiento en situación de estado de alarma.
Fuentes consultadas en la Fiscalía General del Estado señalan a Vozpópuli que se trató de un "borrador", y no de un informe, aunque confirman que en el mismo se incluía esa alusión al mantenimiento de las diligencias encaminadas a esclarecer si el delegado del Gobierno en Madrid hubiera recibido por imperativo legal una declaración sobre la celebración o no de esas manifestaciones.
El 1 de junio se celebró una reunión al más alto nivel en la sede de la Fiscalía General del Estado para unificar criterios
Las mismas fuentes subrayan que existieron otros borradores y que el 1 de junio se celebró una reunión al más alto nivel en la sede en Madrid de la Fiscalía General del Estado para unificar criterios.
De acuerdo a fuentes de Fiscalía, la unificación de criterios se refería a la existencia de la denuncia presentada por el abogado Víctor Valladares contra José Manuel Franco en el juzgado de instrucción de Madrid, y a otra presentada por el mismo abogado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Tribunal Supremo.
A dicha reunión del 1 de junio acudieron los fiscales Enrique Remón y Gloria Yoshiko; el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas; el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero; la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García; y el teniente fiscal Diego Cillafañe.
Fuentes distintas del entorno de la Fiscalía madrileña consultadas por Vozpópuli sostienen que esa reunión generó suspicacias entre profesionales del gremio, ya que entendían que el objetivo del cónclave era reconducir la posición inicial de los fiscales Remón y Yoshiko sobre las investigaciones de la causa del 8-M, y que estos estaban siendo presionados.
Las fuentes consultadas en la Fiscalía General del Estado aseguran que los fiscales Remón y Yoshiko, tras examinar la prueba documental, llegaron a la conclusión de que no había delito, y que con ese convencimiento fueron a la reunión.
De hecho, mantienen, los mismos fiscales del borrador de finales de mayo ya contemplaban el 1 de junio el sobreseimiento libre de la causa, aunque se decidió que habría que solicitar el sobreseimiento provisional. Las mismas fuentes afirman que la reunión transcurrió en un ambiente distendido y carente de tensión.
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