La Fiscalía frena la cruzada de Aena contra la ley que le obliga a vincular los alquileres de sus inquilinos a la evolución de viajeros. El Ministerio Fiscal se ha posicionado contra distintas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la compañía contra la ley aprobada en el Congreso el pasado septiembre, si bien no ha entrado en el fondo sino que lo ha hecho por cuestiones formales.
La última de estas ocasiones data del pasado 8 de marzo, con motivo de un juicio verbal de Aena contra uno de sus inquilinos en el Aeropuerto de El Prat. El juez requirió un posicionamiento a la Fiscalía después de que la compañía alegara la inconstitucionalidad de la norma aprobada en el Congreso para reclamar pagos al inquilino, defendido por la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos, como deudor.
Según señalan desde el despacho Fieldfisher Jausas, se ha tratado de la primera ocasión en la que la Fiscalía se ha podido expresar de forma previa a la sentencia sobre el fondo de una reclamación (en este caso, la existencia o no de deuda por parte de un inquilino que deja de pagar cantidades acogiéndose a la norma).
En su escrito, la Fiscalía se opone a plantear el recurso de inconstitucionalidad y/o posicionarse sobre su fondo por defectos de forma en el procedimiento. Entre otras cosas, el Ministerio Fiscal entiende que, antes de eso, es la juez del caso quien debería posicionarse de alguna manera sobre las dudas de constitucionalidad que plantea Aena.
La Fiscalía pide al juez que razone sus dudas
"A menos que sea la juzgadora a quo quien tenga dudas sobre la adecuación a la Constitución del precepto que haya de aplicar para resolver la demanda y entonces formule correctamente la cuestión, respetuosamente declinamos emitir el informe solicitado, que no versará sobre el fondo del asunto -eso ya lo hace el Fiscal General del Estado ante el Tribunal Constitucional- sino sobre la relevancia constitucional de la objeción planteada y la aplicabilidad de la norma sobre la que se suscita la duda", razona el fiscal Abel Carmelo Andrade Ortiz.
"Como dice el Fiscal, hay un 'defecto procedimental'", han respondido fuentes de Aena. "Esto quiere decir que la jueza o juez ha preguntado la cuestión con defectos de forma y en un momento procedimental inadecuado". Según explican desde Aena, es la segunda vez que la Fiscalía se expresa de esta manera, habiéndolo ya hecho en otro proceso judicial en Madrid. La compañía ha estimado que la aplicación de la ley le supondría una pérdida de ingresos por 1.500 millones de euros a lo largo del periodo 2020-2025.
Fuentes jurídicas opuestas a la empresa semipública han incidido en que hasta ahora, el Ministerio Fiscal había expresado su negativa a analizar una cuestión de inconstitucionalidad en el marco de medidas cautelares -no previo a sentencia, como en el caso antes citado de El Prat- "porque se daría la paradoja de que no se podría dispensar la medida cautelar hasta que el Tribunal Constitucional resolviera, lo que tardaría años" y/o por vincularse a la constitucionalidad de la nueva norma cuestiones fuera de su ámbito.
Lo anterior explica que las Audiencias Provinciales de Madrid y Baleares se hayan manifestado en contra de sendas cuestiones de inconstitucionalidad de Aena en el marco de medidas cautelares sin que ello suponga que la compañía no pueda interponerlas nuevamente sobre el fondo y con más posibilidades de éxito en nuevas fases de los procedimientos judiciales antes de que devengan en sentencia firme.
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