La Fiscalía ha denunciado a Pimec y Uatae por delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental a partir de la documentación que le remitió el Ministerio de Trabajo. Unas diligencias de investigación del Ministerio Público que han recaído en el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid y que también se dirigen contra María José Landaburu, secretaria general de Uatae, y Josep Ginesta, secretario general de Pimec, a quienes solicitan que se les tome declaración como investigados, según ha podido saber Vozpópuli.
Pimec es una veterana asociación empresarial afincada en Cataluña y compite con la madrileña Cepyme en la captación de pequeñas y medianas empresas. Por su parte, Uatae es una organización de autónomos domiciliada en Madrid que firmó en 2013 un acuerdo de asociación con CCOO y se le considera afín a Sumar (antes a Podemos).
Los delitos sobre los que acusa la Fiscalía, que tipifican los artículos 308.1 y 392, respectivamente, del Código Penal, llevan acarreadas penas de hasta cinco años de cárcel -lo que suele estimarse en la parte alta de la horquilla y suponer una pena de tres años, con ingreso en prisión- y seis años de inhabilitación. Además de la devolución de lo defraudado y prohibición de concurrir a subvenciones para las organizaciones, que pueden ser imputadas como personas jurídicas por el delito de fraude en subvenciones, según detallan fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli.
La Dirección General del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, dependiente del Ministerio de Trabajo, puso en conocimiento de la Fiscalía hechos que pueden ser constitutivos de delito en relación con las subvenciones que concedió el 16 de diciembre de 2021.
Del relato de los hechos y de la documentación, la Fiscalía concluye que los denunciados llevaron a cabo, de forma concertada, actos fraudulentos para obtener en una puntuación un 273% superior en la convocatoria, lo que les proporcionó una subvención de 266.123,10 euros, 133.211,84 euros más de lo que le correspondería. En consecuencia, se produjo un perjuicio para el erario público y para las otras dos asociaciones de autónomos en la liza, que han sido perjudicadas en 98.055,41 euros (ATA) y 35.156,43 euros (Upta).
Las bases reguladoras de la Orden ESS/739/2017 del 26 de julio, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, establecían que los beneficiarios debían ser asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de ámbito estatal de carácter intersectorial inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas (Reapta) o en registros autonómicos. Para el importe, se tenía en cuenta las plantillas de trabajadores que las integran.
La falsificación
Para obtener mayor puntuación, Uatae incluyó a toda la plantilla de Pimec Autónomos y Pimec Petita i Mitjana empresas de Catalunya (Pimec), dos organizaciones distintas en cuanto a naturaleza jurídica, finalidad, régimen jurídico y legislación por la que se rigen. Existe además un registro específico y diferenciado. Pimec es una organización empresarial, no de autónomos, por lo que no se podía incorporar.
A esto se añade que el artículo 4 del Decreto 18/2010 de 23 de febrero de aplicación en Cataluña del Estatuto del trabajo autónomo establece que no se pueden inscribir en el mismo registro dos entidades con nombre similar.
Uatae aportó un certificado que daba cuenta de que Pimec estaba inscrita en el Registro de asociaciones de autónomos de Cataluña. Sin embargo, no parece en el citado Registro.
En el certificado, Pimec aparece con el mismo número de registro e inscripción que Pimec Autónomos. El certificado de registro de esta última no se aporta, ya que revelaría que su número es otro, sino un documento emitido por la propia Pimec.
Este certificado y el resto de validaciones del registro de asociaciones de autónomos de la Generalitat de Cataluña son diferentes. Los documentos oficiales contienen medidas de seguridad -firma digital, Código Seguro de Verificación-. El que aportó Uatae no lo firmaba además el entonces jefe del servicio de negociación y registros laborales de la Generalitat sino una funcionaria que firmaba este tipo de certificados años atrás.
El Ministerio de Trabajo preguntó a la Dirección General de Relaciones Laborales de Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral de la Generalitat de Cataluña sobre el certificado de inscripción de Pimec aportado al expediente. El organismo de la Generalitat respondió que no había emitido dicho certificado.
Vozpópuli se ha puesto en contacto con Uatae y Pimec. Desde Pimec se muestran tranquilos. Trasladan que han abierto un expediente para analizar este asunto desde su código ético, pero se sitúan al margen, ya que aseguran que no aportaron documentación en el proceso y que todos sus documentos son legales. Se reservan acciones si alguna organización ha utilizado documentos suyos sin su consentimiento.
La batalla por la influencia
La investigación judicial se produce, precisamente, en un momento en el que Pimec está en el foco de la actualidad. Por varios motivos. El más reciente tiene que ver con la decisión del Ministerio de Trabajo de incluirla en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC). Este organismo está formado por los mayores sindicatos y patronales, y ejerce una función consultiva en la articulación de los convenios laborales.
Esta decisión supone un paso importante para Pimec, en su empeño por hacerse con un hueco en la negociación colectiva, y poder estar a la misma altura que los agentes sociales habilitados. Es decir, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO. La patronal que preside Antoni Cañete lleva dos años trabajando en esa dirección y no hace el camino en solitario. Pimec está trabajando codo con codo junto a otras organizaciones como la propia UATAE, bajo el paraguas de una plataforma común (Conpymes).
Esta asociación empresarial arrancó en mayo de 2021, amadrinada por Yolanda Díaz y la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y ya se ha apuntado una victoria en los tribunales.
Una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 1027/2022 aprobado por el Gobierno el 20 de diciembre de 2022 que reguló la concesión directa de subvenciones para la digitalización del sector productivo, por un máximo de 30,6 millones de euros sin convocatoria pública a CEOE, Cepyme y UGT, al considerar que ya no se daban las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia o la guerra en Ucrania que lo justificaran.
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