FCC va a continuar siendo investigada en Panamá por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la administración pública en relación con el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos de obra. La Fiscalía del país centroamericano ha logrado que el juzgado que investiga esta causa otorgue más tiempo para las pesquisas, entre otras cuestiones porque va a solicitar la colaboración de la Fiscalía anticorrupción española, toda vez que en España se está llevando a cabo un proceso similar en paralelo.
En el marco de esta actuación, el juez imputó a la compañía participada mayoritariamente por Carlos Slim, que ya se personó a través de sus representantes legales para declarar a finales del pasado mes de noviembre.
En Panamá, la compañía alcanzó un principio de acuerdo con la Fiscalía local para concluir con las investigaciones relacionadas con el presunto pago de comisiones a cambio de obra pública en la etapa en la que el expresidente de la nación Ricardo Martinelli estaba al frente del Gobierno. En virtud de este pacto, la compañía habría asumido el pago de una cantidad para finalizar el proceso tras admitir su culpabilidad en los hechos que se le imputan.
Sin embargo, la Fiscalía ha seguido adelante con las investigaciones relacionadas con un contrato de carreteras, concretamente el referido al tramo II del proyecto Corredor-Vía Brasil en el que se detectó un sobreprecio de algo más de 40 millones de dólares. El proyecto se adjudicó por 174 millones pero la factura final se fue por encima de los 215 millones.
80 millones en comisiones
Con el fin de poder llevar a cabo los trámites para formalizar la petición de asistencia internacional a su homónima española, la Fiscalía panameña ha logrado que la juez que instruye el caso le haya concedido un año de tiempo para poder concluir sus investigaciones.
En el proceso iniciado en España contra la actuación de la compañía en Panamá las acusaciones sostienen que FCC pagó algo más de 80 millones en comisiones a cambio de diferentes proyectos adjudicados por la Administración Martinelli. Además de varios proyectos de carreteras, la compañía española logró en aquella época el contrato de la primera línea del metro de la capital del país, Ciudad de Panamá, como parte de un consorcio que lideraba Odebrecht.
Precisamente, las investigaciones en torno a supuestas prácticas irregulares del grupo brasileño, que fue el auténtico contratista de referencia no solo del Gobierno de Panamá en la etapa de Martinelli sino de algunos otros Ejecutivos de países del entorno, desencadenaron el llamado caso Lava Jato, cuyas consecuencias aún se dejan sentir tanto en el plano político como en el judicial.
Las investigaciones en torno a los sobrecostes del proyecto Corredor-Vía Brasil se iniciaron a mediados de 2017 a raíz de un informe de la Contraloría General de la República en el que se detectaba el citado desvío en el precio final de la obra.
