La publicación de una serie de grabaciones que probarían un supuesto espionaje por parte de Iberdrola a ACS ha avivado el fuego de una batalla personal, la de los presidentes de ambas empresas, Ignacio Galán y Florentino Pérez, respectivamente, que nunca ha terminado de apagarse. Este último ha trazado durante los últimos meses una estrategia para provocar que Galán tenga que dejar antes de lo previsto la presidencia de la eléctrica. Un objetivo que se ha convertido en prioritario.
La hoja de ruta de Pérez se centra en el terreno judicial. Inmediatamente después de que los medios El Confidencial y Moncloa.com publicaran la primera de las informaciones (apoyada en audios de conversaciones telefónicas) que incluían el espionaje a ACS entre los supuestos encargos realizados por la eléctrica al excomisario José Manuel Villarejo, el presidente de ACS anunciaba su personación como acusación particular en la causa abierta por la Audiencia Nacional que investiga, en una de las piezas separadas, los contratos entre la eléctrica y Cenyt.
De acuerdo con las informaciones, Iberdrola habría encargado a Villarejo que investigara todo lo relacionado con Florentino Pérez y su entorno en la segunda mitad de la pasada década, justo cuando ACS trató de hacerse con el control de la eléctrica, de la que llegó a controlar cerca de un 20% a través de una participación directa en acciones e indirecta con productos derivados.
Pérez está dispuesto a poner toda la carne en el asador en los tribunales. La publicación de las informaciones y los audios le ha marcado el punto de partida pero la estrategia ya estaba perfectamente diseñada. Según fuentes conocedoras de la situación, el presidente de ACS conocía de antemano la existencia de las grabaciones y su contenido, así como la posibilidad de que finalmente se dieran a conocer a través de los medios de comunicación. Sin embargo, no ha comenzado a actuar hasta que esta última hipótesis se ha convertido en realidad.
Objetivo, la imputación de Galán
A través de la vía judicial, Florentino Pérez forzará la maquinaria para que Ignacio Galán sea imputado por este caso o, en su defecto, la propia Iberdrola como persona jurídica. Una circunstancia que elevaría de forma notable la presión sobre el ejecutivo salmantino, al que la junta de accionistas de la eléctrica renovó este año su mandato para los próximos cuatro años.
Pero no será el único camino que seguirá el presidente de ACS para procurar que el caso Villarejo le cueste la cabeza a Galán. Aunque más complicada, la vía corporativa también se contempla para hacer temblar los cimientos del actual presidente de la eléctrica. En la actualidad, el grupo de construcción y servicios cuenta con una participación residual en Iberdrola, que emplea como colateral de los bonos convertibles en títulos de la eléctrica.
En los últimos dos años, ACS no ha percibido dividendos por estas acciones que, además, tiene prestadas a dos instrumentales en un complejo esquema de financiación.
La ofensiva corporativa
Pese a esta circunstancia, Pérez no descarta emplear esta participación residual en el futuro, habida cuenta de que le daría la posibilidad de intervenir en las juntas de accionistas e incluso ir algo más allá, con la ayuda de los proxy advisor, y aglutinar el apoyo de fondos internacionales con rígidos criterios de buenas prácticas corporativas con el fin de crear un ambiente negativo en las asambleas.
Esta primera fase del plan se mantendría hasta que se iniciara la actuación de la Justicia, en el caso de que el magistrado Manuel García Castellón decidiera seguir adelante con el caso. A partir de entonces, toda la actuación se concentraría en el terreno judicial pero siempre con la misma meta: que Galán deje de ser presidente de Iberdrola.
El intento de abordaje de Iberdrola por parte de ACS dio paso a una guerra entre ambas empresas que se personalizó en las figuras de sus presidentes. ACS porfió por entrar en el consejo de la energética y sus intentos fueron frenados en seco por Galán con el argumento de que el grupo tenía intereses en el sector energético y, por lo tanto, era competidor. Los tribunales terminaron por dar la razón a Iberdrola, con una sentencia del Supremo emitida en 2015.
Desde el punto de vista corporativo, los enormes esfuerzos financieros de ACS para alcanzar una participación tan elevada pasaron factura a la compañía. Los efectos de un excesivo apalancamiento se mezclaron con los de la crisis y la constructora perdió también la batalla corporativa. Sin embargo, las rencillas personales no desaparecieron ahí. El caso Villarejo ha hecho que Florentino Pérez vuelve a oler sangre y no está dispuesto a desaprovechar la ocasión.
