Atasco en la operación para volver a sacar al mercado las concesionarias rescatadas por el Estado. Si el anterior Gobierno tenía pensado cerrar el proceso antes de que finalizara el año, parece que el actual se lo tomará con algo más de calma, hasta el punto de que el proceso podría quedar pendiente para la siguiente legislatura.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, adelantó en una entrevista concedida a El País que pondrá en marcha una auditoría sobre los plazos y los costes de la operación, toda vez que, en una primera aproximación, los números no parecen salir. Una circunstancia que retrasará un procedimiento que ya marchaba contrarreloj, toda vez que al Estado aún le resta una concesión por asumir.
La complejidad de la operación, la más que probable deriva judicial y la incertidumbre sobre la sostenibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez podrían llevar al actual Ejecutivo a dejar la situación para ser resuelta después de unas nuevas elecciones.
Los planes del Gobierno de Mariano Rajoy pasaban por licitar la concesión de las nueve autopistas de peaje antes de que finalizara el año, una maniobra por la que esperaba ingresos de entre 700 y 1.000 millones de euros. Una cantidad que serviría para compensar, en parte, el coste que supondrá el rescate de las concesiones, concretado en la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). La última partida contemplada para hacer frente a este gasto, recogida en la revisión del Plan de Estabilidad enviada a la Comisión Europea, asciende a 1.800 millones de euros.
Números que no cuadran
Sin embargo, Ábalos asegura en la citada entrevista que las cifras que se manejan internamente en el Ministerio de Fomento no coinciden exactamente con este escenario. Que, en el mejor de los casos, los ingresos por las relicitaciones se quedarían en la parte baja de la horquilla de previsiones. Y el cálculo de la RPA podría irse por encima de los 2.500 millones de euros.
En cualquier caso, parece claro que el proceso quedará varado por el momento, hasta que el nuevo Gobierno tenga claros los números. Ábalos también es consciente de que todo este proceso tiene muchas probabilidades de terminar en los tribunales.
Ni siquiera los cálculos de la RPA más elevados se acercan a los que manejan los acreedores de las concesionarias, en su mayoría fondos oportunistas, que reclaman no menos de 4.000 millones de euros por este concepto.
Inversores a la espera
Una circunstancia que añade complicaciones extra al ya de por sí complejo rescate de las autopistas de peaje en quiebra. El resultado de la auditoría de costes y plazos será fundamental para el futuro del proceso, que ahora es más que incierto. El nuevo Gobierno no está dispuesto a asumir las consecuencias de un plan con el que el PSOE nunca estuvo de acuerdo cuando estaba en la oposición, toda vez que consideraba que las nuevas dueñas de las concesionarias deberían pagar una compensación adicional para tratar de reducir los costes del rescate.
Por lo pronto, fondos de inversión y otros inversores institucionales se han interesado por la nueva licitación aunque sus detalles no se han llegado a conocer tras la caída del Gobierno de Rajoy en la moción de censura votada el pasado 1 de junio. Todo parece indicar que la espera se prolongara mucho más de lo esperado.
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