El futuro de la operación Chamartín podría tener consecuencia en futuras cuentas públicas. Si el desarrollo urbanístico del norte de Madrid no saliera adelante, el Estado se vería obligado a cargar la construcción de la nueva estación de Chamartín, valorada en torno a 900 millones de euros, a los Presupuestos. Un detalle que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se encargó de deslizar en sede parlamentaria en un momento en el que la operación está siendo especialmente cuestionada desde el sector más izquierdista de Ahora Madrid, el partido que gobierna la capital, precisamente cuando la luz verde del Ayuntamiento a la operación está a punto de llegar.
"La nueva estación se hará en cualquier caso, prospere o no prospere la operación", aseguró Ábalos en una comparecencia extraordinaria en la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. Los planes del departamento pasan por destinar los ingresos que obtendría por la venta de los suelos de Adif y Renfe (unos 1.250 millones de euros) a la promotora de la operación, Distrito Castellana Norte (DCN) a la reinversión en infraestructuras ferroviarias, entre las que se encontraría la nueva Chamartín.
Pero si la operación, rebautizada como Madrid Nuevo Norte, no saliera adelante, la partida para construir la estación tendría que salir de los Presupuestos. La cantidad que habría que destinar equivale, aproximadamente, a lo que el proyecto de Presupuestos por el Gobierno para 2019 destina al mantenimiento de la red de carreteras.
"El único interés de Fomento en esta operación es la estación, que será un gran hub para la alta velocidad del norte de España. Pero siempre será mejor que el dinero no tenga que salir de los Presupuestos", apuntó Ábalos que, de esta forma, quiso alertar del perjuicio que supondría para las arcas públicas la posibilidad de que la oposición del ala más radical de Ahora Madrid al desarrollo urbanístico terminara por impedir su puesta en marcha.
Nada que ocultar
De hecho, Ábalos se refirió a Madrid Nuevo Norte en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, que no dudó durante la sesión en calificar a la operación como "pelotazo".
La solicitud por parte de este grupo llegó a raíz de la publicación de una serie de informaciones que aseguraban que las Administraciones Públicas serían las grandes perjudicadas por Madrid Nuevo Norte debido a que los suelos propiedad de Renfe y Adif van a ser vendidos muy por debajo del precio de mercado. Una circunstancia que ya fue desmentida por Adif a finales del pasado año.
Ábalos admitió que las informaciones le pusieron en alerta, pese a su plena confianza en la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, impulsora de la operación. "Pero en el Ministerio no hemos encontrado absolutamente nada. Además, este Gobierno se ha caracterizado por su transparencia y no hay nada que ocultar en esta operación".
El ministro recordó que Adif percibirá por los suelos la misma cantidad que la ya establecida en 2009, mediante un canon fijo, pese a que el plan ha sufrido modificaciones, entre ellas, una notable reducción de la edificabilidad. "Adif ha defendido siempre el interés general y no ha aceptado rebajar ese canon, como pretendía DCN. Después de cruzarse hasta 26 propuestas, se alcanzó un acuerdo definitivo en diciembre. Y Adif consiguió ganar, el canon no se ha tocado", explicó Ábalos.
La hoja de ruta se mantiene
El titular de Fomento también ha insistido en que todas las modificaciones que ha sufrido el contrato para la permuta de terrenos a lo largo de los últimos años han sido respaldadas por los correspondientes informes que avalaban que los cambios no eran lesivos para el patrimonio público, así como por los de la Abogacía del Estado.
Mientras, la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, aseguró que los trámites para la aprobación de Madrid Nuevo Norte siguen inalterados pese al clima generado por las citadas informaciones.
El próximo trámite será la aprobación inicial del Ayuntamiento, que deberá votarse en Pleno después de que se analicen las más de 3.200 alegaciones que se han presentado en el periodo de consulta pública, y se acuerde si se incorpora alguna de ellas al expediente. El delegado del área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, señaló hace unos días que el asunto se llevaría a Pleno en los meses de febrero o marzo.
A partir de ahí, el último trámite corresponde a la Comunidad de Madrid, aunque ése ya tendrá lugar tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo.
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