Las constructoras españolas deberán profundizar su proceso de internacionalización si quieren seguir manteniendo o engordando sus carteras. Los planes del actual Gobierno no pasan precisamente por hacer renacer la obra pública, sumida en una profunda depresión desde que, hace más de una década, comenzaron a dejarse sentir los primeros síntomas de la crisis.
Los primeros contactos con el Ejecutivo han sido inequívocos: el Gobierno mantendrá la hoja de ruta prevista para este año, como confirmó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en su comparecencia de la semana pasada en la Comisión del área del Congreso de los Diputados. Y hará suyos los Presupuestos Generales del Estado, que no incluían grandes avances en lo que a obra pública se refiere.
Precisamente, en la citada comparecencia, Ábalos hizo mención al profundo proceso de internacionalización de los grandes grupos españoles de infraestructuras en los últimos años y les animó a seguir por el mismo camino. "Las empresas españolas del sector ya tienen cerca del 75% de su facturación en el exterior y debemos seguir alentándolas en su expansión internacional", apuntó Ábalos.
Toda una declaración de intenciones que se ha visto confirmada en esos primeros contactos. Las compañías pusieron el foco en el exterior con la llegada de la crisis, que puso fin a una escalada alcista de la obra pública en España que llegó a arrojar cifras de licitación anuales superiores a los 40.000 millones de euros. Tras un desplome que llegó a reducir más de un 80% estos números, las empresas esperaban un progresivo repunte en el mercado nacional que no ha terminado de llegar.
La importancia de un mercado local fuerte
Uno de los principales problemas que se encuentran las grandes españolas del sector en el exterior es el cada vez mayor estrechamiento de los márgenes, propiciado por un escenario altamente competitivo en el que han entrado en juego nuevos actores. Especialmente relevante ha sido la pujanza de las empresas provenientes de Asia y más en particular de China, cuyas ofertas son prácticamente inalcanzables debido al fuerte apoyo que reciben de su Gobierno, que abarca desde el aspecto financiero hasta el logístico.
Las constructoras han recalcado en numerosas oportunidades la importancia de contar con un mercado doméstico potente, que les permita tener una base sólida para salir a competir en el exterior en circunstancias más ventajosas. Un llamamiento que no ha sido atendido por el Gobierno que lideró Mariano Rajoy y que, ahora, parece seguir el mismo derrotero con el que preside Pedro Sánchez.
En un intento por revitalizar la obra pública, Seopan, la patronal de los grandes grupos españoles de construcción y concesiones de infraestructuras, presentó el pasado año una serie de informes para tratar de que el Gobierno volviera a abrir las puertas a la obra pública, con especial incidencia en sectores que presentan claros déficits, como es el caso del hídrico.
Los reparos al PIC
Finalmente, Seopan logró arrancar al Gobierno el llamado Plan de Inversión en Carreteras, programa de carácter público-privado valorado en 5.000 millones de euros. En los últimos meses del Ejecutivo que lo puso en marcha, el plan ya quedó varado por la oposición de los interventores a un sistema de pliegos que dejaba a las empresas sin asumir los principales riesgos.
A la hora de tomar el relevo, el Gobierno de Sánchez está dispuesto a seguir adelante con el Plan de Carreteras. Pero Ábalos ya dejó claro que "no será a cualquier precio". El nuevo ministro de Fomento puso condiciones tales como que "no genere pasivos contingentes y que no obligue al Estado a asumir los riesgos de las infraestructuras". Las dudas se disipan cuando se habla del exterior, hacia donde el Gobierno sigue empujando a las constructoras.
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