La guerra de pleitos entre fondos de inversión y el Gobierno por la retribución de las energías renovables gana temperatura. El estadounidense Blasket Renewable Investments ha solicitado que se declare en situación de impago (default) la deuda soberana española, al considerar que el Estado no puede afrontar las obligaciones requeridas en los arbitrajes internacionales.
Según el fondo, la negativa de España a satisfacer los pagos pendientes ha desencadenado disposiciones de incumplimiento cruzado en un contrato de bonos. A su juicio, esta circunstancia implica que la deuda soberana entra en 'default' técnico.
Según informó la agencia Bloomberg, Blasket Renewable Investments quiere que España acelere el pago de una emisión de deuda de unos 226 millones de euros con vencimiento en 2029, después de que el Gobierno no llegara a un acuerdo por cerca de 1.094 millones de euros en laudos arbitrales, por los recortes en el pasado a las primas por las energías renovables.
El programa incluye otras tres emisiones en circulación, en dólares, yenes y euros, por un monto de 817 millones de dólares (unos 745 millones de euros) con una redacción similar de incumplimiento. Eso significa que España podría enfrentarse a solicitudes de rescate anticipado de deuda equivalente a cerca de 910 millones de euros.
Al respecto, fuentes del Ministerio de Economía indicaron a Europa Press que cualquier iniciativa, por cualquier canal en contra del Reino de España basada en estos laudos, tendrá "respuesta en el ámbito adecuado porque la posición de España está muy bien asentada y desde luego no tiene nada que ver con la deuda del Estado".
Batalla de laudos
En concreto, esta reclamación tiene que ver con los laudos en inversiones renovables por las medidas adoptadas por el Gobierno del PP en 2012 y 2013 que motivaron demandas ante el Ciadi, fundamentalmente, basándose en el Tratado de la Energía. Anteriormente, el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ya aplicó los primeros recortes a las primas a las renovables.
Las mismas fuentes del Ministerio precisaron que ha sido "un proceso largo" en el que España lógicamente ha defendido sus intereses. La base jurídica de las reclamaciones dentro de la UE ha quedado excluida porque el TJUE concluyó que los arbitrajes de inversiones dentro de la UE no son válidos, ya que los estándares de protección de las inversiones están asegurados por la normativa europea.
Así, subrayaron que esto ha hecho que la legalidad de los argumentos de España "haya quedado muy refrendada", informa Europa Press. "No obstante, como siempre ocurre con los laudos, hay otro tipo de intereses de quienes quieren sacar un beneficio", añadieron.
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